El Dilema del Poder Popular: Cuando se Desmantelan las Instituciones
Zoon Politikón
El Salvador, una nación que alguna vez representó para el mundo el ejemplo de lo frágiles que pueden ser las instituciones en contextos de polarización y violencia, ha vuelto a colocarse en el epicentro del debate político global. La Asamblea Legislativa, transformada en un órgano que funciona más como un eco de la voluntad presidencial que como un espacio deliberativo, aprobó una reforma constitucional que elimina el límite de mandatos presidenciales, extiende el período de gobierno de cinco a seis años y establece que las elecciones presidenciales se decidan en una sola vuelta. La rapidez con que esta decisión fue tomada, sin discusión parlamentaria seria, no es reflejo de eficiencia institucional, sino de una concentración de poder que ha dejado de admitir contrapesos. Algunos podrían afirmar que la democracia salvadoreña no ha desaparecido, sino que simplemente ha mutado; sin embargo, quienes concebimos la democracia como un delicado equilibrio de poderes, no solo como el resultado de contar votos, encontramos en esta reforma una evidencia contundente de debilitamiento institucional.
El poder estatal, en cualquier latitud, es por definición sospechoso. Ninguna democracia robusta puede sostenerse únicamente en la legitimidad de las urnas. La democracia moderna se entiende como un conjunto de procedimientos, normas y controles destinados a evitar la arbitrariedad. Por ello, la limitación de mandatos no es un capricho legalista, sino un mecanismo histórico de defensa frente al riesgo de concentración excesiva del poder. Sus detractores argumentan que estas restricciones limitan la voluntad popular, que si el pueblo desea mantener a un líder en el poder debería poder hacerlo sin cortapisas. Pero este razonamiento ignora que el objetivo último de la democracia no es únicamente asegurar la libertad de elegir, sino proteger un sistema donde ningún individuo pueda acumular tanto poder que se vuelva intocable. Limitar el poder no es restringir la libertad, sino preservarla.
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. España, por ejemplo, sin limitaciones constitucionales estrictas, ha demostrado que la alternancia puede surgir de manera natural. Salvo el caso excepcional de Felipe González, que gobernó durante trece años, todos los demás presidentes han visto sus mandatos reducidos por decisión electoral, desgaste político o escándalos de corrupción. Este ciclo de renovación evita que un cargo público se convierta en patrimonio personal y fortalece la institucionalidad. México, por otro lado, hizo del principio de “no reelección” un pilar de su identidad republicana después de la experiencia del porfiriato. Aun con todas sus crisis políticas, este principio ha evitado la perpetuación personalista en el poder y ha proporcionado una base de estabilidad institucional. Chile también representa un caso positivo: con límites claros y tradición de alternancia, ha logrado mantener gobiernos democráticos que, aunque enfrentan tensiones sociales, ofrecen a los inversionistas y a la ciudadanía un marco relativamente confiable y predecible.
El contraste con países como Venezuela y Nicaragua es evidente. En ambos casos, la eliminación de los límites de mandato abrió la puerta a liderazgos que concentraron poder y sofocaron cualquier posibilidad de alternancia. El resultado no fue mayor libertad ni estabilidad, sino crisis políticas y económicas prolongadas que arrastraron a millones de ciudadanos a la pobreza y a la migración forzada. Estos ejemplos muestran que los límites de mandato, aunque imperfectos, son una salvaguarda que contribuye a preservar la institucionalidad. Sin ellos, la democracia se convierte en un terreno frágil, vulnerable a los caprichos de liderazgos carismáticos que prometen orden y prosperidad, pero que terminan erosionando las bases del sistema.
En el ámbito económico, las consecuencias de estas reformas son profundas. La inversión, tanto nacional como extranjera, depende de la certeza jurídica y de la previsibilidad en las reglas del juego. La concentración de poder absoluto, aunque pueda facilitar decisiones rápidas y contundentes, genera un factor de riesgo sistémico que impacta en la confianza de los inversionistas. Los mercados no se mueven únicamente por simpatías ideológicas, sino por señales claras de estabilidad institucional. Cuando un solo individuo controla el ejecutivo, influye en el legislativo y domina al poder judicial, la seguridad jurídica se convierte en un espejismo. Los contratos dejan de ser plenamente confiables, la propiedad privada se encuentra expuesta y la competitividad nacional se deteriora. En esas condiciones, la economía puede mostrar resultados inmediatos gracias a medidas populistas o a proyectos coyunturales, pero carece de sostenibilidad a largo plazo.
Los indicadores de riesgo país ilustran bien este fenómeno. Una nación con instituciones fuertes tiende a ser percibida como un destino seguro para el capital extranjero, lo que se traduce en menores costos de financiamiento y mayor disponibilidad de inversión. Por el contrario, cuando los inversionistas perciben que las instituciones están subordinadas a un solo poder, los flujos de capital tienden a disminuir y los proyectos de desarrollo se ralentizan. La experiencia latinoamericana es clara: los países con mayor respeto a la independencia judicial y a los límites constitucionales son los que, en promedio, han mostrado mejor desempeño económico y mayor resiliencia frente a las crisis internacionales.
Desde que Nayib Bukele asumió el poder en 2019, su liderazgo transformó radicalmente la política salvadoreña. Su popularidad es incuestionable y se explica, en gran medida, por logros tangibles como la drástica reducción de la violencia asociada a las pandillas. Para una sociedad marcada por décadas de inseguridad, este cambio representa un alivio inmediato y comprensible. Sin embargo, este éxito, traducido en un respaldo electoral masivo, ha sido también el vehículo para reconfigurar el marco institucional a favor de una concentración inédita de poder. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, la reinterpretación de la Constitución para permitir la reelección inmediata y la reforma judicial que obligó a jubilar a jueces mayores de sesenta años son ejemplos claros de este proceso.
Estas decisiones no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia de consolidación de poder. Al controlar la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, la Fiscalía y otras instituciones autónomas, el gobierno ha reducido casi a cero la capacidad de fiscalización. Lo que se presenta como una modernización del Estado es, en la práctica, una reconfiguración que coloca a todas las instituciones bajo la órbita presidencial. La comunidad internacional ha manifestado preocupación, advirtiendo sobre los riesgos de este proceso. Sin embargo, estas críticas han sido desestimadas con el argumento de que no comprenden la realidad salvadoreña ni las necesidades de su población.
El problema es que la historia demuestra que ningún líder, por más popular o eficiente que sea en el corto plazo, es inmune a la tentación del poder sin límites. Confiar en la integridad personal de un gobernante como única garantía de estabilidad política y económica es un riesgo demasiado alto. La experiencia comparada es clara: ni la popularidad ni los resultados inmediatos justifican la erosión de los contrapesos institucionales. Una república no puede construirse sobre la buena voluntad de un individuo, sino sobre reglas claras que trasciendan a las personas y se mantengan en el tiempo.
Lo que está en juego en El Salvador es, por tanto, mucho más que la duración de un mandato presidencial. Se trata de definir si el país aspira a consolidar una democracia moderna con instituciones sólidas, o si opta por un modelo de gobernabilidad centralizada que, aunque eficaz en el corto plazo, se erosiona con el tiempo y genera inestabilidad política y económica. Los inversionistas internacionales, los organismos multilaterales y, en última instancia, los propios ciudadanos saben que el desarrollo sostenible solo es posible cuando existe un Estado de Derecho confiable. Las experiencias de Chile y México muestran que los límites institucionales pueden coexistir con estabilidad política y crecimiento económico. En contraste, la deriva de Venezuela y Nicaragua confirma que la eliminación de contrapesos abre la puerta a la concentración del poder y a la ruina económica.
En conclusión, concentración de poder en El Salvador no es un fenómeno aislado, sino un recordatorio de los riesgos que enfrentan las democracias jóvenes de América Latina. La popularidad de un líder y los éxitos inmediatos en seguridad no pueden convertirse en sustitutos de instituciones sólidas. La historia enseña que cuando la justicia, el legislativo y los organismos de control se subordinan a un solo actor, el costo siempre termina siendo mayor que los beneficios iniciales: se erosiona la independencia judicial, se debilita la confianza internacional y se degrada la vida democrática.
Un país no puede depender de la voluntad de un gobernante para sostener su futuro. La libertad, la estabilidad y la prosperidad requieren reglas claras y contrapesos firmes que trasciendan a las personas y contengan sus ambiciones. Allí donde estas garantías han sido debilitadas, como en Venezuela o Nicaragua, el resultado ha sido crisis políticas prolongadas, desconfianza económica y sufrimiento social.
El Salvador, como otras naciones en encrucijada, debe decidir si quiere consolidarse como ejemplo de renovación democrática o arriesgarse a ser recordado como un caso más de retroceso institucional. Defender las instituciones no es un gesto pesimista ni una resistencia al cambio: es una obligación histórica con las generaciones presentes y futuras. Solo mediante contrapesos efectivos puede asegurarse que el poder —siempre tentado a perpetuarse— siga siendo un instrumento de servicio público y no un fin en sí mismo. La verdadera grandeza de una democracia no se mide por la permanencia de sus gobernantes, sino por la fortaleza de sus instituciones para sobrevivirlos.
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