Guatemala 2026: El Rubicón Institucional II

El Laboratorio Centroamericano: Cuatro Países, Cuatro Destinos para Guatemala

Guatemala no está sola en su encrucijada institucional. En la última década, cuatro países con condiciones iniciales similares han seguido trayectorias radicalmente divergentes. El Salvador ha optado por la autocracia eficiente con 90% de aprobación popular. Honduras se pudre lentamente en inestabilidad perpetua. Nicaragua colapsó hacia la represión pura sin legitimidad. Costa Rica preserva su institucionalidad democrática contra todo pronóstico. Conviene entender algo antes de seguir: la pregunta que debe responder Guatemala en 2026 no es cuál de estos modelos es moralmente superior, sino cuál es estructuralmente posible y cuál es la trayectoria por defecto si no actuamos deliberadamente.

El caso salvadoreño merece análisis detallado porque representa el único ejemplo contemporáneo en América Latina de un giro autocrático que goza de legitimidad popular masiva. Nayib Bukele asumió en 2019 como outsider completo, pero el verdadero punto de inflexión llegó en febrero de 2021 cuando su partido Nuevas Ideas obtuvo una supermayoría legislativa aplastante con 56 de los 84 escaños. Con este control, Bukele ejecutó lo que solo puede describirse como una toma institucional metodológica. En mayo de 2021, en una sesión legislativa nocturna que duró minutos, la Asamblea destituyó a la Sala de lo Constitucional completa y al Fiscal General. Para 2023, la nueva Sala declaró que Bukele podía ser reelecto a pesar de que la Constitución lo prohibía explícitamente. En 2024, fue reelecto con 85% de los votos.

El régimen de excepción declarado en marzo de 2022 continúa vigente hoy, más de tres años después. Muchas personas han sido detenidas, sin orden judicial ni acceso a defensa. El debido proceso ha sido suspendido indefinidamente. Sin embargo, los resultados son innegables: los homicidios cayeron 95%, de 103 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2025. Las calles controladas por pandillas ahora son transitables. Los comerciantes extorsionados semanalmente operan libremente. El turismo creció 40% entre 2022 y 2024. La inversión extranjera directa aumentó de 900 millones de dólares a 1,400 millones.

Cinco variables explican este éxito autocrático. Bukele logró legitimidad popular masiva sostenida, superando 90% de aprobación porque la clase media urbana, principal víctima de la extorsión pandillera, lo apoya fervientemente. Obtuvo control total de instituciones electorales y judiciales desde 2021, algo que ningún otro líder centroamericano ha logrado. El Salvador enfrentaba una crisis criminal existencial con tasas de homicidio entre las más altas del mundo. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 constituían un enemigo claro y visible, fácilmente identificable por tatuajes y territorios conocidos. Y finalmente, El Salvador es una economía pequeña y flexible, tres veces más pequeña que Guatemala, lo que facilita el control territorial total.

Los costos institucionales son evidentes pero aceptados. La separación de poderes, débil en 2019, hoy es inexistente. La libertad de prensa está severamente restringida; varios medios críticos han cerrado. El debido proceso está suspendido. La contraloría internacional fue expulsada. Pero desde la perspectiva de la mayoría salvadoreña, estos son costos aceptables a cambio de poder caminar seguros.

Las lecciones para Guatemala son ambivalentes. Por un lado, el caso demuestra que una crisis criminal profunda genera consenso social para medidas excepcionales, y que resultados rápidos en seguridad generan legitimidad política duradera. Por otro lado, Guatemala carece de las condiciones que permitieron el éxito salvadoreño. No tiene supermayoría legislativa. El enemigo criminal es más difuso, mezclando narcotráfico y extorsión sin la concentración territorial de las pandillas salvadoreñas. Guatemala es tres veces más grande territorialmente. Tiene fragmentación étnica con 22 etnias mayas. Y enfrenta mayor presión internacional debido a su tamaño geográfico estratégico.

Si El Salvador representa el giro autocrático exitoso, Honduras representa el peor de los mundos posibles: inestabilidad crónica sin resolución. La trayectoria hondureña comenzó con el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, evento que fracturó profundamente a la sociedad. Entre 2014 y 2017, el escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social alcanzó hasta la cúpula presidencial. En 2017, Juan Orlando Hernández fue reelecto en elecciones cuestionadas. El período 2018-2021 vio las caravanas migrantes masivas que manifestaban la desesperación poblacional. En 2021, Xiomara Castro fue electa con agenda de refundación, pero demostró ser completamente incapaz de gobernar efectivamente.

Cinco variables explican la inestabilidad perpetua hondureña. El narcotráfico penetró todas las instituciones hasta capturarlas; el expresidente Hernández fue extraditado en 2022 y condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Honduras sufre fragmentación política extrema sin mayorías claras nunca, con el Congreso en bloqueo permanente. Tiene dependencia económica total de Estados Unidos, con remesas representando 27% del PIB, la proporción más alta regional. Ningún actor político tiene legitimidad; la población no confía en ningún partido. Y Honduras enfrenta presión migratoria insostenible, siendo origen de las caravanas donde miles caminaban hacia Estados Unidos en desesperación colectiva.

El resultado es devastador. Honduras en 2025 tiene tasa de homicidios de 38 por cada 100,000 habitantes, entre las más altas regionales. El Estado controla apenas 40% del territorio nacional. El crecimiento del PIB es moderado pero volátil. La inversión extranjera directa es baja y decreciente. El índice de percepción de corrupción sitúa a Honduras peor que Guatemala. Honduras lleva cinco años sin presupuestos funcionales, operando con extensiones automáticas que impiden inversión estratégica.

La advertencia principal que Honduras ofrece es clara: la parálisis institucional sin resolución conduce a erosión continua sin punto de quiebre, a emigración masiva como solución individual en lugar de reforma colectiva, a captura criminal irreversible, y a pérdida de soberanía de facto. Este es el escenario por defecto para Guatemala si no interviene deliberadamente. Guatemala todavía tiene ventajas que Honduras perdió: no tiene un presidente acusado de narcotráfico, el sector privado es más fuerte y organizado, hay mayor diversificación económica relativa. Pero el tiempo se agota.

Nicaragua representa la tercera trayectoria: colapso hacia autocracia pura sin legitimidad popular, sostenida exclusivamente por represión. Daniel Ortega regresó al poder en 2007, pero el colapso real llegó en abril de 2018 cuando protestas contra una reforma de pensiones fueron reprimidas brutalmente dejando 328 muertos. Lo que siguió fue eliminación sistemática de todo espacio democrático. En 2021, Ortega arrestó a todos los candidatos presidenciales de oposición antes de las elecciones. Entre 2022 y 2023, el régimen cerró más de 3,000 organizaciones de sociedad civil. Para 2024, Nicaragua había consolidado alianza militar con Rusia y China. Más de 300,000 nicaragüenses están en exilio político.

Cinco variables explican el colapso nicaragüense. Ortega mantiene control militar personal; el Ejército es leal a Ortega personalmente, no a la Constitución. La ideología funciona como cemento del régimen; el sandinismo histórico proporciona legitimidad revolucionaria que trasciende la legitimidad electoral. Nicaragua aceptó el aislamiento internacional, saliendo de la OEA en 2023 y construyendo alianza con el eje autoritario. El régimen aplicó represión sistemática temprana desde 2018, eliminando físicamente toda oposición. Y Nicaragua ya no tiene clase media independiente; más de 300,000 emigraron.

El modelo nicaragüense no es replicable para Guatemala porque requiere control militar previo que Guatemala no posee tras los Acuerdos de Paz, tolerancia al aislamiento internacional que Guatemala no puede permitirse económicamente, ideología hegemónica que Guatemala no tiene, y aceptación de colapso económico que Guatemala no sobreviviría. Pero Nicaragua advierte que las autocracias sin legitimidad popular devienen inevitablemente en represión pura.

Costa Rica representa la excepción: preservación institucional democrática. Ha mantenido democracia ininterrumpida desde 1949. El Poder Judicial es genuinamente independiente. Tiene educación pública universal de alta calidad. La clase media representa 60% de la población con 94% de alfabetización. Pero Costa Rica no es replicable para Guatemala porque las condiciones iniciales fueron radicalmente diferentes. Costa Rica consolidó su clase media y construyó su institucionalidad en 1950, hace 75 años. Guatemala salió del enfrentamiento armado interno en 1996, hace apenas 29 años. Costa Rica tiene economía diversificada mientras Guatemala depende 20% de remesas. Costa Rica tiene cohesión social mientras Guatemala está fragmentada étnicamente.

Sin embargo, Costa Rica demuestra algo fundamental: las instituciones democráticas pueden funcionar en Centroamérica. No hay determinismo cultural que condene a la región. La inversión sostenida en educación genera clase media que defiende la democracia. El Estado de Derecho puede sostenerse incluso con criminalidad creciente.

El análisis comparativo no deja lugar a ambigüedades: la trayectoria por defecto para Guatemala es la honduranización. A menos que actuemos deliberadamente, nos dirigimos hacia décadas de inestabilidad donde nadie gana, pero todos pierden. Guatemala no es El Salvador 2.0 porque carece de las condiciones estructurales. Tiene alto riesgo de convertirse en Honduras 2.0, y esa es la trayectoria por defecto. No será Nicaragua porque no tiene las condiciones necesarias. Y no será Costa Rica porque las condiciones iniciales son irrecuperablemente diferentes. La pregunta no es si tenemos opciones, sino si tendremos la voluntad de ejercerlas en los próximos cuatro meses. ¿Estamos dispuestos a decidir?

Continuará…

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