Jubilación como derecho y no solo mercancía

En el país de los miserables, donde la riqueza abunda pero ha sido acaparada apenas por unos pocos, llegar a viejo y disfrutar de una senectud tranquila no es, siquiera, una utopía. No existe en la mayoría de los guatemaltecos la idea de que es con su trabajo que se construyen las grandes riquezas, por lo que no llegan a pensar que llegar a viejos sin tener la angustia de continuar trabajando para adquirir el sustento sea un derecho.

Hay que dejar claro, e insistir hasta la saciedad en ello no es necedad, que en nuestro país las riquezas se han construido a través de dos fuentes: con donativos, privilegios o negocios ilícitos con el Estado, y con la fuerza de los trabajadores. En los países del capitalismo real, esos llamados ricos, lo primero está casi ausente, y lo segundo ha sido asumido por trabajadores y capitalistas  como la base y esencia de sus riquezas.

En esos países, donde los dueños del capital han tenido que aceptar que los trabajadores son la otra cara inseparable de la medalla, educación, salud y vivienda son derechos satisfechos casi que universalmente, sabedores de que trabajadores sanos y educados son más productivos y mejores consumidores. Pero el trabajador llega a viejo y no puede producir como cuando joven, por lo que la sociedad que él hizo crecer y mejorar debe asegurarle una vejez decorosa. Eso es así en  esos países, y los trabajadores guatemaltecos no tienen por qué ser tratados de manera diferente. La jubilación es ese derecho que tampoco puede ser manipulado como mercancía, posible de ser vendido solo a algunos y negado a muchos.

Es necesario, por tanto, separar entre el ahorro personal e individual para una vejez cómoda y más confortable y el derecho a un ingreso mínimo para disfrutar una vejez digna que implica salud, vivienda y alimento adecuado. En Guatemala, la jubilación no es un derecho de aplicación universal; la Ley de clases pasivas del Estado (decreto 66-88) establece la jubilación para los empleados del sector público, pero para el disfrute de raquíticos ingresos al final de su vida productiva los trabajadores deben contribuir con entre 9% y 15% de su sueldo según sea el monto, y el Estado supuestamente con 10%. El IGSS, por su parte, a partir de 1977 se encarga de las jubilaciones de los empleados del sector privado, para lo cual el trabajador contribuye con 1.5% de su salario bruto, el empleador con 3%, que sale de lo producido por el trabajador, porque la ganancia del empleador solo se estima después de calculadas sus contribuciones, por lo que del trabajo se extrae ese 4%. El Estado en este caso asume el 2%, pero en la práctica, según la Ley del IGSS, debe contribuir con, por lo menos, 25% del total de las jubilaciones. Los servidores militares, por su parte, tienen también su propio plan, del que poco se conoce pero se sabe que cotizan menos y los altos oficiales obtienen jubilaciones mucho más jugosas que los servidores públicos civiles y las clases bajas de las fuerzas armadas.

Es de hacer notar que mientras el IGSS debe mantener en cuentas auditables los fondos de las contribuciones de patronos y trabajadores, el Estado no hace lo mismo con los recursos de las clases pasivas de civiles y militares. No hay un fondo específico y transparente de esas contribuciones, y las jubilaciones son presupuestadas anualmente con fondos frescos del erario.

Existe además una serie de sistemas grupales de jubilación, siendo los más eficientes el de la Usac y el del Banco de Guatemala. No hay, pues, nada de monopolio de las jubilaciones, como tampoco hay prohibición para que la industria financiera ponga a disposición de los consumidores sistemas de ahorro para el retiro atractivos y eficientes; es cuestión de que compitan entre ellos y, con información clara y verificable, estimulen clientelas.

Es cierto que el sistema oficial de jubilaciones para empleados públicos y privados debe ser revisado para transparentarlo, eficientarlo e incrementar los beneficios. Es hora de hacer de la jubilación un derecho y no solo un magro beneficio aplicable a los que durante más de veinte años hayan contribuido para ello.  Ahora que estamos en época de reformas bien vale la pena discutir, con seriedad y honestidad, el derecho a una vejez digna, dejando de lado la voracidad mercantil por apropiarse de lo ya existente.