La política exterior de Guatemala

Del Escritorio del General

Guatemala enfrenta hoy una profunda debilidad estructural en la conducción de su política exterior.

La Constitución establece que esta depende del Presidente de la República, lo cual, en la práctica, ha convertido una política de Estado en una política personal. Cada gobierno redefine prioridades, alianzas y posturas internacionales según su visión ideológica o sus intereses coyunturales, debilitando la continuidad estratégica que el país necesita.

La política exterior no puede depender únicamente del carácter o inclinación política del mandatario de turno. Debe responder a una visión nacional permanente, construida con criterios técnicos, económicos y geopolíticos. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas decisiones internacionales se toman sin un debate institucional profundo, afectando la credibilidad del Estado y generando incertidumbre para el sector productivo.

Es imprescindible que el Congreso de la República y sus comisiones especializadas ejerzan un papel más activo en la supervisión y orientación de la política exterior. No se trata de limitar la función presidencial, sino de fortalecerla mediante consensos estratégicos que trasciendan los ciclos electorales.
La estabilidad internacional de Guatemala debe basarse en una política de Estado coherente y predecible.

Las decisiones diplomáticas tienen consecuencias directas en la economía nacional. Exportadores, importadores y productores dependen de relaciones exteriores sólidas y bien estructuradas. Cuando las posturas internacionales responden únicamente a intereses momentáneos, se compromete el posicionamiento geopolítico del país y se debilitan sus oportunidades de crecimiento.

El papel del presidente debe centrarse en garantizar seguridad, estabilidad institucional y condiciones favorables para la prosperidad nacional. Prosperidad no significa intervención excesiva del Estado, sino la creación de un entorno donde el ciudadano y el empresario puedan desarrollarse con libertad y seguridad jurídica.

Un Estado moderno debe facilitar, no obstaculizar. Cuando la burocracia se convierte en una barrera para la producción, el país pierde competitividad y oportunidades. La función pública debe orientarse a servir al ciudadano, agilizar procesos y promover el crecimiento económico.

A ello se suma la baja ejecución presupuestaria, que evidencia fallas en la gestión pública. El presupuesto aprobado por el Congreso representa un compromiso con la nación y debe ejecutarse con responsabilidad y eficiencia dentro del periodo correspondiente.

El sistema político guatemalteco también requiere una revisión profunda. La renovación constante de cortes, magistraturas y órganos de control cada cinco años genera fragilidad institucional y limita la independencia de quienes deben tomar decisiones trascendentales.

Guatemala necesita avanzar hacia una reforma constitucional que fortalezca el Estado de derecho, garantice estabilidad institucional y establezca responsabilidades claras para los funcionarios públicos.

Finalmente, debemos enfrentar con decisión la cultura burocrática que somete al ciudadano a trámites innecesarios y procedimientos excesivos. El funcionario público está para facilitar, no para obstaculizar; para servir, no para imponer cargas injustificadas.

Con firmeza crítica, pero también con la esperanza puesta en la transformación nacional, levanto la voz desde la convicción de que aún estamos a tiempo de corregir el rumbo.

Adelante con espíritu de vencedores.

Le invitamos a leer más del autor: