Lo demás es silencio
Era de esperarse las reacciones ante el Decreto Gubernativo que suspendía garantías constitucionales como la libre locomoción, amenaza velada sobre el uso de la fuerza pública y el manejo de la información por parte de los medios de comunicación que pudiesen alterar el orden público. Hay datos históricos cuya familiaridad sabemos de memoria: durante el siglo XX Guatemala vivió estados de sitio, golpes de Estado, toques de queda, sin contar con la censura y persecución a los periodistas. Y este caso fue como volver al pasado.
Esgrimir argumentos manidos sobre las 8,200 áreas de riesgo en todo el territorio, resulta una peregrina idea de quienes poseen un mal olfato político. Si bien sería injustificable rebajar importancia al peligro latente de desastres durante el invierno, existen otros mecanismos que pueden enfrentar los daños y paliar el sufrimiento de millones de personas.
Por lo mismo, no se puede restarle autoridad y veracidad a la advertencia de la Conred sobre la inminente amenaza de catástrofes y calamidades por doquier. Es decir, hay fundados temores para estar preocupados y uno de los derechos que el Estado debe tutelar es la protección de la vida.
Es necesario reconocer que la respuesta de las autoridades es reactiva y no preventiva. No hay que olvidar a El Cambray II, menos intentar la minimización retórica de las víctimas que a más de un año aún viven en terribles condiciones. Y es a partir de esta que tal parece que se ve como si fuera una frivolidad histórica.
Como sea, el Decreto Gubernativo es un desajuste que pasa por alto las razones humanas y de emergencia que deben aplicarse, particularmente cuando el país es una de las zonas que son más afectadas por el calentamiento global. Sobra decirlo, no existe ningún plan ni sentido de estado frente a esa ruina que se nos viene y cuya mortal significación es nula.
Lo que no termina de cuadrar en el debe y el haber de la gestión del Ejecutivo es provocar esta tormenta política. No existe tal malinterpretación de los medios de comunicación. El texto del acuerdo es preciso y no se presta a equívocos. Quizá la realidad sea más aburrida y no guarde ningún secreto y esa decisión del gobierno responda a que se apoyó en datos marginales o revelaciones pasmosas sobre latentes peligros que desde el caos ambiental podrían poner en peligro la gobernabilidad y la soberanía nacional.
La medida, dictada a contrapelo del sentido común, más parece un episodio ridículo de aquella novela de Augusto Monterroso, Lo demás es silencio y quien redactó el acuerdo parece ser el alter ego del doctor Torres. Si no, véase esta perla de nuestro premio Príncipe de Asturias: “La inteligencia comete tonterías que solo la tontería puede corregir”.
