MP ratifica denuncias por caso Plazas Fantasmas
Por: Mario Pacheco
El Ministerio Público (MP) ratificó ayer las denuncias contra los exdiputados Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romeo Cristiani, Carlos Humberto Herrera Quezada, y también contra el exdirector general del Organismo Legislativo, Luis Mijangos. Esto porque los cuatro están sindicados por el caso de plazas fantasmas, las que supuestamente fueron otorgadas de forma anómala, según el seguimiento que se ha dado al proceso.
Según las investigaciones del MP, las cuatro personas están sindicadas por cometer el delito de abuso de autoridad. Supuestamente, el principal sospechoso de otorgar plazas fantasmas es el expresidente del Congreso, Pedro Muadí, quien guarda prisión por este delito. El 31 de mayo del presente año los cuatro sindicados fueron ligados a proceso por el Juzgado Décimo de Instancia Penal que está a cargo de Wálter Villatoro, y también se les fijó una fianza económica de 100 mil quetzales.
Los implicados
Luis Mijangos es abogado y notario, y fue director general del Congreso de la República, también laboró alrededor de 20 años en el Parlamento, donde desempeñó el puesto de secretario general de la Presidencia.
Alfredo Augusto Rabbé, fue diputado al Congreso de la República en el período 2012-2016 por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), electo por el listado metropolitano, donde en 2015 se trasladó al partido político Mi País, participó en el gobierno de Alfonso Portillo como inspector general del Ejército.
Édgar Romeo Cristiani fue diputado del Congreso por el Partido Patriota (PP), por el listado nacional en el período 2012-2016, perteneció a las comisiones Energía y Minas, Deportes y Legislación, trabajó en diferentes iniciativas de ley como la de armas y municiones y la Ley de Servidumbres Legales.
Carlos Humberto Herrera Quezada fue diputado al Congreso de la República de Guatemala por el Partido Unión del Cambio Nacional (UCN), por el distrito metropolitano, para el período 2012-2016, fue señalado por favorecer a sus empresas con contratos del Estado mientras fungía como diputado.
Revocan medidas
El pasado mes de julio, el juzgado que lleva el caso revocó las medidas sustitutivas y envió a prisión preventiva a los exdiputados Édgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada y al exdirector general del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, sindicados de participar en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasmas en el Congreso de la República.
El pasado 31 de mayo, el juez Wálter Villatoro ligó a proceso a los exparlamentarios y les otorgó las medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo y una multa de Q100 mil. Por existir el riesgo de obstaculización y de la averiguación de la verdad, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP apelaron en la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, la cual declaró con lugar el recurso legal y ordenó al juez Villatoro dejar sin efecto dichas medidas.
Los antecedentes
La investigación de la CICIG y el MP estableció que los integrantes de las juntas directivas del Congreso (en los años 2014 y 2015) efectuaron un alto número de contrataciones que evidenciaban una serie de irregularidades. Esta forma de contratación se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no solo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la inasistencia de las personas contratadas en el Legislativo.
Por este caso están en trámite los antejuicios contra los diputados Luis Armando Rabbé Tejeda, Arístides Baldomero Crespo Villegas, Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón, quienes integraron las juntas directivas de los años 2014-2015.
Trabajadores del Congreso
Durante este año, en el Juzgado Décimo Penal, el juez Wálter Villatoro, del Juzgado Quinto Penal, escuchó al primer grupo de 19 personas citadas, quienes tenían una relación laboral en el Congreso. Los primeros en declarar en las audiencias fueron Lourdes Solórzano, Héctor Polanco, Marta Vaides, Mónica y Sandra Castellanos.
Las otras dos citaciones fueron programadas para el pasado agosto, donde el juez escuchó a los otros sindicados que ocupaban plazas sin llegar a trabajar en el Organismo Legislativo, pero con salarios de Q8 mil a Q20 mil.
La investigación del MP por este caso incluyó a las presidencias del Congreso de Arístides Crespo y Luis Rabbé, en los años 2014 y 2015, respectivamente. En el caso de Crespo acudió a la Corte de Constitucionalidad para solicitar la vía del amparo provisional, el que finalmente no prosperó.
