Personas honorables e idóneas
El proyecto de Reforma Constitucional en Materia de Justicia, entregado ayer al Congreso de la República, es una esperanza para que el país se encamine por un rumbo diferente, donde reine la convivencia y, si alguien se sale de los cánones de la rectitud, debe atenerse a las consecuencias de sus actos.
La ausencia de verdadera justicia ha sido uno de los grandes males en Guatemala. A través de los años, quienes han ostentado el poder lo han evadido de muchas formas, no solo aprovechándose del cargo para enriquecerse, sino para hacer negocios e, incluso, a costa de la vida de muchas personas.
Quienes deben ocupar los altos cargos a nivel de los órganos de justicia, deben ser aquellos profesionales honorables, probos e idóneos, que no se parcialicen al momento de tomar decisiones. Las famosas comisiones de postulación talvez se crearon con buena fe, pero en el camino se fueron corrompiendo con la elección de personas que llegaron con intereses perversos.
Estas comisiones fueron las encargadas de proponer candidatos, pero la escogencia final la hizo el Congreso, donde oscuros e interesados grupos políticos tendieron su mano negra para llevar a quienes podían defenderles desde la Corte Suprema de Justicia o, incluso, desde la Corte de Constitucionalidad.
La población en general ya no cree en sus instituciones, mucho menos en las encargadas de la justicia, porque ha quedado demostrado que algunos magistrados e incluso jueces se apartaron del camino correcto, para buscar beneficios personales o apoyar a quienes hicieron dinero con gananciosas comisiones por contratos o por otra índole. Lo positivo en todo esto es que algunos ya están enfrentando procesos legales.
En el proyecto de Reforma Constitucional en Materia de Justicia se pretende crear un Consejo Nacional de Justicia, el cual puede verse con buenos ojos, y el desaparecimiento de las comisiones de postulación puede ser beneficioso. Pero todo esto no será suficiente, si no se reforma también la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la cual la población pueda elegir a sus diputados y autoridades de otra forma, además que el ciudadano pueda tener oportunidades de ser electo y que no sea necesaria y estrictamente por medio de un partido político.
