¿Narcopolítica, será la última prioridad del Ministerio Público?
Kidon
La fiscalía general tiene como obligación constitucional investigar los hechos delictivos cometidos dentro del territorio nacional, pero en especial los de grave impacto social y que afecten la seguridad regional, por ello, le fue asignado por parte del constituyente el ejercicio de la persecución penal y lo dotó de las herramientas legales enfocadas para identificar, individualizar, perseguir, procesar y en su caso extraditar a cuanto delincuente atente en contra de nuestra seguridad nacional.
De esa cuenta, el Ministerio Público, tiene la obligación de utilizar sus capacidades legales en busca de desarticular a las estructuras criminales que operan en el país, en especial las que se dedican al narcotráfico en todas manifestaciones y que recientemente fueron declaradas internacionalmente como organizaciones terroristas, debido al impacto destructor que producen, sobre todo en la salud humana, así como por la facilidad con que logran permear los espacios gubernamentales.
Por ello, se hace necesario que la fiscalía, alinee la política criminal de investigación con nuestros vecinos del norte y de esa cuenta, enfoque los esfuerzos destinados en combatir y erradicar por medio de la fuerza, la proliferación desmedida de narco políticos, ubicando con fines de procesamiento a todos los integrantes, colaboradores, financistas y demás personal operativo que figure en las distintas organizaciones políticas, con la intención de ocupar algún escaño dentro del gobierno.
No es un secreto para nadie, como los fundadores, dirigentes y candidatos de varios partidos políticos, en especial los relacionados con los grupos de izquierda radical en el país como los que gobiernan, tienen o han mantenido un nexo común de antaño con diversas estructuras de narcotráfico y del crimen organizado, de quienes no solo reciben los fondos para la realización de sus fines perversos, sino que además el recurso humano necesario incluso para desaparecer o eliminar a los rivales políticos que no sean de su agrado.
Estimado fiscal general, para detectar a los narco políticos o a los narco aspirantes a cargos públicos, no se requiere de un sistema sofisticado de investigación tipo CSI, basta con poner atención y establecer por ejemplo, la participación del candidato presidencial Roberto Arzú, del partido CABAL, quien fue grabado sosteniendo una serie de conversaciones con el líder supremo de la organización de narcotraficantes denominada Los Cara Dura, con quien discutió el pago de “deudas recíprocas” y diversas aportaciones monetarias que dudosamente le fueron entregadas, denuncia que a la fecha existe pero que lastimosamente se encuentra durmiendo cómodamente en los brazos de Morfeo, sin tan siquiera haber efectuado un solo medio de investigación.
El caso donde se relaciona a la dirigencia del partido CABAL y en especial a varios de sus diputados y algunos alcaldes, de tener nexos directos con estructuras de narcotráfico que operan en el oriente del país, sin que la fiscalía a estas alturas del partido haya perfilado a los sospechosos y menos iniciado las diligencias de antejuicio correspondientes para poder investigarlos.
O, el del aspirante a la presidencia por el partido Firmes, un ex policía oriental, que además ocupa un cargo dentro del Congreso de la República, y que ha sido íntimamente relacionado con evidencia tangible de recibir dádivas, vehículos incluidos, por parte de varios operadores del cartel, incluso de un personaje sobre quien pesan graves acusaciones no solo de narcotráfico sino de haber desfalcado a un banco del sistema, y debido a ello se encuentra ligado a proceso.
Y qué decir de los continuos y pomposos espectáculos hípicos o de jaripeo realizados al estilo del Mencho, ex líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en distintas regiones del país, con caballos de pura sangre, acompañados de diversos actores políticos que se pavonean junto a jinetes portando ostentosas armas de fuego de uso exclusivo del ejército de Guatemala, con la plena connivencia del Ministerio Público.
El riesgo es latente, pues a tan solo cinco meses de que arranque el proceso electoral, vemos con mucha preocupación como la fiscalía, en vez de buscar la forma técnica de erradicar este fenómeno criminal que tanto afecta la seguridad nacional y regional, limite su campo de actuación exclusivamente a buscar la forma procesal para beneficiar a los prófugos de la justicia, responsables de haber atentado en contra del Estado y sus habitantes, cuando en la legislación nacional existe el procedimiento regulado para que toda persona sindicada de cometer un hecho delictivo pueda solventar la situación jurídica ante el órgano jurisdiccional competente.
Es por ello, que, ante la inoperancia de la investigación penal, el gobierno de los Estados Unidos de América se pronunció severamente en contra de la permisividad del Estado al no implementar las acciones jurídicas y militares pertinentes, en busca de investigar, procesar y encarcelar tanto a los dirigentes políticos como a quienes correrán por un puesto gubernamental, y sobre los que existen fuertes indicios de participar y colaborar con estas organizaciones criminales.
El señalamiento efectuado por la embajada de los Estados Unidos de América acreditada en el país deja muy mal parado al ente investigador, quien a tres meses de haber iniciado la nueva gestión, no ha sido capaz tan siquiera de lograr identificar a un solo partido político infiltrado y menos aún a los delegados del cartel que correrán en el siguiente proceso electoral, lo cual constituye una falta de colaboración con nuestros aliados, y por ello además, fuimos vergonzosamente relegados de pertenecer al selecto club de países que conforman la coalición Escudo de las Américas.
Señor Fiscal, por fortuna a la fecha estamos a tiempo de corregir el rumbo de la institución, para ejercer la atribución conferida en la Constitución, y de esa cuenta destinar desde ya, todo el equipo humano y de investigación para buscar asegurar la transparencia, seguridad y pureza del proceso electoral, en especial garantizar que los aspirantes a cargos de elección popular no tengan relación o vínculo con organizaciones terroristas de narcotraficantes, pandilleros o destinadas al tráfico de migrantes y armas y en su caso, procesar e incluso extraditar a quienes resulten responsables.
Pues, de continuar el Ministerio Público ejerciendo la función defensora de prófugos o convictos o pretendiendo validar informes de victimización emitidos en conferencias de prensa por los mismos izquierdistas derrotados, tengamos por seguro que el nuevo proceso electoral, traerá además de la típica violencia electoral, la asunción al poder gubernamental de varios miembros del cartel que convertirán al país en un centro internacional de producción y distribución de todo tipo de drogas.
Juzgue usted.
