
Política local: cuando la gestión pública no llega al ciudadano
Por: Katheryn Briann Grau Orozco
La política local es, en teoría, el nivel de gobierno más cercano a la gente. Es en el barrio, la colonia y la comunidad donde las decisiones municipales deberían traducirse en soluciones concretas. Sin embargo, para muchos ciudadanos, la gestión pública local se ha convertido en un laberinto de trámites, silencios y respuestas que no resuelven.
Las municipalidades hablan de planes, reglamentos y mesas técnicas, pero en la práctica, los problemas cotidianos persisten sin atención efectiva. Denuncias por actividades irregulares, afectaciones ambientales, falta de control urbano o incumplimiento de resoluciones administrativas se acumulan sin seguimiento visible. El ciudadano cumple con denunciar; la autoridad cumple con recibir. El resultado, demasiadas veces, es la inacción.
La distancia entre el discurso político y la vida real del vecino es uno de los mayores retos de la gestión pública. Se anuncian compromisos, se prometen fiscalizaciones y se presentan informes, pero las soluciones no llegan al territorio. Esta brecha genera frustración y, peor aún, desconfianza. Cuando la política local no responde, el mensaje implícito es que los problemas pequeños no importan, aunque para quienes los viven sean enormes.
Otro punto crítico es la fiscalización. ¿Quién supervisa que las decisiones municipales se cumplan? Una clausura, una orden de cierre o una resolución administrativa pierde toda autoridad si no existe seguimiento. Sin control real, la gestión pública se vuelve una formalidad y la política local se reduce a un ejercicio de apariencia.
A pesar de ello, la participación ciudadana sigue siendo clave. Los vecinos organizados, las denuncias formales y la insistencia cívica no son actos de confrontación, sino expresiones legítimas de democracia local. Gobernar no es solo administrar expedientes, sino escuchar, actuar y rendir cuentas.
La política local debe recuperar su sentido original: servir. La gestión pública no puede limitarse a reaccionar cuando hay presión mediática o social. Debe ser constante, transparente y efectiva. Solo así la autoridad dejará de percibirse como lejana y la ciudadanía podrá volver a confiar en que lo público, verdaderamente, es de todos.

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