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Zoon Politikón

Cuando la Eficacia se Vuelve Tentación: Guatemala ante el espejo regional

El espejo salvadoreño no es, para Guatemala, una curiosidad extranjera ni una discusión académica. Es una advertencia con fecha. Cuando un modelo político demuestra eficacia visible en un entorno de fracaso estatal crónico, la tentación no es ideológica: es práctica. No se trata de copiar un régimen, sino de importar métodos. Y ahí empieza el verdadero riesgo.

Guatemala entra al ciclo 2026–2027 con una combinación delicada: inseguridad persistente, fatiga institucional, descrédito político y una ciudadanía cansada de promesas. En ese contexto, la pregunta que comienza a abrirse paso no es «¿qué proyecto de país?», sino «¿quién tiene mano dura?». Ese desplazamiento del debate —de la institucionalidad al temperamento— es el primer síntoma de erosión republicana.

El atractivo del modelo salvadoreño no reside únicamente en su narrativa, sino en su resultado visible. Para sociedades golpeadas por el crimen, la reducción del miedo cotidiano pesa más que cualquier argumento jurídico. Negarlo sería ingenuo. Pero una república no se evalúa solo por lo que logra resolver, sino por cómo lo hace y qué destruye en el proceso. La eficacia sin límites no es virtud institucional; es una invitación a la concentración.

Guatemala no enfrenta hoy un «riesgo Bukele» en sentido literal. El riesgo es más sutil y, por eso, más peligroso: el mimetismo fragmentado. Candidatos, funcionarios y operadores pueden adoptar partes del método sin adoptar el discurso completo. Polarización como herramienta electoral. Desprecio por contrapesos presentado como eficiencia. Criminalización del adversario convertida en señal de carácter. No hace falta un autócrata declarado para erosionar una república; basta con normalizar esas prácticas.

El segundo riesgo es la justificación defensiva del poder. En un entorno regional donde el discurso de «orden primero» gana aplausos, gobernantes actuales o futuros pueden sentirse legitimados para invocar la urgencia como argumento permanente. Reformas «temporales», controles «excepcionales», reinterpretaciones «necesarias». El lenguaje de la emergencia es el más rentable políticamente, porque desplaza la carga de la prueba: quién cuestiona parece irresponsable, quien exige límites parece ingenuo.

Aquí el precedente importa.

Guatemala ha vivido suficientes episodios donde lo excepcional se volvió costumbre. Estados de prevención prolongados, uso discrecional de la fuerza, reformas legales impulsadas sin deliberación real. El espejo regional refuerza esa tendencia: si «allá funciona», ¿por qué aquí no? La pregunta correcta no es esa. La pregunta es si aquí existen los contrapesos capaces de corregir abusos cuando el poder se equivoque. Porque el poder siempre se equivoca.

El tercer riesgo es el más silencioso: la erosión preventiva de expectativas ciudadanas. Cuando el imaginario regional instala la idea de que «solo un líder fuerte resuelve», la democracia llega debilitada antes de empezar la contienda. El votante no evalúa programas ni instituciones; evalúa gestos, dureza, promesas de control. En ese terreno, la república pierde por agotamiento, no por derrota.

Las instituciones son el campo de batalla.

Este fenómeno impacta directamente en dos pilares sensibles del Estado guatemalteco: la justicia constitucional y el Ministerio Público. En el discurso de la eficacia, todo contrapeso es sospechoso. Todo límite es visto como traba. Todo proceso es presentado como protección de culpables. Cuando esa lógica se normaliza, la independencia institucional deja de ser valor y se convierte en problema.

La Corte de Constitucionalidad no existe para agradar mayorías ni para facilitar gobiernos; existe para impedir que la mayoría destruya la república. Pero en años recientes ha experimentado lo que podríamos llamar captura por consenso: no mediante golpe espectacular, sino mediante nombramientos estratégicos y erosión gradual de su independencia percibida. Los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes son electos mediante nóminas presentadas por distintos sectores. El perfil técnico importa. Pero la afinidad política importa más. Y cuando el tribunal que debe limitar al poder político es visto como extensión de ese poder, el daño no es solo jurídico; es de confianza.

El Ministerio Público enfrenta un dilema estructural aún más agudo. Se le exige combatir la corrupción y el crimen organizado con contundencia. Pero cada vez que investiga el poder real, enfrenta acusaciones de persecución política. El MP puede investigar todo, menos lo que incomoda. Ahí se vuelve persecutor. El resultado es predecible: o el MP se paraliza por miedo a ser catalogado como instrumento político, o avanza y alimenta la narrativa de «justicia partidizada». En ambos casos, pierde. Y cuando el MP pierde credibilidad, quién gana es la impunidad, no la república.

La seguridad completa el triángulo de vulnerabilidad. Guatemala vive una situación paradójica: el crimen organizado penetra territorios, el narcotráfico controla rutas, la extorsión asfixia al comercio, pero la respuesta del Estado oscila entre la ineficacia y el espectáculo. No hay estrategia sostenida; hay anuncios. No hay coordinación interinstitucional; hay competencia de narrativas. Y en ese vacío, la tentación del «orden eficaz» crece.

Aquí conviene una pregunta directa: ¿qué impide que un candidato en 2027 ofrezca un «régimen de excepción» al estilo salvadoreño? La respuesta técnica es: nada, si el Congreso lo aprueba mediante mayoría simple. La respuesta republicana es: todo, si entendemos que el debido proceso no es un lujo sino el muro que separa el orden del abuso. Porque la eficacia sin límites no es seguridad; es discrecionalidad armada.

Los incentivos políticos de cara a 2026-2027 no ayudan. Un candidato puede calcular qué es más rentable prometer «limpieza» que prometer «institucionalidad». Qué es más popular ofrecer «resultados inmediatos» que defender «procesos lentos pero legales». Qué genera más entusiasmo decir «yo no negocio con corruptos» que explicar cómo funcionan los pesos y contrapesos. Este cálculo no es irracional; es perfectamente coherente con una sociedad cansada. Pero es letal para la república.

El empresariado enfrenta su propia tentación. Después de años de inseguridad que afecta inversión, logística y clima de negocios, la promesa de «orden a cualquier costo» puede sonar seductora. Pero aquí conviene recordar algo elemental: la inversión no se sostiene con tranquilidad momentánea; se sostiene con reglas predecibles. Y las reglas solo son predecibles cuando hay instituciones que las hagan cumplir sin depender de la voluntad del gobernante. Un país puede tener calles seguras y, simultáneamente, un sistema judicial colonizado. A corto plazo, celebrás la seguridad. A mediano plazo, descubres que tu contrato depende del humor del poder.

Guatemala tiene una ventaja que no debe desperdiciarse: todavía hay tiempo. Las elecciones de 2027 no son mañana; son una ventana de oportunidad para fortalecer contrapesos antes de que la tentación autocrática encuentre condiciones óptimas. Eso implica reformas concretas, no declaraciones. Implica nombramientos en CC y MP que prioricen independencia sobre afinidad. Implica estrategias de seguridad que no dependan de regímenes de excepción sino de inteligencia, coordinación y presencia territorial sostenida.

Pero, sobre todo, implica un cambio en lo que valoramos como sociedad. Si seguimos premiando electoralmente a quien grita más fuerte, a quien promete soluciones mágicas, a quien criminaliza al adversario en lugar de debatirlo, entonces estamos preparando el terreno para que alguien, en 2027 o después, ofrezca exactamente eso: la ilusión de que los problemas complejos se resuelven con decisiones simples y líderes sin límites.

El espejo salvadoreño nos muestra algo incómodo: que la autocracia moderna no se impone; se elige. Que llega con aplausos, no con tanques. Que promete eficacia y entrega concentración. Guatemala puede aprender de ese espejo sin repetir el camino. Puede construir seguridad con ley, no seguridad contra la ley. Puede elegir líderes sin esperar mesías. Puede fortalecer instituciones en lugar de apostar todo a personas.

Una república madura no es la que resuelve todo rápido, sino la que puede rectificar sin colapsar. La que puede cambiar de gobierno sin cambiar de reglas. La que puede castigar al poder cuando se equivoca sin necesidad de destruirlo. Si Guatemala pierde eso en la búsqueda de eficacia inmediata, habrá ganado orden por un tiempo, pero habrá hipotecado su libertad a plazo abierto.

La pregunta no es si Guatemala quiere resultados. La pregunta es si está dispuesta a obtener esos resultados sin desmantelar los límites que impiden que el poder, una vez conseguido, decida no devolverse nunca. Porque cuando el poder aprende que puede funcionar sin límites, el ciudadano aprende —demasiado tarde— que ya no tiene a quién reclamarle.

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