Transportistas exigen Q35 millones de subsidio

Llevan unidades y las parquean en calles adyacentes el ministerio de Comunicaciones como medida de presión.

Propietarios de los buses rojos que cubren las colonias El Milagro, San Francisco, La Florida, Primero de Julio y El Naranjo protestaron ayer paralizando el servicio desde horas de la mañana.

Quienes salieron a pronunciarse son integrantes de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua). Inicialmente, como primer medida estacionaron las unidades en la ruta que comunica la colonia Lo de Bran y Ciudad Quetzal.

Pilotos y ayudantes exigen a las autoridades que les paguen el subsidio, el cual dicen que ya suma 27 meses sin ser cancelado.

Posteriormente, la protesta se traslado a la 11 calle y calzada San Juan, zona 4 de Mixco. Más tarde lo hicieron en la calzada Roosevelt, a un costado del mercado El Guarda, en las inmediaciones de El Trébol. Luego continuaron el recorrido hacia el Ministerio de Comunicaciones, en la zona 13.

El vocero de Asopagua, Jorge García, dijo que la protesta era para exigir al ministro de comunicaciones, Aldo García, que ejecute el subsidio de Q35 millones para el transporte público, el cual fue aprobado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2016.

“El Gobierno tiene derechos y obligaciones, su obligación es que el dinero llegue a los transportistas” , agregó.

Dio a conocer que los  fondos no son sólo para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), sino que  son para todos los transportistas públicos”.

Asopagua cuenta con 250 agremiados  y la misma cantidad de unidades del transporte público,  pero el total de buses en el territorio en la ciudad capital  asciende a 2,929.

La protesta se dirigió luego al ministerio de Comunicaciones, a donde los pilotos llevaron las unidades. Posteriormente los directivos de Asopagua fueron atendidos por el ministro Aldo García.

«No hay excusa para que el ministro ejecute el subsidio de Q35 millones, queremos que paguen. El cobro del subsidio lo puede hacer individualmente cada propietario de bus, o a través de la asociación a la que esté vinculado, por eso señalamos que no hay excusas para pagar», comentó  García.

En otras ocasiones, los propietarios de las unidades que están integrados a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), también implementaron medidas para presionar al Gobierno a que pague el subsidio.

En diciembre del año pasado, la AEAU anunció que cobraría el traslado de los adultos mayores, pese a que la comuna capitalina anunció sanciones.

Los empresarios reiteraron su molestia porque el Gobierno no paga la deuda de Q90 millones, que ellos aseguran corresponden a 27 meses de servicio a la población y dijeron que sin el subsidio el pasaje costaría entre Q3.80 y Q4.

PDH media

Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos,   dio a conocer que la entidad acudió a la reunión donde estuvieron los representantes de Asopagua y el ministro de Comunicaciones, y en la misma se acordó formar una mesa técnica.

“Se determinó que esta sea integrada por Asopagua, la Contraloría, el ministerio de Finanzas, la otra entidad que agrupa a los buses urbanos, y la PDH estará en su función de dar acompañamiento”, prosiguió.

Guerra indicó que lo que se busca con la integración de esta mesa es darle una salida al problema,  porque no se puede perjudicar a quienes hacen uso del transporte público, y el subsidio es pagado por todos los usuarios de este medio de locomoción.

“La petición del grupo de transportistas es que se les entregue los Q35 millones que fueron asignados en el presupuesto de gastos de la nación para el 2016.  Buscan que se haga en el menor tiempo posible la entrega”, comentó.

Aseguró que la entrega  del subsidio en otros años no se ha dado con claridad y esto ha generado diversos comentarios, pero esta vez se espera que sea transparente ese proceso, así como visualizar el destino real de los mismos.

“Lo que se busque es que el subsidio llene las expectativas legales de la Contraloría. También que no genere conflictividad por otra posible paralización”, finalizó.