¿Soberanía o Rendición? La retirada silenciosa de una reserva clave en Derecho Internacional
Del Escritorio del General
En este mes de las flores, contemplamos con creciente preocupación las decisiones que adopta el gobierno de Guatemala, particularmente el Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, al anular una cláusula de protección esencial que resguardaba al Estado frente a la intervención extranjera.
El pasado 27 de marzo de 2025, mediante un Acuerdo Gubernativo, se formalizó la retirada de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), una disposición fundamental para el equilibrio entre el derecho internacional y las constituciones nacionales. La medida fue comunicada a Naciones Unidas el 10 de abril, pero mantenida en silencio ante el pueblo guatemalteco hasta el 5 de mayo.
Una maniobra premeditada
Lejos de ser un acto aislado o casual, esta acción parece responder a una agenda premeditada, revestida de falsos argumentos. La reserva al artículo 27 permitía a Guatemala priorizar su Constitución sobre disposiciones internacionales que pudieran contradecir sus principios soberanos. Al retirarla, el país se coloca en una situación de extrema vulnerabilidad, donde ningún Estado puede justificar el incumplimiento de un tratado alegando su derecho interno. Si un tratado dispone una cosa y la Constitución guatemalteca otra, gana el tratado.
En un país que aún construye y consolida sus instituciones, renunciar a este resguardo es un acto irresponsable. Lamentablemente, la decisión fue tomada sin consulta al Congreso, sin debate público, y sin someterse a una consulta popular, como mandaría la prudencia en una materia tan delicada. Esto configura un abuso de las facultades presidenciales y un acto que bien puede calificarse como traición a la patria.
Una amenaza directa a la soberanía
Las cláusulas de salvaguarda son pilares fundamentales para la autonomía y autodeterminación del Estado guatemalteco. Son herramientas legítimas de defensa nacional y de preservación de la soberanía, dentro de un multilateralismo auténtico y equilibrado. La eliminación de esta protección jurídica deja al país expuesto ante organismos multilaterales, tratados de cooperación, acuerdos comerciales y mecanismos internacionales que podrían imponer decisiones contrarias al interés nacional.
Detrás de este retiro puede esconderse más que un tecnicismo jurídico. Existen tratados en negociación que afectan temas altamente sensibles: explotación minera, transporte y comercio regional, inversiones extranjeras, cooperación internacional y hasta extradiciones. Sin la reserva, el Estado pierde la capacidad de oponerse desde su legislación interna, dejando abierta la puerta para que acuerdos cuestionables sean firmados sin mayor oposición ni control.
Preguntas que exigen respuestas
El momento y las circunstancias no son casuales. La decisión se produce en medio de procesos judiciales por falsificación de documentos contra figuras del partido oficial, opiniones favorables al Gobierno de parte de organizaciones internacionales, y a las puertas de un inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo territorial con Belice, cuyo jefe de Estado es, nada menos, el Rey Carlos III.
Surgen preguntas legítimas: ¿Por qué se actuó en secreto? ¿Qué se pretende alcanzar con esta entrega de soberanía? ¿Se busca acaso garantizar inmunidades, blindar decisiones políticas irregulares o negociar acuerdos que favorezcan la retirada de ciertos personajes hacia el exterior, como ha ocurrido en gobiernos pasados?
Un acto de rendición inaceptable
Las consecuencias de este desatino son incalculables. Apenas 32 países han renunciado a sus reservas, lo que evidencia que no se trata de una obligación internacional ni de una práctica universalmente aceptada. La decisión se convierte, así, en una aberración jurídica y política.
El artículo 381 del Código Penal castiga expresamente a quien actúe en contra de la integridad de la Constitución y de la soberanía nacional. Pregunto, sin afirmar, si estamos ante un acto de traición constitucional. La soberanía no se pierde de un solo golpe, sino en actos aparentemente menores, decisiones técnicas, silencios estratégicos y en la ingenuidad de creer que todo lo internacional es superior a lo nacional.
La línea roja ha sido cruzada
Es imperativo advertir que estas acciones también afectan temas pendientes como el reclamo histórico sobre Belice. La renuncia a las salvaguardas puede facilitar la injerencia extranjera, socavar los principios de autodeterminación y deteriorar la integración nacional. Lo más alarmante es que se elimina la última barrera jurídica que le permitía al Estado defenderse ante fallos o decisiones externas.
Esto constituye una violación frontal a la Constitución que debe ser rechazada por todos los sectores de la vida nacional: sociales, políticos y militares. La Corte de Constitucionalidad tiene el deber de actuar de oficio para frenar este despropósito.
Defender la República
El precio de la libertad es la vigilancia eterna. Guatemala no debe entregarse a un globalismo sin controles ni legitimidad nacional. Nuestra Constitución no es un adorno; es la base de nuestra organización política, jurídica y soberana.
Hago un llamado a la sociedad guatemalteca para defender con valentía nuestra República, nuestras instituciones y nuestra patria. No se puede arrebatar la soberanía de un pueblo sin su voz.
Adelante, con espíritu de vencedores: defendamos Guatemala.
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