Insulsas Propuestas del Tribunal Supremo Electoral
Del escritorio del General
Concluyendo el primer semestre de actividades del Congreso —que, por cierto, entra en un receso de dos meses—, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha presentado un proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta ley es vital para el desarrollo democrático del país y puede representar tanto una oportunidad de rescate para nuestra frágil democracia como también la gota que derrame el vaso.
Resulta absurdo que, precisamente el último día de sesiones del Congreso, la presidenta del Tribunal, en nombre de esa institución, proponga una iniciativa de tan alto calado sin que el pueblo de Guatemala la conozca. Se trata de propuestas discutidas en círculos cerrados, desconocidas para la mayoría de ciudadanos, y aparentemente compartidas solo con pequeños grupos que no representan, de ningún modo, la voluntad popular. Una propuesta de esa envergadura debe debatirse abiertamente, ser conocida y evaluada por toda la sociedad guatemalteca, con participación de los ciudadanos y de los centros de pensamiento más documentados en materia electoral a nivel internacional.
Lo que esta actitud refleja es un claro encierro institucional, una falta de transparencia y, sobre todo, una profunda carencia de idoneidad por parte del actual Tribunal Supremo Electoral. No olvidemos que algunos de sus miembros han sido señalados por la justicia. Recientemente fue sentenciado el director de Asociaciones Políticas, y están siendo procesados varios funcionarios más. ¿Cómo puede entonces este cuestionado Tribunal presentarse como garante del futuro democrático del país?
Además, el eje de su propuesta —la separación de la elección de alcaldes respecto de la elección presidencial y legislativa— no tiene sentido ni aporta beneficios concretos al pueblo. Lo que en realidad debería plantearse es una reforma profunda al sistema de elección de diputados: que se elijan por distritos, con nombre y rostro, y que los candidatos a alcaldes y a la presidencia presenten un historial claro y verificable. También es urgente regular el excesivo multipartidismo, que ha resultado en fragmentación, corrupción, violencia y desconfianza en las instituciones.
Una propuesta responsable incluiría mecanismos como elecciones de medio término para los diputados, límites razonables a la reelección (una sola vez, máximo, para alcaldes y diputados) y, sobre todo, una reducción sustancial del número de partidos políticos legalmente inscritos. El desorden actual ha convertido el sistema en un negocio electoral, en un caos donde lo único que prospera es la desvergüenza.
Por ello, hago un llamado a que se impulse un verdadero debate nacional sobre la reforma electoral, conducido por actores legítimos y neutrales —lo cual excluye tanto al Tribunal Supremo Electoral como al actual Congreso—. Debemos repensar el modelo multipartidista, que quizá funciona en sistemas parlamentarios, pero que, en un régimen presidencialista como el nuestro, solo genera dispersión, ingobernabilidad y crisis cíclicas.
Guatemala no puede seguir con 40 partidos políticos ficticios, sin base real ni legitimidad. Propongo que se fije un límite máximo de diez partidos, con representación real, con bases sociales auténticas, y sin cadáveres políticos reciclados cada cuatro años.
Ciudadanos de Guatemala, estemos atentos. La historia nos exige valentía. No podemos permitir que estos burócratas impresentables, que buscan controlar la democracia desde las sombras, continúen imponiendo su voluntad sin resistencia.
Adelante, con espíritu de vencedores.
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