Presupuesto penitenciario para la dignidad

Poptun

En pleno siglo XXI, resulta inadmisible que el sistema penitenciario continúe funcionando con criterios y estructuras más propios del siglo XIX. A pesar de los avances normativos y de las declaraciones internacionales de derechos humanos, como las Reglas Mandela adoptadas en 2015 —que promueven el trato digno a las personas privadas de libertad y reconocen la labor esencial del personal penitenciario—, la realidad en países como Guatemala dista mucho de esos ideales.

El artículo 19 de la Constitución guatemalteca es claro: las penas privativas de libertad deben orientarse a la readaptación y a la reeducación de las personas privadas de libertad. Este mandato no es simbólico ni decorativo; constituye una obligación directa para el Estado. Sin embargo, sin recursos suficientes, toda promesa constitucional se convierte en letra muerta y en una profecía no cumplida.

Para lograr la reinserción no bastan las declaraciones bien intencionadas. Se requiere inversión en infraestructura penitenciaria, en programas educativos y terapéuticos, en personal técnico capacitado y en condiciones mínimas de dignidad. Pero, sobre todo, se necesita institucionalidad. Y ahí está uno de los problemas más graves y persistentes: el sistema penitenciario carece de estabilidad estructural.

En Guatemala, la figura del director general del sistema penitenciario es efímera. Algunos han durado apenas ocho meses, otros unas semanas y, en casos extremos, ni siquiera un mes. Esta inestabilidad ha convertido al sistema en una institución sin continuidad, sin liderazgo técnico, sin políticas sostenidas y, por tanto, sin rumbo. En un contexto así, ningún proyecto serio de reforma, dignificación o transformación puede consolidarse.

A esta ausencia de institucionalidad se suma el abandono estratégico: la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014–2024, titulada “Rehabilitación para la paz social”, ha caducado sin ser evaluada, revisada ni actualizada. La falta de planificación y seguimiento deja al sistema operando sin brújula, y confirma que, en la práctica, no existe voluntad de Estado para garantizar la función resocializadora que la Constitución impone.

Mientras tanto, el promedio de gasto por persona privada de libertad sigue siendo escandalosamente bajo: entre Q43.35 y Q108.92 diarios. Este monto debe cubrir infraestructura, alimentación, personal penitenciario, servicios de salud, seguridad y otros servicios. No se trata de otorgar privilegios, sino de cumplir con el mínimo de dignidad que exige un Estado de derecho. La prisión no puede ser solo un lugar de castigo: debe ser una oportunidad de reintegración. De lo contrario, la reincidencia es inevitable, y con ella, el deterioro de la seguridad ciudadana.

Reducir el sistema penitenciario a una lógica exclusivamente punitiva, sin tratamiento ni condiciones humanas, no solo agrava las violaciones de derechos humanos, sino que pone en riesgo a la sociedad en su conjunto. La gran mayoría de personas privadas de libertad regresarán algún día a la sociedad libre, y no podemos esperar que sean mejores ciudadanos, si lo único que han recibido del Estado es castigo, hacinamiento, abandono y desprotección.

La resocialización debe entenderse como un objetivo mínimo: evitar que las personas salgan de prisión peor de lo que entraron. Pero ello requiere voluntad política y asignación presupuestaria suficiente y sostenida. Por eso, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de dotar al sistema penitenciario de los recursos que le permitan cumplir su función constitucional. No se puede hablar de rehabilitación si no se invierte en los servicios básicos que deben garantizarse a las personas detenidas y que son esenciales para su reinserción.

Y no se puede hablar de transformación penitenciaria si cada ocho meses se reemplaza al director general y se arranca desde cero. Pero igual de grave es operar sin una política nacional penitenciaria vigente. Una institución sin memoria ni continuidad está condenada al fracaso. La transformación penitenciaria exige visión, constancia y un compromiso estatal que trascienda los ciclos políticos.

La responsabilidad no es solo técnica ni administrativa: es política, ética y estructural. Guatemala ha demostrado que nadie está exento de enfrentar un proceso penal. En los últimos años, han ingresado a prisión expresidentes, exvicepresidentes, diputados, ministros, alcaldes, funcionarios de alto rango e incluso exdirectores del propio sistema penitenciario. Entonces, ¿por qué seguimos tratando al sistema penitenciario como si fuera ajeno a nosotros?

Invertir en un sistema penitenciario digno, funcional y respetuoso de los derechos humanos no es un gasto superfluo. Es una inversión en seguridad ciudadana y en justicia social. Es también una medida elemental de coherencia: si la Constitución establece que la prisión debe servir para reinsertar, entonces hay que dotarla de los medios para que eso sea posible, lo cual debe ser tomado en cuenta en la discusión del proyecto de presupuesto para el año 2026.

De lo contrario, seguiremos acumulando crisis y reproduciendo violencia. Ha llegado la hora de asumir que el sistema penitenciario también es una prioridad nacional.

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