Anadie convence
El ilustre periodista Clemente Marroquín Rojas utilizaba la expresión cacharpa para referirse a las instituciones inútiles. Expresión usada con toda propiedad, pues, según el Diccionario de la Lengua Española es una voz de origen quechua que significa trastos de poco valor, y en Honduras y El Salvador hace referencia a un carro viejo. En la institucionalidad continúan abundando las cacharpas, aunque es preciso distinguir entre aquellas que son inútiles y las que son necesarias, pero funcionan con ineficiencia e ineficacia. Al generalizar se corre el riesgo de suprimir entidades esenciales para los fines del Estado, como fue el desmantelamiento del sector público agrícola al mismo tiempo que los Acuerdos de Paz contemplaban una estrategia de desarrollo rural que solamente podía implementarse con una institucionalidad renovada.
Una cacharpa reciente es la Ley de Alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, llamada de alianzas público-privadas (APP). Término convertido en lugar común, pues a toda actividad que involucra a sujetos o empresas privadas se le llama APP y, para elevarla a nivel de la estratósfera se le califica de alianza estratégica. Como de una cacharpa no podía salir algo que fuera más de lo mismo, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), no ha logrado convencer a nadie en los casi seis años de, seguramente costosa, existencia. Ni a los que consideramos que se trata de una ley y de una agencia superflua, pues lo procedente era fortalecer la normativa sobre la concesión contenida en la Ley de Contrataciones del Estado.
Tampoco convence a nadie su capacidad de generar proyectos ni a potenciales inversionistas. El único proyecto completo es el centro administrativo, para lo cual se plantea utilizar el antiguo predio de FEGUA, lo que provocó justificadas objeciones desde diferentes puntos de vista. Me parece que, aparte de lo ya señalado, no se justifica que se convierta en un negocio tipo concesión facilitarle al Gobierno las instalaciones para sus oficinas, ni tampoco su concentración en un punto determinado, por los graves y crecientes problemas de movilidad que tenemos en la ciudad. Lo más sensato es adquirir predios y construir edificios, o arrendar edificios con opción de compra, para que la administración pública retorne al Centro Histórico y de esa forma revitalizarlo de forma sostenible. ¿De dónde saldría el dinero? Pues muy sencillo, de racionalizar el gasto público.
«Para mayor sarcasmo, la ley incluye entre sus principios la rectoría del estado, a fin de garantizar el bien común.»
Volviendo a la ley de las APP, recuerdo que una distinguida economista, posteriormente titular del Ministerio de Finanzas Públicas, señaló en una oportunidad que se trataba de un adefesio. Seguramente tenía en mente temas como la integración del CONADIE, que mejor debiera llamarse con los mismos de siempre. Al incluir a dos representantes del sector empresarial los vuelve juez y parte, a los que se agregan, entre otros, el director Pronacom, un coto de caza del empresariado – y el Ministerio de Economía generalmente en manos de personas estrechamente vinculadas a los intereses de los empresarios. Para mayor sarcasmo, la ley incluye entre sus principios la rectoría del Estado, a fin de garantizar el bien común. Lo que hace es llevar el conflicto de intereses a su más alto nivel.
La última cacharpa salida de las fértiles mentes legislativas es el Instituto Guatemalteco de Migración. La pobreza conceptual es evidente, al definirlo como dependencia descentralizada del Ejecutivo. Si es dependiente podrá ser desconcentrada pero no descentralizada. Pero lo más grave es pensar que todo se soluciona con nuevas instituciones. Tenemos un Estado débil e ineficiente, entre otras razones, por lo obeso. Transformar en instituto la Dirección General de Migración no garantiza que los temas migratorios serán gestionados adecuadamente. Lo único seguro es que aumentará el costo con la compleja estructura prevista, que incluye 14 subdirecciones. Un número que nadie podrá controlar. En otra columna aludimos a las deficiencias de los asesores jurídicos del gobierno. El Ministerio de Trabajo y la Dirección de Migración plantean una acción de inconstitucionalidad contra una ley sancionada por el presidente y el Ministro de Gobernación. ¿No habría sido más coherente que el presidente -en Consejo de Ministros- optara por vetarla?
