Denuncia de ABUSO

Teorema

El martes 20 de febrero de 2024, el gobierno de Canadá estableció sanciones en contra de la Fiscal General Consuelo Porras, el Jefe de la FECI Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Jimmy Bremer.

El gobierno de Canadá acusa, juzga, declara culpabilidad y dicta sentencia ―en un solo acto― a las personas señaladas por: «Participar en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y después«. Según lo declarado, las personas señaladas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder» (el resaltado es mío).

El Castigo que el gobierno de ese país impone a las personas referidas: No podrán ingresar en Canadá dentro de la ley de inmigración y protección de refugiados. Además, el gobierno canadiense congelará cualquier activo que los señalados pudieran tener en el territorio de ese país

Rajani Alexander, Embajadora de Canadá en Guatemala, sigue las instrucciones de Melanie Joly, Ministro de Relaciones Exteriores de ese país. Ella a su vez cumple las órdenes emanadas del gobierno canadiense que desde 2015 dirige Justin Trudeau, su Primer Ministro. El gobierno decide la sanción, la embajadora la divulga localmente y Prensa Libre la destaca en su primera página con las letras más grandes de su repertorio y fotos de los cuatro condenados.

La información sobre Guatemala la recolecta, depura y traslada, la señora Alexander quién habitará en Guatemala durante el periodo de su gestión. El Ministerio a cargo de la canciller Joly debe revisar el reporte en cuanto a su veracidad antes de decidir alguna acción. Pero su único vecino puede ser tan “persuasivo” como cuando ordenó a Giammattei antes y a Arévalo después, viajar a Ucrania a darse de abrazos con su colega en apuros.

Quizá la embajadora Alexander no sea responsable por enviar un reporte sin sustento. Tal vez solo cumplía órdenes originadas en Ottawa o Washington. Si ella fuera la responsable, habría que preguntarle sobre las pruebas o evidencias a que haya tenido acceso para recomendar a su gobierno, las acciones tomadas en contra de los funcionarios guatemaltecos.

A partir de las frases empleadas todo parece indicar que se sigue un patrón de denuncia basado en informes de una prensa comprometida en contra de los sindicados. Basta leer los editoriales y columnas de opinión de los directores de esos medios. En general, la prensa sigue un guión que replica criterios mal intencionados y posiblemente falsos que buscan denigrar a la Fiscal. Si lo consiguen, los casos que lleva el MP en contra del grupo Semilla, del TSE y las posibles ilegalidades en las elecciones generales del 25 de junio de 2023, entre otros, podrían ser sobreseídos. La exfiscal Aldana, sus fiscales, los magistrados y los jueces que hoy son prófugos de la justicia, regresarán en calidad de héroes nacionales y muchos de ellos “forrados”. ¿Por qué considero la posibilidad de un complot y desconfío de la narrativa que, en mi opinión, busca ultrajar a los sindicados?

Una afirmación anónima declaró que la señora Porras era persona corrupta. El año pasado esa sentencia cobró mayor ímpetu. Pero ni en su origen, ni después, se aportó un señalamiento concreto; no exhibió ninguna prueba ni ofreció evidencia alguna. Solo fue una declaración escueta y temeraria pero letal que en algún momento suscribió el DOS. El mensaje pudo ser generado por un sofisticado NetCenter quien lo habría replicado, bajo pago, miles de veces, posiblemente utilizando robots informáticos creados por él mismo.

Propongo como evidencia circunstancial de lo anterior, que personas del interior, quienes no podrían identificar por su nombre a la señora vicepresidente ni a ninguno de los funcionarios del actual gobierno o del anterior, individuos políticamente analfabetos, en cambio supieran el nombre y apellido tanto de la Fiscal como del jefe de la FECI a quienes insultaban en sus pancartas exigiéndoles renunciar y llamándoles corruptos.

El mismo término «corrupto» es complicado. Tal complejidad hizo que Carroll de Rodríguez tuviera que acudir a Thomas Hobbes (SXVI-XVII) para ayudarnos a comprenderlo y usarlo con propiedad ¿Lo utiliza con propiedad el gobierno de Canadá? Confío en que la Excma. Embajadora sepa disculpar esa pregunta. Después de leer: “las personas señaladas han trabajado incansablemente para socavar la democracia”, es válido albergar ese tipo de dudas. Tan infortunada frase parece estar fuera del exquisito lenguaje diplomático. En cambio, se antoja como la construcción de un activista con formación precaria.

En octubre del año anterior hubo manifestaciones con cierto grado de violencia, ya que se impidió el paso de personas y vehículos por las carreteras e incluso por las calles de las ciudades. Quienes se opusieron e insistieron en pasar fueron retenidos, utilizando fuerza bruta. Las manifestaciones emplearon a muchas personas, en su mayoría campesinos con quienes ese movimiento cubrió todo el territorio nacional, de frontera a frontera. Durante más de un mes el tránsito de vehículos y personas fue obstaculizado. Los habitantes permanecimos bajo asedio e incluso muchos establecimientos suspendieron sus lícitas actividades y estuvieron cerrados.

Poner bajo estricto sitio a todo un país y a cerca de 18 millones de personas, casi la mitad de la población de Canadá debió requerir de altos gastos en transporte, alimentos, reclutamiento, administración, coordinación, viáticos, sueldos… Su financiamiento debió provenir del exterior, posiblemente de los impuestos de quienes tributan en otros países. Me permito preguntar (no afirmo ni acuso, solo pregunto) a la señora Alexander si su país contribuyó con fondos para financiar las manifestaciones de octubre de 2023.

No creo que nadie ponga en duda el triunfo del señor Arévalo en la elección de balotaje el 20 de agosto pasado. En cambio, sí existe evidencia circunstancial que permite dudar de los resultados de la primera ronda de elecciones, el 25 de junio anterior. Dos hechos permiten albergar esa duda. Por favor observe que esta no es una afirmación sino un supuesto, una posibilidad derivada de ciertas circunstancias.

Primero: Hubo un salto súbito entre la última encuesta confiable del periódico Prensa Libre, de una obvia inclinación a favor del señor Arévalo, y el resultado de la elección. La encuesta unos días antes de la elección le confiere 2.9% de la votación (un mes antes había tenido 0.7%). El TSE oficializa resultados dándole el segundo lugar con 15.5% de los votos. En menos de diez días, Arévalo habría captado unos 532 mil votos adicionales. Él pudo ser uno de los más sorprendidos.

Segundo. El voto histórico de Guatemala a favor de candidatos ubicados en la izquierda ideológica también se rompió ese 25 de junio. Considérense las últimas seis elecciones: Catalina Soberanis (1999) 1.3%; Rodrigo Asturias (2003) 2.6%; Rigoberta Menchú (2007) 3.1%; Rigoberta Menchú (2011) 3.2%; Miguel A. Sandoval (2015) 1.9%; Manuel Villacorta (2019) 5.2%.

Me parece, señora Alexander, que hay espacio para considerar la posibilidad de que la elección del 25 de junio de 2023 haya ofrecido resultados distintos de los oficializados por el TSE. La honorabilidad de sus magistrados no parece tener asidero alguno. Pongo en duda su honradez con base en dos hechos: primero la compra del sistema TREP por una cantidad que ha sido referida mayor que la cantidad pagada por el mismo sistema en otros países.

Segundo el periódico Prensa libre afín al señor Arévalo y al entonces aún partido movimiento semilla publicó en su edición el 20 de enero de 2023 que el TSE había comprado 250 computadoras pagando por ellas Q. 12.5 millones, lo que equivale a Q. 50 mil cada una, unos US $6,400 la unidad. En Amazon, computadoras de la misma marca, modelo y especificaciones se ofrecían por US $1,000 cada una, pero habían sido descontinuadas. El posible robo de los fondos públicos por parte de los magistrados se aproxima a Q. 10 millones, solo en esta parte. Hay más, mucho más.

Ambos sucesos ponen en duda la honorabilidad de los magistrados. Tal duda permite pensar que pudieron alterar el resultado de la votación a cambio de recibir dinero. Rehusaron practicar un recuento de votos, uno por uno, como si se hizo en El Salvador. ¿Por qué? No tengo prueba, ni evidencia suficiente para acusar a nadie. Tampoco tengo elementos válidos para asegurar, contundentemente, que la señora fiscal y las otras tres personas sancionadas por el gobierno de Canadá tengan una trayectoria de plena honradez y una conducta ética estricta. No conozco personalmente a ninguno de ellos. No he estado en un mismo salón o sostenido comunicación de ninguna clase con ellos.

El gobierno de Canadá tiene derecho de prohibir el ingreso a su territorio a quien quiera, por la razón que se le antoje. Dudo que le asista la ley para congelar, arbitrariamente, los bienes de una persona en su país. Estoy absolutamente convencido de que es una falta atroz en contra de la dignidad humana lo que ustedes hicieron al publicar sanciones con el fin avieso y hasta criminal de robar la dignidad de esos cuatro funcionarios guatemaltecos ¿A cuenta de qué?

Algunos ciudadanos de buena fe creemos que pudo haber habido fraude en la elección de la primera ronda celebrada el 25 de junio de 2023. Otras personas aseguran lo contrario. Indudablemente usted, cómo observadora, favorece la postura de quienes piensan que el conteo de los votos fue correcto. Personalmente respeto su opinión, aunque no la comparta.

¿No cree usted señora embajadora que una postura más sensata tendría que ser la de respetar la opinión de quienes dudamos de tal pureza en el conteo de los votos? ¿Y si nosotros tuviéramos la razón y fuera usted y quienes piensan como usted, los equivocados? Es necesario dilucidar quién tiene la razón y hacerlo de manera objetiva y, principalmente, civilizada, mucho mejor si esa forma permite conducir a instancias legales y que, de ser conveniente, el resultado de la investigación pueda ser judicializado.

De eso trata el mundo civilizado al que buscamos incorporarnos. Ya sufrimos buscando resolver conflictos con las armas. Ya murieron muchos guatemaltecos cuando la guerrilla, financiada por gobiernos extranjeros, quiso asaltar el poder. No queremos regresar a aquellos tiempos. Queremos que funcionen las leyes y que las instituciones a cargo de conducir tales procesos tengan mayor poder. Debemos fortalecerlas y, cuando menos, evitar que entidades extranjeras como el poderoso gobierno de EU y sus países aliados las debiliten.

Tenemos instituciones específicas que se encargan de investigar si se cometieron delitos o no se cometieron delitos. El Ministerio Público está a cargo de hacer esa investigación. Declaraciones como las que usted emitió en nombre de su gobierno erosionan la credibilidad en esa entidad y causan daño al país. Si Canadá tuviera un señalamiento concreto y evidencia legal que lo sustente, nos harían un gran favor y nos fortalecerá. Pero si solo repiten estribillos creados por un NetCenter bajo pago, causan un daño tremendo a nuestro país.

¿Qué es lo que el gobierno de Canadá y usted en lo personal, señora Alexander, quieren que suceda? ¿Por qué publican su declaración de condena sin permitir la previa defensa de sus acusados? ¿Acaso espera que los operadores de justicia se hinquen ante usted y su gobierno pidiendo perdón por estar haciendo el trabajo que deben hacer? ¿Espera que su declaración cause una presión tan alta como para hacerlos desistir de la investigación y en una declaración pública declaren, en vez de que lo haga un juez, que los magistrados del TSE son personas honorables y avalen los resultados de la elección del 25 de junio de 2023?

En la actuación suya Excelentísima Embajadora Alexander, y del gobierno de Canadá no puedo sino ver injusticia, perversión, inmoralidad, vileza, bajeza, maldad…

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