¿Avanzamos por la vía correcta en educación? (4)
El modelo socialdemócrata en América Latina, que pretendía disminuir moderada y progresivamente las inequidades socioeconómicas producidas por la economía de libre mercado, rebasó en Guatemala los marcos permitidos por los grupos tradicionales de poder. Los temores manifiestos a cualquier intento de fortalecer el Estado o, más aún, a los efectos no esperados en las dinámicas electorales como consecuencia de estrategias de gobierno se redujeron al mínimo. Por ello, las políticas sociales que vinculaban las líneas de acción del sector educación con los esfuerzos de reducción de la pobreza y la salud iniciadas en 2008 fueron sistemáticamente controladas a partir del año 2010.
La administración del Partido Patriota prácticamente desfiguró los programas sociales. La creación del Ministerio de Desarrollo Social resultó en un ente ineficaz y aún más oscuro que el Consejo de Cohesión Social. El drama para el país fue el impacto en la caída de la matrícula escolar, el cierre de los programas dirigidos a la juventud y el macabro debilitamiento de la red de atención en salud. Las becas o transferencias para que la niñez “aprendiera a pescar” fueron reducidas al mínimo. Se volvió al viejo estilo de incumplimiento constitucional para proveer la educación pública gratuita y se volvió a cobrar en los establecimientos públicos que no disponían de recursos para su funcionamiento. El interés de apropiación indebida de los recursos del Estado fue más importante que la definición de estrategias de cobertura. Así, en el nivel primario para el año 2015 solo 80 de cada 100 niños asistía a la escuela, en contraste con el 93% de niños que lo hacía en 2011. Este constituye el porcentaje de atención más bajo de América Latina.
Uno de los desafíos más grandes de esta administración es la definición de la estrategia para lograr la universalización del nivel primario. Dadas las circunstancias en que nos dejó la administración gubernamental pasada, es casi imposible lograr el propósito de universalización de 9 años de escolaridad, planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero si el Ministerio de Educación no logra definir esta estrategia nos encontraremos en la próxima década con niveles cercanos al 30% de población analfabeta, con mayores niveles de pobreza extrema y cada vez más rezagados con relación a los países centroamericanos.
Resulta obvio que medidas emergentes de reasignación de maestros para atender a las poblaciones estudiantiles mayoritarias son una necesidad, pero esto no resolvería el problema. Solo se trataría de vestir a un santo para desvestir a otro. Tampoco podemos seguir insistiendo en medidas que alrededor del mundo han mostrado que solo benefician a un sector reducido de la población, como son el sistema de vouchers o la privatización de las estructuras de la provisión de los servicios educativos de calidad.
Las actuales autoridades en el Mineduc y el propio presidente de la República están obligados a definir las acciones para incorporar a toda la niñez al sistema educativo. El Mineduc debe mostrar que está cambiando de rumbo con relación a la administración anterior y de manera urgente. Además, el Congreso debe actuar de manera responsable aprobando recursos suficientes para este propósito. La sociedad civil debe estar vigilante para que toda la niñez y juventud ejerzan su derecho a la educación como condición para la construcción de una sociedad viable y con posibilidades reales de desarrollo sostenible.
