
Carta abierta al Fiscal General
Kidon
El doctor Gabriel García Luna, anunció recientemente que pretende introducir tres ejes de acción inmediata en su gestión, el primero de ellos, la liquidación de la FECI, seguido de la revisión de casos polémicos, para finalizar con la prohibición de mediatizar los procesos de investigación por cualquier vía.
Es importante analizar doctor García, si la misión emprendida obedece a una iniciativa propia o a una imposición para obtener el cargo, pues luego de haber analizado a conciencia los puntos anunciados, considero que no cuentan con el soporte legal para ponerlos a funcionar y de buena fe, le pido que reflexione y que analice previamente esta decisión y tome en consideración que al final de cuentas usted será quien cargue personalmente por la responsabilidad de sus actos, no quienes le aconsejan motivados por algún interés.
En cuanto al tema de liquidar la FECI, no es un tema nuevo, desde que la derrotada CICIG, inició sus operaciones ideológicas de fabricación de casos en Guatemala, varios alzamos la voz y promovimos acciones constitucionales oponiéndonos a este experimento comunista lanzado desde las propias entrañas de la corrupta ONU, así como en contra de su brazo ejecutor la FECI.
El problema de hacerlo ahora es que sin lugar a duda dará lugar a pensar que el objetivo primario es desbaratar las investigaciones que pesan sobre Bernando Arévalo, sus ministros, colaboradores y todos los funcionarios del extinto partido Semilla, incluyendo a sus diputados y familias, más con los recientes casos de corrupción gubernamental que han salido a la palestra pública. Ello no da una buena imagen nacional y menos internacional, pues genera la suspicacia de que el verdadero sentido de la liquidación es garantizar impunidad para los sindicados.
Desde el punto de vista administrativo, generará un inconveniente también, pues como la fiscalía general es un solo cuerpo dividido en varias fiscalías, la FECI está ligada por investigaciones comunes con otras agencias fiscales, por temas de cooperación, de estrategia y competencia, y a la hora de iniciar el proceso de liquidación, los agentes fiscales se enfrentaran con varios inconvenientes no solo para realizar las tareas de investigación, sino que además por el tema de la comparecencia a las audiencias judiciales que se señalen, lo cual podría generar impunidad también.
En cuanto al tema de la revisión de los casos “polémicos” es importante establecer previamente si existe base legal para ello y el alcance que tendrá la revisión, pues tomando en consideración que el objeto constitucional del Ministerio Público es la investigación de los delitos y no la revisión de las mesas de trabajo de sus compañeros de oficina, como ex trabajador del Ministerio Público, me permito advertirle estimado colega que esa función no le compete a la institución que usted dirige sino a otra entidad.
Por favor, recuerde que las denuncias y en especial las judicializadas, no tienen otro mecanismo de control o revisión más que el que lleva a cabo el juez natural, el contralor o de garantías, quien por disposición constitucional toma el control de la investigación desde el preciso momento en que el fiscal se la pone a la vista y es desde allí, que ejerce esa fusión garantista que por un lado la convalida y por otro ejerce la tutela judicial efectiva de todos los sujetos procesales.
En caso la actuación fiscal no sea ajustada a la ley, existen figuras procesales que permiten al juez realizar dicha revisión y emitir un pronunciamiento judicial enfocado en orientar la misma, complementarla, verificar su avance y en todo caso sujetarla a la legalidad, incluso pudiendo ordenar el cambio de fiscalía o poner en conocimiento del fiscal general la existencia de un delito para su investigación.
Así que buscar la revisión de investigaciones sometidas al control de una judicatura constituye un acto ilegal que atenta no solo en contra de la certeza jurídica de los actos públicos, sino que, en contra de la administración de justicia y coloca a los sujetos procesales en una situación de indefensión; a menos que el verdadero interés de la revisión ilegal de las investigaciones sea un mero acto de venganza ya sea en contra de quienes promovieron las denuncias o exista una motivación especial por intereses políticos, ideológicos o de otra índole.
Pero, si usted considera que no existe impedimento para ello, será bajo su estricta responsabilidad, y en virtud del principio de igualdad, le solicito por esta vía, que también designe “fiscal revisor” para los casos donde compareció la finada CICIG, para que se investigue por ejemplo, el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el fallecimiento de Flavio Montenegro luego de su encarcelamiento ilegal, el supuesto suicidio de Pável Centeno, o los fallecimientos de los doctores Raúl Castañeda y Jesús Oliva, la muerte del ex diputado Barquín, así como las investigaciones que mantuvieron en prisión preventiva sin límite de tiempo a un grupo de enfermeras del IGSS, o a los hermanos Valdés Paiz, la agresión del joven Andrés Zimieri, en manos de los elementos de seguridad de esa entidad, o los sobreseimientos decretados por los tribunales de sentencia, debido a las malas investigaciones que se realizaron por parte de Iván Velázquez y Juan Francisco Sandoval.
Y desde luego, las investigaciones promovidas en contra de nuestros veteranos de guerra – posiblemente alguno de ellos, haya sido su instructor – y quienes a pesar de su avanzada edad, fueron sometidos a ilegales investigaciones por parte de la fiscalía de derechos humanos, asociada ilegalmente a un puñado de castristas derrotados en armas y que bajo la falsa consigna de crímenes de guerra, escondían grandes ganancias en concepto de resarcimientos, pagados por el pueblo de Guatemala a través de sus impuestos.
El tema de la mediatización de los procesos de investigación, se lo debemos a la derrotada CICIG y en especial a la transferencia de capacidades que todos aplaudieron en aquella época, hasta que les tocó vivirlo en carne propia.
Al final doctor en derecho y subteniente de reservas en el arma de infantería, Gabriel García Luna, respetuosamente le repito una pregunta que le hicieran recientemente: ¿Usted va a ser un fiscal general al servicio de un presidente o al servicio de Guatemala?
A un año de la primera vuelta electoral…




