El empresario como pilar del desarrollo nacional

Del Escritorio del General 

Las sociedades que prosperan no lo hacen por casualidad. Detrás de cada etapa de crecimiento económico existe una combinación de esfuerzo ciudadano, estabilidad institucional y, sobre todo, iniciativa empresarial. El empresario representa la voluntad de crear, invertir y asumir riesgos con la mirada puesta en el futuro. Su papel no es accesorio: constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la prosperidad colectiva.

A lo largo de la historia, el desarrollo económico ha estado estrechamente vinculado con la capacidad de los individuos para emprender. Desde la pequeña empresa familiar hasta los grandes conglomerados productivos, todos forman parte de una cadena que genera empleo, impulsa la innovación y dinamiza los mercados. Sin esta energía creadora, las economías se vuelven estáticas y dependientes.

El Estado moderno tiene una función necesaria: garantizar seguridad jurídica, infraestructura y condiciones mínimas para el funcionamiento ordenado de la sociedad. Sin embargo, su fortaleza depende en gran medida de la vitalidad del sector productivo. Son las actividades económicas las que generan los recursos que permiten financiar servicios públicos y sostener la estabilidad institucional. Por ello, la relación entre Estado y empresa debe basarse en cooperación, no en confrontación.

En Guatemala, la narrativa pública con frecuencia oscila entre extremos: o se idealiza al Estado como único motor del bienestar, o se desestima el valor social del emprendimiento. Una visión prudente reconoce que ambos actores cumplen funciones complementarias. El empresario genera riqueza; el Estado debe administrar con responsabilidad el entorno que permite que esa riqueza se traduzca en bienestar para la población.

Fortalecer al empresariado no implica ignorar la necesidad de regulaciones justas ni cerrar los ojos ante prácticas indebidas. Implica, más bien, crear un equilibrio donde la formalidad sea incentivada, la inversión sea protegida y el crecimiento económico se perciba como una causa nacional compartida. Un sistema tributario eficaz debería fomentar la expansión productiva y la confianza, evitando convertirse en un obstáculo para quienes generan empleo.

Guatemala cuenta con una economía resiliente y con un sector empresarial que ha demostrado capacidad de adaptación incluso en contextos complejos. Reconocer este esfuerzo no es un acto ideológico, sino una constatación práctica: sin inversión privada, las oportunidades disminuyen y el progreso se ralentiza. Por ello, resulta indispensable promover un clima de certeza jurídica, respeto a la propiedad y reglas claras que estimulen la actividad económica.

La discusión sobre el desarrollo nacional exige madurez y visión estratégica. El empresario no debe ser visto como un adversario social, sino como un aliado dentro de un proyecto de país que busca estabilidad, crecimiento y cohesión. Cuando la sociedad comprende esta realidad, se fortalece el tejido productivo y se abren caminos hacia una prosperidad más amplia y sostenible.

El desafío de nuestro tiempo consiste en construir consensos que permitan avanzar sin polarizaciones innecesarias. Apostar por el emprendimiento, la innovación y la responsabilidad institucional no es una posición extrema; es una ruta prudente hacia el fortalecimiento del país.

Adelante, con espíritu de vencedores.

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