Juez admite a PGN y fija indagatoria para el lunes

El juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, admitió ayer a la PGN como agraviada en el caso por sobornos y lavado de dinero que involucra a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y a una red de corrupción supuestamente encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, quienes fueron trasladados a la Torre de Tribunales.

Luego de esta resolución, y por petición de los defensores de los sindicados, el juez Gálvez suspendió la audiencia de primera declaración y la reprogramó para el lunes 25 de abril.

Los abogados pidieron el aplazamiento, a fin de poder conocer la imputación presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ayer también se conoció la resolución de la Sala de Mayor Riesgo, la cual confirmó la decisión del juez Gálvez de excluir a la PGN del proceso La Línea, por el que ya están procesados y en prisión preventiva Pérez y Baldetti.

Los defensores también solicitaron los audios de la declaración del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, quien rindió testimonio en calidad de prueba anticipada, pero el fiscal Francisco Sandoval indicó que esta grabación se escuchará en la audiencia.

El viernes pasado el MP y la Cicig revelaron la trama de corrupción que fraguó el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal y TCQ, filial de una empresa española.

La investigación detalla que TCQ pactó sobornos por un total de $30 millones, de los cuales $24 millones estaban destinados a “los socios locales (guatemaltecos)”. El dinero para el binomio presidencial se acordó en “tres pagos”, de los cuales Pérez y Baldetti habrían recibido al menos $4.2 millones cada uno.

El 15 de abril fue recapturado el ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, mientras que se emitió orden de captura internacional contra Allan Marroquín, quien fungió como interventor de la portuaria Quetzal.

Dicho viernes también fueron capturados el subinterventor Julio Rolando Sandoval Cano, así como  tres dirigentes sindicales de la portuaria Quetzal: Lázaro Reyes, Julio César Zamora y Julio Roberto Esquivel Orellana. Supuestamente, los tres sindicalistas recibieron sobornos por Q5 millones para “bajar el tono” de las protestas por el usufructo otorgado a TCQ.

El director de TCQ, Juan José Suárez, de nacionalidad española, también fue capturado, así como Jonathan Chévez, quien según el MP y la Cicig está vinculado al lavado de dinero, además de ser testaferro de Pérez y Baldetti.

“NO ES CIERTO”

Luego de que se suspendió la audiencia, el exmandatario Pérez Molina respondió preguntas de los periodistas y rechazó la sindicación en el caso TCQ.

“Qué casualidad que ahora salgan con otro caso, construido con base en un colaborador eficaz, un testimonio, un cuento”, dijo el exgobernante, al señalar que el caso TCQ fue revelado en la víspera del aniversario del caso La Línea, estructura que fue desarticulada el 16 de abril de 2015.

Respecto al usufructo otorgado a TCQ, dijo: “Si lo quieren anular o buscar otra figura se tendrían que ir con los otros 22 usufructos y prácticamente desmantelar la economía, porque más del 60% del comercio entra por puerto Quetzal.

Pérez afirmó: “Por ejemplo, el usufructo que tienen los azucareros, el puerto a granel, es un usufructo oneroso”. Agregó que bajo la misma figura funcionan Cobigua, la terminal de cruceros, de gas y de carbón.

Añadió: “Se lo están inventando. El caso La Línea se está cayendo y quieren montar otro caso”. “No hubo eso que están hablando de esos $30 millones; yo no recibí un centavo de eso y en su momento se va  a ir viendo có  mo está”, concluyó. Baldetti rehuyó las preguntas de los periodistas.

Otto Pérez Molina

Expresidente