La política que no miró sus resultados

Cuentas Claras

Toda política pública que promete resultados debería, en algún momento, medirse contra la realidad que produjo. No es un estándar exótico: es el mínimo que cualquier persona le exigiría a una decisión que compromete miles de millones de quetzales del erario. Cuando esa medición ya existe, ignorarla y repetir el mismo mecanismo no es prudencia; es la ausencia de un hábito institucional que debería ser elemental.

En abril, el Congreso aprobó bajo la figura de urgencia nacional un subsidio a los combustibles. Diecisiete días después llegó al surtidor: Q8 por galón de diésel, Q5 por cada gasolina. Corrió 62 días —no los 90 que prometía el decreto, porque el propio texto incluía la cláusula de «lo que ocurra primero» entre el plazo y el presupuesto asignado, y el presupuesto se agotó antes.

Una prueba que ya se hizo

Durante los dos meses completos en que ese primer subsidio estuvo activo, la canasta básica alimentaria urbana —el costo mensual per cápita de alimentación que mide el INE, no el gasto de un hogar completo— no bajó: subió en mayo a Q941.86, tercer mes consecutivo de alza según el propio Instituto Nacional de Estadística, y volvió a subir en junio a Q943.14. Algunos rubros sí bajaron, como vegetales y frutas, y es justo decirlo. Pero el balance neto, con el subsidio funcionando a toda máquina, siguió siendo positivo: la canasta costó más en junio que en mayo, y más en mayo que en abril.

El razonamiento oficial —que el diésel más barato se traduce en flete más barato y, de ahí, en alimentos más baratos— tuvo dos meses para demostrarse con el subsidio ya funcionando. La evidencia publicada por la misma entidad que la audita no lo confirma.

Un mercado que no siempre traslada el beneficio

Hay una razón estructural para eso, y no requiere suponer mala intención de nadie: el mercado guatemalteco de hidrocarburos está concentrado en apenas tres importadores, que controlan entre 91% y 95% del volumen. Un subsidio de este tipo entra por el eslabón más concentrado de la cadena y depende de que ese eslabón traslade el beneficio hacia abajo en cada etapa siguiente —terminal, distribuidor regional, expendio—. Cada etapa es una oportunidad para que el beneficio no se traslade íntegramente al consumidor, en vez de reflejarse como descuento. La sanción prevista en el propio decreto para quien no lo traslade —30 Unidades de Multa Ajustable— es, por diseño, un monto fijo que no escala con el volumen de quien la recibe: para una empresa que mueve cientos de millones de quetzales en volumen mensual, incluso en su cifra más alta esa sanción sigue siendo, en proporción, un costo menor frente al beneficio de no trasladar el descuento —no una disuasión real.

El segundo experimento, erosionándose antes de nacer

El 24 de julio, con las carreteras bloqueadas desde la madrugada, se anunció la segunda ronda: Q12 por galón de diésel —50% más que el monto anterior—, Q3 en regular —40% menos— y, por primera vez, cero para la gasolina superior. El monto sube; la cobertura se concentra. Ninguna entidad ha publicado el criterio técnico que explique por qué la superior pasó de recibir algo a no recibir nada —y sin ese criterio, la pregunta legítima no es si la medida es ilegal, sino si es arbitraria.

Un solo día después del anuncio, el 25 de julio, el precio de referencia que sirvió de base para calcular esos montos ya había cambiado: la regular y la superior subieron Q1.00 por galón y el diésel Q1.50, según registros públicos verificables en rótulos de gasolineras. Antes de que el Congreso votara una sola vez, el mercado ya había erosionado cerca de un tercio del alivio prometido a la gasolina regular.

La aritmética tampoco cierra. Con el mismo patrón de consumo que dejó el primer subsidio —dato ya observado, no una proyección—, extender los nuevos montos hasta el 31 de diciembre costaría alrededor de Q4,571 millones, frente a los Q3,480 millones que el gobierno anunció como disponibles: cerca de Q1,091 millones de diferencia, un tercio más de lo presupuestado, antes incluso de empezar a ejecutarse. Es, casi al pie de la letra, el problema que Ludwig von Mises describió hace más de setenta años: ningún presupuesto fijado con meses de anticipación puede anticipar con certeza un consumo y un precio internacional que cambian todos los días. Esa apuesta ya se perdió una vez. Está a punto de repetirse.

La alternativa que sigue esperando

No se trata de un problema sin solución conocida. La idea de eliminar —no transferir, eliminar— los impuestos que ya se cobran sobre los combustibles viene circulando en el debate público y en el propio Congreso desde antes del primer subsidio, sin que ninguna versión se convirtiera en ley. El mecanismo reduce lo que el Estado cobra en cada eslabón, en vez de transferir dinero a través de un intermediario que después decide si lo traslada. El ahorro llega al consumidor porque nunca se cobró, no porque alguien decidió devolverlo.

El argumento oficial para descartarla ha sido que es un proceso «complejo» y «lento». El precedente internacional no respalda esa lectura: Georgia y Maryland, en Estados Unidos, suspendieron sus impuestos estatales a los combustibles el mismo día en que se firmó la ley, sin meses de reglamento.

Alberta, en Canadá, va más allá: opera desde 2022 una fórmula automática que ajusta el impuesto provincial cada trimestre según el precio internacional del petróleo, sin necesidad de una decisión política nueva cada vez que sube el precio. Un estudio del Penn Wharton Budget Model midió, no supuso, cuánto de ese alivio llegó al consumidor: entre 58% y 87% según el caso, cifras superiores a cualquier evidencia de traslado que el gobierno guatemalteco haya publicado sobre sus propios subsidios.

Nada de esto exige suponer mala fe. Basta con mirar los incentivos que enfrenta cualquier gobierno bajo presión de bloqueos activos: el costo de una crisis se paga hoy, frente a las cámaras; el costo de haber tramitado a tiempo la alternativa que reduce impuestos en vez de transferir dinero se habría cobrado después, probablemente bajo otra administración. El economista Robert Higgs documentó ese patrón hace casi cuarenta años: el Estado rara vez retira por completo una intervención cuando la crisis que la justificó desaparece. Deja, en cambio, un nuevo punto de partida, más alto que el anterior, listo para la siguiente crisis. Aquí ese peldaño ya es medible: de Q2,000 millones a Q3,480 millones anunciados —y ya corto en mil millones antes de empezar.

Cuando un experimento ya produjo resultados medibles, repetirlo sin explicar por qué esos resultados fueron insuficientes deja de ser una política pública basada en evidencia. Se convierte, simplemente, en un acto de fe.