Los pactos y las visiones extremas
Siguen, con mala fe y argumento burdos, los análisis y declaraciones que satanizan los pactos colectivos en el sector público. En enero pasado titulamos una columna Hay pactos y pactos. Resulta obvio que, por el hecho de que unos pactos contengan acuerdos perjudiciales, no todos los pactos van a caer en esa condición. Igualmente, porque haya pactos correctos, no podemos afirmar que todos lo son. Es necesario revisarlos con ecuanimidad.
Respecto al pacto del Ministerio de Educación demostramos en un artículo que los aumentos son razonables. Aún se encuentran muy lejos del poder adquisitivo de los sueldos del magisterio de los años 80. La revisión que hizo el Lic. Oscar Rivas en Lineamientos para la negociación colectiva en el sector público (publicado por Asíes) concluía que no contiene cláusulas lesivas. En el caso de Salud Pública los arreglos salariales son igualmente sensatos. Permiten que el sueldo máximo de una enfermera pase de Q1,682 a Q4,398, y el de un profesional III, de Q3,287 a Q8,336. El último ministro de Salud de Pérez Molina volvió a despotricar contra esos ajustes. Se ve que pasó de noche por el ministerio.
En el otro extremo tenemos al secretario general de un sindicato del Congreso. En A primera hora, de Emisoras Unidas, dijo con total desparpajo y cinismo que los elevados sueldos de muchos empleados no son el problema. El problema son los salarios del resto de la población, que en su mayoría no alcanzan para cubrir el costo de la Canasta Básica Vital.
Ciertamente, tenemos una intolerable precariedad salarial. El ingreso promedio de los ocupados, según la ENEI de 2015, es de Q2,129 mensuales y en el área metropolitana de Guatemala, de Q3,354. El quintil de más altos ingresos (el 20% mejor pagado) tiene en promedio Q5,977 mensuales, y el de los directores y gerentes es de Q8,254. En el Congreso la contadora general devenga Q76 mil mensuales; un supervisor de conserjes, Q30 mil; el asistente del diputado Arévalo Q44,800 y el conserje de la bancada del PP, Q29 mil.
En España —cuyo Ingreso Nacional Bruto, en paridad de poder adquisitivo, es 5.2 veces mayor que el de Guatemala— el salario promedio mensual de 2015 equivale a Q13,776. Los ingenieros son los profesionales mejor pagados. Un ingeniero superior industrial, con 10 años de experiencia percibe Q42 mil, y un ingeniero aeronáutico senior devenga Q69,720. La contadora legislativa gana 9% más que el ingeniero aeronáutico; el asistente del diputado supera en 5% al ingeniero industrial, y el conserje del PP obtiene 2.1 veces el salario del español promedio. Así que por donde se les vea, los salarios de buen número de empleados del Congreso serían desmesurados en un país como España, ya no digamos en Guatemala.
Esos salarios resultan del incremento del 10% sobre el sueldo base, pero también de que fueron aplicados sobre el total de la remuneración y de la arbitrariedad con la que se fijan los salarios del Congreso. Todo esto, en un entorno donde muchos diputados tienen plazas fantasmas; se apropian una parte del sueldo de sus “recomendados”; hacen fiesta con las cajas chicas; negocios con los proyectos de los Codedes, y chantajean a los ministros para obtener contratos de obras, de arrendamientos y de suministros, y más plazas.
Por lo que es imperativa una revisión salarial y del pacto, que solamente puede darse vía la negociación, con una fuerte presión social. Pero eso de nada servirá, si no hay un cambio sustancial en la forma como funciona el Legislativo y se desempeñan los diputados. Y también deducir responsabilidades civiles a todos los diputados que aprobaron el pacto.
Es imperativa una revisión salarial y del pacto… Y también deducir responsabilidades civiles a todos los diputados que aprobaron el pacto.
