Persecución implacable
Teorema
Algunas veces, pocas veces, acontecen sucesos positivos que impactan la estructura misma del país. Son como un terremoto, pero al revés. A diferencia del sismo, del que todos hablamos y comentamos con angustia haciendo que nos unamos en dolor, el evento positivo casi no lo percibimos. La prensa lo minimiza, convencida de que nuestra estructura de legalidad, económica o política está mal y debe seguir así. Pero no es verdad. Todo cambia y los cambios son fundamentalmente positivos. Frente a nosotros, los guatemaltecos, hoy tenemos uno de esos cambios capaces de impactar a las generaciones más jóvenes y a las del futuro. Es el legado de la generación que va de salida.
El incidente que llegó a ser emblemático, ejemplar, de máxima trascendencia en la historia judicial de Guatemala, tanto que la población aún no parece haber percibido toda su dimensión, se inició el 14 de julio de 2022, cuando un ciudadano compareció ante el MP manifestando que, al intentar afiliarse a un partido político, encontró que aparecía inscrito en otro sin haberlo consentido jamás. Sus datos personales figuraban en las hojas de adhesión del partido Movimiento Semilla (Semilla). Su firma había sido falsificada. El Ministerio Público ―MP― actuó de forma muy profesional para corroborar la veracidad de la denuncia. Solicitó al INACIF hacer el análisis grafológico de firmas, el que concluyó validando la veracidad de la denuncia.
Después, una cosa condujo a otra. Ocho meses más tarde, la Fiscalía especial contra la impunidad ―FECI―, a cargo del caso, había encontrado que 8,121de las inscripciones eran falsas. Quedó plena, absoluta y legalmente demostrado que hubo fraude. No sólo eso. En este crimen, cometido contra todos los pobladores de Guatemala, también habían participado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ―TSE―, a través del Registro de Ciudadanos ―RC.
Quizá antes ya había sido inscrito uno o más partidos políticos mediante fraude. Militantes inmundos y burócratas venales siempre los hubo. Pero también hay sindicaciones, con base en evidencia probatoria sólida, de manoseo de los resultados a favor, precisamente de Semilla, el partido inscrito mediante fraude.
El complot implica además al gobierno de Estados Unidos ―EU― a través de su Departamento de Estado y su Embajada en Guatemala, la que debió ordenar a los embajadores de los 27 países que forman la UE, a los que se unió agregó Noruega, UK, Suiza, Islandia y otros. Hubo fiesta y todos llegaron, incluso los colados como Canadá y Australia. Visto así, y no hay otra forma de verlo con integridad, se trata de un complot que supera al caso Dreyfus en 1898, el escándalo Watergate en Washington DC en 1972 que terminó con la dimisión y descrédito del presidente Nixon en 1974 o el complot contra Sadam Hussein en Irak, en 2003 que llevó su ejecución en 2006.
En marzo de 2023 la FECI notificó al TSE que en las hojas de adhesión de Semilla había: a) firmas inexistentes b) personas fallecidas c) números de DPI que no coincidían con los nombres registrados. Argumentó que con esas irregularidades el partido no cumplía el mínimo de afiliados, que su participación en el proceso electoral era ilegal y que lo debían suspender. El RC debió detectarlo y no lo hizo. Ahora el asunto estaba en manos de su órgano superior, el TSE que debió impedir que Semilla participara. Alguien se había «colado» a la fiesta y había que sacarlo; pero no lo hicieron.
El TSE sostuvo que una vez iniciado el proceso no podía evitar la participación de ningún candidato. Debían acudir a la vía judicial. Para suspender provisionalmente a Semilla, la FECI acudió a la vía judicial con toda su documentación probatoria y la obtuvo. El 12 de junio de 2023 llevó la orden de un juez penal ordenando suspender a Semilla. El TSE la desobedeció, pese a que el 21 de mayo anterior había deshabilitado a Prosperidad Ciudadana cuyo candidato presidencial, Carlos Pineda, ocupaba el primer lugar (23.1%) en intención de voto, mientras Bernardo Arévalo de Semilla ocupaba la penúltima posición (0.7%), según la encuesta de ProDatos publicada en Prensa Libre, merecedora de toda confianza.
El MP inició acciones penales contra los magistrados del TSE y el RC. Les indicó que desobedecer una orden judicial es punible. Ligó a proceso a cuatro funcionarios; dos de ellos aceptaron los cargos. El juez Orellana ordenó investigar a Blanca Alfaro por obstaculizar la justicia y por contrataciones irregulares. La CC, que fue favorable al TSE durante casi todos los esfuerzos del MP, anuló órdenes de captura y aceptó solicitudes de amparo. El MP, imperturbable en su empeño por la justicia, siguió presentando pruebas e insistiendo en la nulidad electoral.
La defensa legal de Semilla fue pobre y sin sustento jurídico. En cambio, promovió intensa actividad mediática para desprestigiar a Porras, Fiscal General, y al fiscal Curruchiche de la FECI. Su «guerra sucia» fue exitosa. Tanto, que aún hoy, cuando ya ha sido plenamente demostrado el fraude cometido por Semilla y que absolutamente todos los procedimientos de investigación fueron desarrollados dentro del marco legal, muchas personas tienen opinión negativa contra ambos funcionarios.
Además, Semilla instigó las protestas de los «48 Cantones» de Totonicapán que empezaron el 2 de octubre de 2023, exigiendo la renuncia de Porras y de Curruchiche a quienes tildaban de corruptos. ―Hay que resaltar lo falso de esa denuncia ya que jamás se presentó ninguna mención concreta, mucho menos prueba alguna, en ese sentido―. Todo el país estuvo paralizado con bloqueos en carreteras y ciudades. Hubo hasta 138 puntos de asedio simultáneos. En ciudades del interior los comercios, mercados, restaurantes… mediante amenazas y destrucción de instalaciones hubieron de cerrar.
Después de tres semanas de asedio, los líderes de las revueltas suspendieron los bloqueos y concentraron la protesta en la calle frente a la sede del MP en Gerona. Cerca de 300 personas hacían plantón durante la noche y la madrugada. En el día la cifra subía a mil individuos. Estuvieron allí 106 días que terminaron el 15 de enero, horas después de que asumiera el gobierno de Semilla. Las manifestaciones llegaron a contar con más de 50 mil personas el 20 de octubre.
Totonicapán es uno de los departamentos más pobres del país, tiene 40% de pobreza extrema y un índice de desarrollo humano precario (0.602). Solo 20% de estudiantes de ciclo básico puede leer con alguna fluidez. La escolaridad media es de 4.5 años. Un tercio de la población infantil padece desnutrición crónica. Hay entre 22 y 25 muertes por mil nacidos vivos. Su ingreso anual es de US $3,470, que representa 56% de la media nacional.
Esos datos señalan que en la práctica, es imposible para un grupo numeroso de personas abandonar a su familia, dejarlo todo, para manifestar públicamente con base sólo en altos valores cívicos y ciudadanos. Debió haber asistencia económica y dirección estratégica y logística de alto nivel. Quizá hubo sistemas de posicionamiento satelital para coordinar los bloqueos en todo el país. Que un hombre abandone su población, familia y entorno social, que se exponga a arduas jornadas de «trabajo», incomodidades para dormir, incluso a la intemperie, alimentación diferente de sus hábitos y que incurra en costos de movilización, requiere de un pequeño capital. Quizá entre 15 y 20 mil dólares por 106 días, quizá más. Se sabe que no hay esa capacidad de ahorro entre los habitantes más pobres de Totonicapán y del país entero.
Por otra parte, Semilla, al finalizar una campaña política, como cualquier otro partido, habrá tenido más deudas que ahorros e incapacidad para financiar la suma millonaria que significó esa movilización masiva. Los empresarios exitosos tienen proyectos donde invertir sus excedentes. Pensar en los narcos es ir muy lejos. Así, la posibilidad de que los fondos vinieran de afuera es alta. Rumores sin confirmación hablan de dinero proveniente, principalmente, de USAID.
Ya en el poder, el gobierno de Semilla utilizó todos los medios a su alcance para expulsar a la Fiscal. Se unieron en ese esfuerzo muchos diputados, quienes incluso intentaron cambiar la ley. Acciones de intimidación física obligaron a la Fiscal a redoblar su seguridad y dormir en distintos sitios, incluso en el edificio del MP. Pese al enorme poder y recursos del gobierno, jamás consiguieron debilitar a una fiscal que con un libro en la mano asestó sendos «constitucionalazos» a quienes la atacaban. Carlos Molina Mencos asegura que la Constitución es buena, pero no se aplica. Quizá tenga razón. Esta vez la Fiscal la usó y derrotó ampliamente al gobierno de Semilla y sus funcionarios.
El gobierno de Biden mantuvo su apoyo ilícito. Su Secretario de Estado, A. Blinken, antecesor de Rubio, en vez de discutir con Lavrov, Wang Yi, Araghchi o Gideon Sa’ar se dedicó a hostigar a Consuelo Porras. A EU se sumaron, sumisos, los 27 gobiernos de la UE y otros, quienes la acusaron de socavar la democracia; el Estado de Derecho; la transición pacífica del poder; intentar invalidar los resultados electorales de 2023; acosar a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera; atacar la independencia judicial y obstruir la justicia.
Suiza, Noruega, Islandia, UK, Canadá y Australia se unieron a los 27 países de la UE, contra la Fiscal Porras. ¿Qué pensarán hoy, cuando quedó plenamente demostrado que estuvieron del lado equivocado en un conflicto donde no debieron estar? Esos países, hoy humillados por EU, la penaron prohibiendo que ingresara a sus respectivos territorios que forman casi dos continentes. Ella no tenía activos allí, pero de todas formas se los congelaron. Sólo con Putin fueron tan severos. No creo que haya rastro de vergüenza en esos gobiernos. No levantarán sus sanciones, porque hacerlo sería una forma de expiación. Por su parte, en Guatemala el MP nunca detuvo sus investigaciones.
El MP mantiene activo el caso Transmisión de Resultados Electorales Preliminares ―TREP―, que aún no ha concluido con una sentencia de Fraude Electoral. El MP presentó gráficas y capturas de pantalla mostrando que hubo precarga de datos o que el sistema los contenía antes de que las juntas receptoras de votos enviaran las actas oficiales.
Situación procesal: estos hallazgos han sido entregados al juzgado como parte de la acusación. No obstante el TSE, la OEA y la UE han rechazado públicamente esa sindicación. Afirman que el MP interpretó como datos precargados lo que era en realidad pruebas de estrés del sistema o configuraciones de red, que no afectan el conteo físico de las actas de papel que son el sustento legal del voto en Guatemala. Uno no puede sino preguntarse ¿Qué hacen estas organizaciones interviniendo en el sistema legal nuestro? ¿Es lícito desde la perspectiva del derecho internacional que lo hagan?
El MP ha tomado declaración a personal administrativo y a técnicos contratados para el conteo de los votos del evento electoral. Algunos de esos testimonios han sido utilizados para solicitar órdenes de captura contra los magistrados y personal del departamento de informática del TSE. Sin embargo, para que un testimonio sea considerado como prueba definitiva, debe ser ratificado en un debate oral y público ante un tribunal de sentencia. Parte de estos testimonios se encuentra en fase de investigación o instrucción. Algunos han sido cuestionados por la defensa de los implicados, quienes alegan coacción o falta de sustento técnico. Algunos jueces han dictado falta de mérito a favor de trabajadores del TSE argumentando que la MP no ha logrado demostrar que las irregularidades informáticas hayan cambiado efectivamente la voluntad expresada en las papeletas físicas.
En nuestra Guatemala, la justicia se institucionaliza en el MP, el OJ y la CC. Es mi opinión, y espero que también la suya, estimado lector, que el MP ha hecho un magnífico trabajo los 8 años anteriores. En el OJ, parte de los jueces ha conseguido que sus decisiones sean respetadas. Han ganado a pulso que se admire la dignidad que merece su posición como destacados miembros del sector justicia. No todos. Lamentablemente otros mantienen el comportamiento vergonzoso de décadas atrás. La CC, por su parte, sigue quedando en deuda con la sociedad. De manera progresiva se ha convertido en un ente permeado por la política partidista cuyos principios y valores son sustituidos por negociaciones vergonzosas. La forma como se elige a sus magistrados podría ser la causa.
Con todo, veo un futuro promisorio para el Sector Justicia. El MP ha creado escuela. Algún día, ojalá, los actuales fiscales y otros funcionarios del MP ocuparán cargos importantes en las otras organizaciones de ese Sector. Así sea.
