Perspectiva Política para el 2025

Nadie puede predecir el futuro. El número de variables desconocidas que influyen en la conducta humana no le permite a nadie “adivinar” que ocurrirá en el momento siguiente a aquel en que aventura una opinión sobre lo que podría acontecer.

Sin embargo, la tendencia humana a especular sobre el futuro pareciera estar incrustada en nuestro ADN, afirmación que también constituye una especulación. Hecha esta necesaria aclaración, es posible elaborar algunas hipótesis y hacer deducciones derivadas de los acontecimientos de la vida política que nos ha tocado vivir hasta hoy.

Tanto Guatemala como Estados Unidos (EUA) tienen un enemigo en común: el Departamento de Estado (DOS) que es la parte más visible de la burocracia federal o Estado Profundo fuera de las fronteras de ese país, pero desgraciadamente no dentro de su territorio, en donde recibe poca atención, con una casi nula supervisión del Congreso, quien los protege por ser muy útiles en las guerras que enriquecen a los grupos de poder denominados peyorativamente “establishment”.

El DOS tiene a su cargo la política exterior de EUA e interviene de una manera condenable en los asuntos internos de países como Guatemala, en una abierta y flagrante violación no solo de la soberanía nacional sino de los más elementales principios de derecho internacional.

Los temas más sensibles en esta trama son la migración ilegal y el narcotráfico, atrás de los cuales se ha descubierto una red criminal de esclavitud infantil que se utiliza para alimentar su explotación en actividades laborales, de abuso sexual, pedofilia, tráfico de órganos, extracción de adenocromo, engrosamiento de las filas de las pandillas, y cuanto abuso es capaz de imaginar una mente perversa.

El escándalo que llevó al arresto de Jeffrey Edward Epstein el 6 de julio de 2019 por cargos federales de liderar una red de tráfico de menores en Florida y Nueva York, y su dudoso suicidio o probable asesinato en prisión el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, destapó un escándalo descomunal acerca de que en una isla privada de su propiedad en las Islas Vírgenes se practicaban las más abyectas aberraciones sexuales, con la participación de algunos personas poderosas y altos funcionarios públicos estadounidenses de cuyas actividades tenía grabaciones secretas para su chantaje eventual. No se duda de que por esa razón haya habido una intensa campaña para impedir la publicación de la lista de los nombres de los personajes que visitaban asiduamente esa isla. 

La denuncia y revelación del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) el 19 de agosto de este año sobre la desaparición en territorio estadounidense de más de 320,000 niños de los cuales 85,000 son guatemaltecos, alertó sobre la existencia de una red internacional de trata de personas con la complicidad de funcionarios del régimen de Joe Biden.

Tara Lee Rodas oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) del Gobierno de Estados Unidos, encargado de impedir el maltrato infantil, ha revelado como en nuestros países los menores son arrebatados a sus familias con engaño, introducidos de contrabando por la frontera sur de su país y traficados como mercancías al mejor postor. Ella exige el rescate de estos niños y la persecución penal de los responsables. Por haber revelado estos hechos delictivos Tara Lee Rodas fue removida de su cargo.

La investigación del Ministerio Público (MP), sobre la desaparición en Estados Unidos de esos más de 85,000 niños guatemaltecos, llevó al registro y secuestro de evidencia en la sede de la ONG “Save the Children” de la cual fue fundadora y presidente la esposa del presidente Joe Biden, hecho que podría explicar una llamada de la embajada estadounidense al fiscal del Ministerio Público encargado del caso, pretendiendo que se detenga la investigación. El Ejecutivo ha tratado de minimizar este escándalo haciendo una defensa oficiosa de los implicados, lo cual despierta sospechas fundadas sobre la posible veracidad de las especulaciones públicas sobre el involucramiento de funcionarios demócratas en este escándalo.

Eso también explica los esfuerzos del DOS para defenestrar a la Fiscal General quien a pesar de todos los ataques imaginables contra su reputación, no ha podido ser amedrentada para detener sus investigaciones sobre la corrupción propiciada por burócratas estadounidenses en colusión con funcionarios de la administración de la ex fiscal Thelma Aldana de los cuales el más señalado es Juan Francisco Sandoval y jueces cooptados por la embajada estadounidense como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y otros , quienes se encuentran prófugos de la justicia y han sido protegidos por el DOS en el propio territorio de USA.

Esos hechos también permiten deducir -ahora con la corroboración de declaraciones de Brian Nichols– porqué el DOS conspiró para colocar en la presidencia de la República a Bernardo Arévalo, quien ha continuado la labor de ataques infundados del DOS contra la Fiscal General, con el propósito de conseguir impunidad no solo para los funcionarios que lo impusieron fraudulentamente en el cargo que detenta, sino para sus conocidas actividades delictivas en la constitución del partido Semilla y su fraudulento ascenso al poder.

Así las cosas, de las denuncias públicas de las actividades delictivas de los burócratas del régimen de Joe Biden podríamos deducir que algo grande está por salir a luz y que eso implicará un cambio de rumbo en la política estadounidense hacia nuestro país. El presidente electo Donald Trump y Tom Homan el designado nuevo Zar de la Migración en EUA han prometido encargarse de este asunto como una de sus prioridades, desde el primer día de su gobierno.

A esto hay que sumar las investigaciones que ya habían iniciado algunos miembros de los Comités de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado Estadounidense y las recientes denuncias del periodista investigador Ryan Matta, quien ha hecho pública toda la trama criminal que subyace en las actividades del Departamento de Estado sobre el tráfico de menores, su conexión con el fraude electoral en las elecciones generales del 2023 y los ataques mediáticos infundados contra la Fiscal General Doctora Consuelo Porras Argueta.

Esos hechos, que constituyen un secreto a voces, son sólo la punta del iceberg de las actividades criminales que desde el tiempo de la CICIG, instrumento ejecutor del DOS, han venido realizando en Guatemala los diferentes embajadores y personal de la embajada estadounidense, coaccionando, amenazando, y difamando desde diputados, fiscales, abogados litigantes, jueces y magistrados, hasta empresarios que no se han sometido a su nefasta agenda política, en un abuso sin precedentes de la soberanía de Guatemala y una violación condenable de los derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso.

Esas actividades delictivas no habrían sido posibles si los jueces y magistrados guatemaltecos que han tenido en sus manos los expedientes que se han promovido para sancionar estos abusos, hubiesen resuelto sin temor a la coacción y amenazas de represalias del DOS y cumplido con su obligación constitucional de hacer valer el imperio de la ley, pues las denuncias penales, amparos e inconstitucionalidades que algunos guatemaltecos valientes han interpuesto contra estos hechos, han sido inaceptablemente desestimadas. 

Es de esperar que al desaparecer la coacción y amenazas del embajador Tobin Bradley y sus secuaces como Patrick Ventrell, sobre jueces y magistrados, finalmente se resuelva la denuncia de fraude electoral cuyas pruebas el MP puso en manos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral quienes en un flagrante incumplimiento de sus deberes se niegan a resolver hasta la presente fecha.

Esto podría abrir el camino para que finalmente con base en el fraude cometido en las elecciones generales de 2023, del cual ya hay suficiente evidencia revelada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, se anulen esas elecciones y se reencauce el país por el sendero de la legalidad.

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