Plazas fantasmas
La semana anterior se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, y en uno de los actos el vicepresidente Jafeth Cabrera, señaló que se espera que para el próximo año se efectúe un censo para descartar la existencia de plazas fantasmas en las entidades del Estado. Este censo es importante hacerlo porque se habla de la existencia de otras plazas en varios ministerios, empezando por la cartera de Salud donde hay miles de trabajadores. Se aduce que hay personas contratadas pero se desconoce si asisten a sus labores. Sin duda a través de los años esta anomalía se ha dado en algunas dependencias del Estado y se hace necesario que este censo se haga en todos los ministerios y en entidades públicas, no solo en la ciudad, sino a nivel departamental.
Las plazas fantasmas este año dieron mucho qué hablar, empezando por las descubiertas en el Congreso, en el cual varios diputados estuvieron involucrados en estas anomalías. En algunos casos les dieron plazas a personas que nunca llegaron a trabajar, les abrieron cuentas en varios bancos y les daban una parte del dinero y la otra se la quedaban otras personas del Legislativo, pero había un diputado de tras que tomaba la mayor cantidad de dinero. La corrupción en varias entidades del Estado persiste y se debe poner un hasta aquí, para que ya no vuelva a pasar. En el caso sonado de las plazas fantasmas en el Congreso se ha capturado a tres diputados y se pidió antejuicio contra siete de ellos. A los diputados capturados se les imputan los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. Por el caso de plazas fantasmas en el Legislativo están sindicados: José Luis Mijangos, exdirector general del Congreso, José Luis Mijangos Contreras. Los exdiputados Édgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejada (prófugo), y Carlos Humberto Herrera Quezada.
Se solicitó antejuicio contra Arístides Crespo Villegas (a quien se le agregó el delito de nombramientos ilegales). Además a Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón. La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales. Esta forma de contratación ilícita de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no solo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio, esto según la CICIG.
