¿SE ACERCA LA TORMENTA? (II)
Una Guatemala Diferente Es Posible
Estados Unidos, el narcotráfico y el posible cerco a las elites políticas de America Latina.
Durante décadas, los Estados Unidos han recopilado información de inteligencia sobre el narcotráfico internacional, las rutas del trasiego de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y los vínculos entre estructuras criminales y sectores políticos en América Latina; lo que durante muchos años parecía limitarse únicamente a la captura y extradición de narcotraficantes, hoy parece entrar en una nueva etapa mucho más compleja y delicada para determinados grupos de poder en la región.
Las recientes acciones emprendidas por las autoridades norteamericanas contra estructuras criminales en México, el endurecimiento de sanciones financieras y las investigaciones relacionadas con operadores de lavado de dinero evidencian un cambio importante en la estrategia de Washington; ya no se trata únicamente de capturar capos de la droga, ahora el foco parece dirigirse también hacia quienes durante años facilitaron la expansión del narcotráfico desde las instituciones públicas, las estructuras financieras y los mecanismos de protección política.
Los análisis internacionales coinciden en un punto fundamental, el narcotráfico no puede sobrevivir únicamente con sicarios y traficantes, necesita protección institucional, impunidad judicial, operadores financieros y complicidades dentro del Estado; y es precisamente allí donde los Estados Unidos parecen estar concentrando ahora gran parte de sus investigaciones.
México se ha convertido en el principal escenario de esta nueva etapa, los crecientes cuestionamientos internacionales y las presiones sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reflejan la preocupación sobre el nivel de penetración que los carteles podrían haber alcanzado dentro de las estructuras políticas e institucionales del país, más allá de posiciones ideológicas, hoy existe un debate abierto sobre la influencia del narcotráfico en distintos niveles de poder.
Para Washington, el narcotráfico dejó de ser hace mucho tiempo un simple problema de drogas, actualmente es considerado una amenaza geopolítica financiera y de seguridad hemisférica; sin embargo, también existe otra lectura en América Latina que detrás de muchas de estas acciones podrían existir intereses estratégicos vinculados al control de los recursos naturales, rutas comerciales y posiciones geopolíticas clave.
No obstante, independientemente de las interpretaciones políticas, existe una realidad difícil de ignorar; en muchos países latinoamericanos las estructuras criminales han penetrado profundamente dentro del Estado, debilitando las instituciones de seguridad y justicia hasta el punto de volverlas incapaces de investigar y procesar a personajes con poder político o económico o con relación o nexos con el crimen organizado.
En ese contexto el apoyo de los EEUU se vuelve fundamental, sin la cooperación de las autoridades norteamericanas, difícilmente podría combatirse con efectividad el narcotráfico en países en donde sus instituciones han sido cooptadas por el crimen organizado; este problema resulta especialmente delicado en México y Guatemala, donde diversos sectores consideran que las redes criminales han logrado infiltrarse en distintas estructuras estatales.
Guatemala representa uno de los casos más sensibles por su ubicación geográfica, su debilidad institucional los altos niveles de corrupción y su papel estratégico dentro de las rutas del narcotráfico hacia los Estados Unidos, las agencias norteamericanas de inteligencia conocen desde hace años las rutas, los operadores financieros, las empresas utilizadas para lavar dinero y los vínculos políticos que permiten el funcionamiento de estas estructuras criminales. Muchos extraditados por drogas a los EEUU, no solo han revelados información sobre operaciones ilícitas, sino también han proporcionado nombres de alcaldes, diputados, empresarios, funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
La gran pregunta no es si los Estados Unidos poseen información suficiente, la verdadera interrogante es cuando decidirán actuar contra estructuras políticas y económicas de mayor nivel, la experiencia internacional demuestra que Washington suele avanzar únicamente cuando considera que posee expedientes sólidos capaces de resistir fuertes presiones políticas y complejos procesos judiciales.
Rastrear operaciones financieras internacionales, documentar redes de lavado de dinero y comprobar vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales requiere años de trabajo de inteligencia, además, acusar formalmente a figuras relevantes en países aliados puede provocar crisis diplomáticas y fuertes tensiones regionales, como lo que hoy estamos viendo en Mexico. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando los EEUU consideran que una estructura criminal representa una amenaza directa para su seguridad nacional, eventualmente terminan actuando.
Y allí surge una realidad incómoda para muchos países latinoamericanos: sin el apoyo de las autoridades norteamericanas, probablemente sería imposible llevar ante la justicia a numerosos narco políticos, narco empresarios, funcionarios y exfuncionarios vinculados con el crimen organizado, especialmente en países donde las instituciones de seguridad y justicia se encuentran debilitadas o capturadas por la criminalidad organizada.
Lo que hoy ocurre en México es apenas el inicio de una etapa de persecución y extradición que se ampliará a muchos países en América Latina, nueva etapa en la que ya no caerán solamente los traficantes, sino también empezaremos a ver como caen aquellos que durante años han protegido desde el poder a la criminalidad organizada.
AL RESCATE DE GUATEMALA
GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES
