Cinco mil firmas para rescatar la justicia
Poptun
Guatemala vive un déficit crónico de confianza en sus tribunales, y ese déficit tiene nombre y mecanismo concreto: las comisiones de postulación. Nacidas hace más de tres décadas como un filtro técnico para blindar la selección de magistrados frente a la política partidista, terminaron convertidas en el fenómeno inverso.
Cada cinco años, cuando el Congreso debe renovar en bloque a las altas cortes, el país observa el mismo espectáculo: negociaciones cerradas, cuotas repartidas entre bancadas, presiones gremiales y resultados que muy poco tienen que ver con el mérito profesional, la especialidad y la experiencia. Lo que debía ser un mecanismo de depuración se transformó en una vía de captura institucional, y esa distorsión explica en buena medida por qué la justicia guatemalteca ocupa hoy uno de los peores lugares de la región en los índices de justicia civil y penal.
Frente a ese diagnóstico surgió este año la asociación civil Poder Ciudadano, con una propuesta que no es menor: modificar alrededor de veinticinco artículos de la Constitución para rediseñar por completo la forma en que se eligen, permanecen y son removidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.
El eje central de la iniciativa es, precisamente, la eliminación de las comisiones de postulación, sustituyéndolas por mecanismos de carrera judicial basados en concursos públicos de oposición, evaluación de desempeño y reglas claras de rendición de cuentas. Se propone también terminar con la renovación simultánea de las cortes cada cinco años —hoy trece magistrados de la Corte Suprema y diez de la Corte de Constitucionalidad cambian al mismo tiempo, lo que permite que una sola coyuntura política capture todo el sistema de una vez— y sustituirla por relevos escalonados que reduzcan el impacto de cada nombramiento. La propuesta plantea además extender los períodos judiciales, hoy de apenas cinco años, uno de los más cortos de América Latina, bajo el argumento de que los mandatos breves incentivan la dependencia política de quienes aspiran a la reelección o al ascenso.
El camino que ha elegido esta agrupación es, en sí mismo, un ejercicio de pedagogía constitucional. El artículo 277 literal d) de la Constitución permite que cinco mil ciudadanos empadronados propongan una reforma constitucional directamente al Congreso, sin necesidad de partidos ni de estructuras políticas tradicionales.
Desde el 4 de julio, voluntarios identificados recorren parques de algunos departamentos recolectando esas firmas, con la aspiración de que la propuesta llegue al Legislativo en septiembre y, de ser aprobada por al menos ciento siete de los ciento sesenta diputados, se someta a consulta popular en las elecciones de 2027. Esta norma es una ruta legítima, una herramienta que puede y debe activarse cuando las instituciones dejan de cumplir su función. Sin embargo, también es una vía exigente: requiere que la ciudadanía comprenda que la Constitución no es un texto sagrado reservado a especialistas, sino al contrario, la Constitución nace del pueblo y a él le pertenece; es el pacto social vivo que define nuestro destino común, por lo que su defensa y evolución no pueden delegarse.
Ahora bien, la discusión pública alrededor de esta iniciativa no puede limitarse a firmar sin cuestionar. Algunas voces críticas han señalado, con razón, que toda reforma constitucional debería surgir de una deliberación amplia, y no únicamente de sectores urbanos, profesionales o empresariales que definen de antemano el alcance del debate. Es una objeción válida y necesaria: ninguna reforma que aspire a legitimidad duradera puede prescindir de la voz de las comunidades rurales, de los pueblos indígenas y de quienes históricamente han quedado al margen de estos procesos. Pero esa observación, lejos de invalidar la necesidad del cambio, refuerza el argumento central: si la ciudadanía no se involucra activamente —informándose, cuestionando, proponiendo y exigiendo que el debate se amplíe—, la reforma quedará en manos de quienes ya tienen los recursos y las redes para imponer su propia versión del problema y de la solución.
Ese es, en el fondo, el verdadero desafío. No basta con que exista una propuesta técnica bien argumentada; se necesita que miles de guatemaltecos comprendan que el sistema de comisiones de postulación no es un tecnicismo lejano, sino la razón concreta por la que la justicia tarda, se politiza y pierde credibilidad. Se necesita que la ciudadanía deje de ver la reforma constitucional como un asunto exclusivo de abogados y magistrados, y la asuma como una tarea propia, porque las consecuencias de un sistema judicial cooptado las paga cualquier persona que alguna vez necesite acudir a un tribunal. Recolectar firmas es apenas el primer paso de una ruta larga que exigirá presión sostenida sobre el Congreso, vigilancia frente a intentos de vaciar o desnaturalizar la propuesta, y disposición a votar informadamente cuando llegue la consulta popular.
Guatemala ha ensayado reformas judiciales desde arriba durante décadas, y el resultado ha sido, una y otra vez, la repetición del mismo patrón de captura. La diferencia esta vez es que la Constitución ofrece una vía directa para que sea la ciudadanía, y no únicamente el poder político, quien decida si las cosas cambian. Desaprovechar esa vía, por indiferencia o por desconfianza en cualquier iniciativa que no nazca de las bases, sería perpetuar precisamente el sistema que se quiere transformar. La justicia deja de ser justicia cuando responde a negociaciones y no a méritos; recuperarla exige que quienes la reclaman como derecho también asuman la responsabilidad de exigirla como ciudadanos.
