SEPTIEMBRE, EL MES DE NUESTRA PATRIA

Del Escritorio del General 

Inicia el mes de la patria. El 15 de septiembre no debería ser solamente una fecha marcada en el calendario, acompañada de banderas, desfiles, antorchas y discursos. Debería ser, fundamentalmente, una oportunidad para preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos construido y, sobre todo, hacia dónde queremos llevar a Guatemala.

Nuestra independencia proclamada en 1821 abrió un complejo proceso histórico. La posterior anexión al Imperio Mexicano, la experiencia de la Federación Centroamericana y las luchas políticas que siguieron marcaron profundamente la configuración territorial e institucional de nuestra nación. Finalmente, en 1847 Guatemala fue declarada República soberana. Aquellos acontecimientos nos recuerdan que la construcción de un Estado no ocurre en un solo día: es producto de generaciones, sacrificios, decisiones acertadas y equivocaciones que también dejan profundas lecciones.

Pero una nación no comienza únicamente en sus instituciones. Comienza mucho antes: comienza en la familia.

Allí aprendemos las primeras nociones de respeto, responsabilidad, autoridad, solidaridad, trabajo y pertenencia. De la familia pasamos a la comunidad; de la comunidad, al municipio; del municipio, al departamento; y de todos ellos surge esa realidad superior que llamamos Guatemala.

Por ello, defender la familia, respetar a nuestros padres y reconocer la experiencia de nuestros adultos mayores no debería considerarse una posición anticuada. Constituye parte de la continuidad histórica y cultural sobre la cual hemos construido nuestra identidad nacional.

Nuestros abuelos y bisabuelos trabajaron, emprendieron, cultivaron la tierra, levantaron comercios, educaron familias y construyeron patrimonio muchas veces sin disponer de las facilidades tecnológicas y financieras que hoy existen. Lo hicieron con disciplina, perseverancia y confianza en el futuro.

Esa cultura del esfuerzo debe recuperarse.

Sin embargo, llegamos a este septiembre enfrentando una realidad preocupante. La delincuencia, la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y la penetración del crimen organizado amenazan no solamente la seguridad ciudadana, sino también la economía, la institucionalidad y la libertad de los guatemaltecos.

El pequeño comerciante que paga extorsión deja de ser verdaderamente libre. El transportista amenazado deja de trabajar en libertad. La familia que teme salir de su casa pierde parte de su libertad. El empresario que debe incorporar el costo de la inseguridad a cada decisión de inversión ve limitada su capacidad de generar empleo y prosperidad.

Por eso, la seguridad no es únicamente un problema policial: es una condición indispensable para la libertad, la inversión, el empleo y el desarrollo nacional.

Hay una imagen que resume dramáticamente nuestra realidad: antes, el policía caminaba con el rostro descubierto y el delincuente se ocultaba detrás de una máscara. Hoy vemos autoridades obligadas a cubrirse el rostro mientras numerosos criminales actúan públicamente, desafían al Estado y pretenden imponer sus propias reglas.

Algo se ha invertido.

Y cuando el ciudadano comienza a percibir que el delincuente tiene menos miedo del Estado que el ciudadano del delincuente, existe un problema mucho más profundo que una simple estadística criminal: existe una crisis de autoridad.

Guatemala necesita recuperar el principio fundamental de que nadie puede colocarse por encima de la ley.

El crimen organizado posee capacidad económica, redes internacionales y enormes recursos para corromper instituciones. Precisamente por eso debemos fortalecer a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, al sistema judicial, a las instituciones de inteligencia y, dentro de las competencias establecidas por la Constitución y las leyes, al Ejército de Guatemala en la defensa de la soberanía y en el apoyo frente a amenazas que comprometan la seguridad nacional.

Pero la respuesta debe ser institucional.

No necesitamos sustituir la ley; necesitamos hacerla cumplir.

No necesitamos debilitar las instituciones; necesitamos reconstruirlas.

No necesitamos autoridades sometidas a intereses criminales, económicos o partidistas; necesitamos servidores públicos capaces de comprender que el poder recibido pertenece temporalmente al pueblo y debe ejercerse en beneficio de la nación.

También debemos enfrentar otra amenaza: la penetración del dinero ilícito en la política.

Cuando los recursos provenientes del narcotráfico o del crimen organizado logran influir sobre campañas, funcionarios, autoridades locales o estructuras económicas, el problema deja de pertenecer exclusivamente al ámbito de la seguridad pública y se transforma en una amenaza directa contra la democracia y la soberanía.

Una democracia capturada por dinero criminal conserva elecciones, instituciones y discursos, pero progresivamente pierde su libertad para decidir.

Por eso debemos exigir transparencia en el financiamiento político, investigación patrimonial efectiva, independencia judicial, fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero y mecanismos capaces de impedir que organizaciones criminales compren influencia política.

No debemos generalizar ni condenar sin pruebas. Una República se fortalece cuando investiga, demuestra y sanciona conforme al debido proceso. Pero tampoco podemos permitir que la prudencia se convierta en silencio frente a señales evidentes de corrupción o penetración criminal.

Septiembre debería llevarnos precisamente a esa reflexión.

¿De qué independencia hablamos cuando una comunidad vive sometida por extorsionistas?

¿De qué libertad hablamos cuando el ciudadano honrado tiene miedo y el criminal se siente protegido?

¿De qué soberanía hablamos cuando estructuras ilícitas pueden comprar voluntades, penetrar instituciones o controlar territorios?

¿De qué democracia hablamos cuando el ciudadano pierde confianza en quienes deben representarlo?

La independencia no puede reducirse a recordar lo ocurrido hace más de dos siglos. Cada generación tiene la obligación de defenderla.

La nuestra debe defenderla frente a amenazas diferentes a las que enfrentaron nuestros antepasados: corrupción, narcotráfico, crimen transnacional, deterioro institucional, pobreza, desigualdad de oportunidades, falta de infraestructura, debilidad educativa y pérdida de confianza en la política.

Guatemala posee, sin embargo, enormes fortalezas.

Tenemos una población trabajadora, emprendedora y mayoritariamente deseosa de vivir en paz. Tenemos una extraordinaria posición geográfica, recursos naturales, capacidad agrícola, posibilidades industriales, talento humano y acceso estratégico a dos océanos. Tenemos una juventud que necesita oportunidades y una diáspora que demuestra diariamente, dentro y fuera del país, la enorme capacidad de trabajo del guatemalteco.

Nuestro problema fundamental no es la ausencia de potencial.

Es nuestra incapacidad histórica para convertir ese potencial en un proyecto nacional sostenido.

Necesitamos recuperar una visión de Estado que trascienda períodos presidenciales y disputas partidistas. Una nueva arquitectura de gobierno basada en seguridad, justicia, infraestructura, educación, productividad, inversión, tecnología y fortalecimiento institucional.

Necesitamos nuevamente pensar en grande.

Carreteras, puertos, aeropuertos, energía, agua, vivienda, producción agrícola, industrialización, conectividad digital y seguridad deben integrarse dentro de una estrategia nacional de desarrollo. Cada inversión pública debe responder a una pregunta sencilla: ¿cómo contribuye esto a mejorar la vida del ciudadano y aumentar la capacidad productiva de Guatemala?

El país no puede continuar administrando problemas. Tiene que comenzar a construir soluciones.

Y esa transformación requiere liderazgo.

Gobernar significa decidir, asumir responsabilidades, establecer prioridades y rendir cuentas. La autoridad democrática no consiste en imponer arbitrariamente; consiste en ejercer legítimamente las facultades que la Constitución concede para proteger a la población, garantizar derechos y hacer cumplir la ley.

Por ello, frente a cualquier proceso político futuro, nuestra exigencia ciudadana debe ser inequívoca: elecciones transparentes, instituciones independientes, financiamiento político fiscalizado y absoluto respeto a la voluntad popular.

Los cambios que Guatemala necesita deben alcanzarse por medios constitucionales, democráticos y pacíficos. Precisamente porque creemos en el orden, debemos defender el orden constitucional. Precisamente porque creemos en la autoridad, debemos exigir que la autoridad actúe dentro de la ley.

Este septiembre debemos mirar nuestra bandera con orgullo, pero también con responsabilidad.

El azul y blanco no pueden convertirse únicamente en decoración durante treinta días. Representan una herencia que hemos recibido y una obligación que tendremos que entregar a nuestros hijos y nietos.

La patria no pertenece a un partido político.

No pertenece a un gobierno.

No pertenece a una élite.

No pertenece a una generación.

Guatemala pertenece a los guatemaltecos.

Ha llegado el momento de reconstruir confianza, recuperar la seguridad, fortalecer la justicia, proteger a la familia, impulsar al emprendedor, dignificar el servicio público y devolverle al ciudadano la certeza de que trabajar honradamente todavía vale la pena.

Que septiembre no sea solamente el mes en que recordamos nuestra independencia.

Que sea el mes en que recordemos nuestra responsabilidad.

Porque una nación no se pierde únicamente cuando desaparecen sus fronteras. También puede comenzar a perderse cuando sus ciudadanos dejan de creer en ella.

Y Guatemala merece que volvamos a creer, trabajar y luchar por ella.

La reconstrucción nacional comienza recuperando el sentido de patria, fortaleciendo nuestras instituciones y colocando nuevamente al ciudadano honrado en el centro de las decisiones del Estado.

Guatemala es nuestra responsabilidad. Guatemala es nuestro futuro.

Adelante con espíritu de vencedores.