Bélgica y la regulación del trabajo sexual: ¿un modelo para el mundo?

En diciembre del año pasado, Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en otorgar plenos derechos laborales a las trabajadoras sexuales, siendo el 90% mujeres. Esta nueva ley les permite, a grandes rasgos, acceder a contratos de trabajo o poder coger la baja laboral, igualando a este colectivo con el resto de profesiones y garantizando su protección ante el abuso y la explotación.

Sin embargo, aunque en algunas naciones se avance lentamente en el reconocimiento y regularización del trabajo sexual, en otras partes del mundo, como en América Latina, la situación sigue siendo compleja, pues muchas normativas son contradictorias o se encuentran en un área gris.

Por ejemplo, en países como Chile, México o Perú, el trabajo sexual se encuentra en un limbo legal, dejando que las trabajadoras sean ellas mismas las que encuentren opciones más seguras ante su situación de vulnerabilidad. Es por ello que el modelo belga supone, de primeras, una posible solución para regular la prostitución.

Qué derechos laborales tienen las trabajadoras sexuales en Bélgica

Aunque los Países Bajos fueron los primeros en Europa en regularla de manera integral, con la aprobación de la nueva ley belga, la prostitución ha pasado a integrarse en el sistema económico formal. Es decir, esta otorga derechos laborales completos a este colectivo.

Con ello, las personas que ejercen en Bélgica, que se calcula que son unas 25.000 en este sector, pueden firmar contratos con empleadores, contribuir a la Seguridad Social, solicitar la baja por enfermedad o acceder a una prestación por jubilación. Además, se garantiza un entorno laboral más seguro, ofreciendo protección legal contra explotación y abusos.

Para garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa, los empleadores deben obtener la autorización del Estado y cumplir con estrictos protocolos sanitarios y de seguridad. Y, con esto, se estima que la regulación podría generar millones de euros anuales, además de reducir costos asociados a la lucha contra la explotación y la trata.

¿Qué sucede en el resto del mundo? Guatemala y México como ejemplo

Si vamos al otro lado del charco, Guatemala, México, Perú y Chile son algunos de los países de habla hispana dondeel trabajo sexual está regulado bajo un marco legal no muy esclarecedor.

Por un lado, en México, la prostitución está legalizada a nivel federal, pero la regulación específica depende de las políticas de cada estado. Concretamente, son trece de 31 estados, y el resto se encuentra en una zona gris legal. En algunas ciudades existen las llamadas ‘zonas de tolerancia’ que funcionan como distritos rojos, pero la falta de una regulación clara deja a las trabajadoras expuestas ante casos de abuso y explotación.

Ante esta situación, muchas mujeres acompañantes en México y profesionales del sector sexual se trasladan a plataformas digitales para tener un mayor control de sus clientes, pudiéndolos gestionar bajo su criterio y seguridad.

Por otro lado, en Guatemala, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) es la entidad que vigila y previene la explotación sexual del país. Un país en el que el trabajo sexual en sí mismo no está penalizado, pero las escorts de Mixco, ciudad de Guatemala y de otras zonas de la región no cuentan con protección ni reconocimiento legal, como sucede en Bélgica. De ahí que también utilicen directorios online como una alternativa más segura, aunque no gocen de plena protección.

¿Un marco legal como solución definitiva?

Si bien la legislación belga supone un paso hacia la protección laboral de las trabajadoras sexuales, la ambigüedad en la normativa de muchos otros países provoca que las profesionales del sector queden igualmente desprotegidas, aumentando los casos de explotación y trata de personas a manos de las mafias.

Asimismo, las plataformas digitales surgidas durante la pandemia funcionan como una herramienta que dota de independencia y de un mayor control en la gestión de los clientes. Sin embargo, si no hay el respaldo de un marco legal sólido, esta solución no puede garantizar su protección integral.