La Deuda Silenciosa del Estado: Cómo la Politiquería Desangró al IPM y Amenaza a Nuestros Héroes Jubilados

La Otra Cara

Parte 1: La Raíz de la Traición – Cómo se Sembró la Crisis del IPM

Inicio hoy mediante mi columna “Cara a Cara” la publicación de la serie “Salvar a nuestros Héroes”, compuesta por tres artículos destinados a develar la verdad sobre la crisis financiera impuesta al Instituto de Previsión Militar –IPM- por la venganza ideológica originada por la “asesoría” de funcionarios de alto nivel integrantes de diferentes gobiernos quienes tras el cese del Enfrentamiento Armado Interno concibieron y dirigieron la perversa y masiva desmovilización de nuestras Fuerzas Armadas; -solo comparable con la de la República Argentina en Latinoamérica-, tras el cese de la lucha para detener la campaña Castro comunista sufrida por las sociedades de la región durante nuestra historia reciente, y hoy amenaza la paz, gobernabilidad, y el futuro inmediato de una generación de soldados que entregaron su juventud durante varias décadas en cumplimiento de su misión Institucional y Constitucional  al acatar órdenes claras del Estado para defender a Guatemala de la agresión ideológica y geopolítica extranjera, como consta en los 8 tomos presentados a la fecha (de diez) de mi Compendio Histórico “Las Batallas por Guatemala” .

En este momento,  al final de sus vidas, miles de hombres y mujeres que un día vistieron el uniforme de la Patria y defendieron la soberanía y la paz de Guatemala enfrentan una amenaza inesperada: no proviene de un enemigo externo, sino del mismo corazón del Estado al que sirvieron. Sus manos, antes firmes en el deber, ahora sufren de incertidumbre. Sus ojos, que han presenciado la historia de nuestra nación, ahora miran con preocupación el futuro incierto de sus pensiones. El Instituto de Previsión Militar (IPM), concebido como el pilar de su retiro digno, se desangra lentamente, no por su propia culpa, sino por una intrincada telaraña de decisiones políticas, omisiones estatales y agendas ideológicas que han tejido una deuda silenciosa, pero devastadora.

Permítanme ilustrar esta situación con la historia de un sargento jubilado. Él, como tantos otros, dedicó décadas de su vida al servicio militar. Entregó su juventud, arriesgó su vida y sacrificó incontables momentos familiares, bajo la promesa tácita de una vejez segura, respaldada por su contribución al IPM. Este Instituto no es una caridad; es el fruto del esfuerzo de toda una vida, un derecho adquirido con sangre y sudor. Hoy, ese sargento, como miles de sus contemporaneos, ve cómo su futuro pende de un hilo, amenazado por un colapso financiero que tiene nombres y apellidos, y que lleva el sello de la indiferencia política. Es una afrenta a la lealtad y al patriotismo, un acto que desgarra la confianza fundamental entre el ciudadano que sirve y el Estado que promete protegerlo.

La narrativa predominante, que convenientemente culpa al IPM de su propia agonía financiera por supuestas «malas gestiones», es una cortina de humo, un engaño diseñado para desviar la atención de los verdaderos responsables. Se habla de «mala gestión» o de «inversiones fallidas» como la causa principal, buscando simplificar un problema de compleja génesis. Sin embargo, como analista, y con una perspectiva clara, puedo desmantelar esta falacia con datos irrefutables. Si bien ninguna institución es inmune a los desafíos de la administración y siempre hay margen para la mejora, la cruda verdad es que el 70% del déficit proyectado que hoy asfixia al IPM proviene directamente del incumplimiento sistemático del Estado en sus aportes extraordinarios y de decisiones políticas deliberadas que desmantelaron su base de cotizantes. Esto no es un problema de contabilidad menor, ni una serie de errores aislados; es una «venganza estructural» diseñada para socavar la capacidad previsional de quienes fueron la columna vertebral de la defensa nacional, y cuya lealtad al Estado fue su mayor activo. La magnitud del agujero financiero es el resultado de una estrategia política, no de una simple deficiencia administrativa interna. Comprender esto es el primer paso para exigir justicia y demandar rendición de cuentas. Es momento de dejar de lado las narrativas interesadas y enfrentar la realidad.

Para entender la profundidad de esta traición, debemos sumergirnos en la historia reciente de Guatemala, observando cómo decisiones del más  alto nivel, motivadas por agendas políticas específicas, fueron mermando la vitalidad financiera del IPM, convirtiendo una promesa de seguridad en una crónica de incertidumbre. Así, la siembra de esta cizaña ideológica se remonta a 1996, con los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. Bajo la influencia del entonces canciller Eduardo Stein, una figura identificada con la izquierda terrorista, se negoció una reducción drástica e inmediata del 33% del Ejército de Guatemala. Esta desmovilización masiva se llevó a cabo sin el más mínimo respaldo actuarial que evaluara su impacto a largo plazo en el IPM, y lo que es más grave, sin la compensación presupuestaria adecuada para mitigar la brutal caída en el flujo de cotizantes. 

Esta «desmilitarización» no fue un acto de paz; fue un mecanismo deliberado para desdibujar el poder y, fundamentalmente, desfinanciar la capacidad previsional de quienes participaron en el Enfrentamiento Armado Interno. Se despojó al IPM de una parte vital de sus ingresos, sus cotizantes activos, sin una contrapartida que garantizara los derechos adquiridos de sus miembros. La reducción masiva de la base de contribuyentes fue, sin duda, el primer golpe devastador y calculado a la salud financiera del Instituto, una herida de la que nunca se recuperaría sin una compensación justa.

La situación empeoró durante el Gobierno de Alfonso Portillo, un período que consolidó el patrón de desatención e injerencia. Su tendencia por su antigua militancia en el Ejército Guerrillero de los Pobres EGP se inclinaba hacia la izquierda populista ligada a la URNG, y el Banco del Ejército, uno de los activos patrimoniales más significativos del IPM, fue objeto de una injerencia política directa y flagrante. Se ejerció influencia para que este otorgara créditos irrecuperables a bancos en crisis, una maniobra que generó una pérdida patrimonial directa para el IPM de aproximadamente Q280 millones. Este no fue un error de inversión; fue un acto de malversación indirecta impulsado por intereses políticos. Para agravar aún más la situación, en este período crítico, no solo no se gestionó ni se otorgó ninguna compensación estatal al IPM por las desmovilizaciones anteriores, sino que se reforzó una insidiosa narrativa de «castigo» financiero hacia la institución militar, legitimando así su desfinanciamiento sistemático y la continua erosión de sus bases. La deuda silenciosa del Estado con el IPM comenzaba a acumularse como una condena inevitable.

Continuará…

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