Los poderes fácticos: enfermedad que socaba la institucionalidad
Barataria
Toda sociedad se construye desde la institucionalidad, esta se dispone a partir de las normas legales que las crean. La Constitución constituye el marco legal para la creación de las instituciones cuya finalidad principal es el bien común de todos los habitantes del país. Desde la Constitución se establecen algunas de estas instituciones cuya importancia es vital de tal forma que las mismas deberán existir sí o si para que la organización del Estado funciones como tal y el desarrollo del país tenga su rumbo. Con esto no estamos más que hablando de la organización del poder público en el Estado que, como Guatemala, se fundamenta en una República bajo el principio de la división de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Son las leyes las que crean instituciones, les otorgan sus estructuras y funcionalidad y de esta base es que las personas que ocupan cargos en cada institución se sujetan al principio de legalidad que no es más que la sujeción del funcionario público a la ley. Como indica la constitución “el funcionario se encuentra sujeto a la ley y nunca es superior a la misma”. Las instituciones como tal tienen una función especial de manera que tenemos la Presidencia de la República, los ministerios de Estado, los Tribunales, el Congreso, la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público, El Tribunal Supremo Electoral para mencionar unos, pero también tenemos otras instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria, las municipalidades como centro de poder público de los municipios y un largo etcétera.
La idea de que todas las instituciones surjan a partir de una legislación no es más que el fundamento de la garantía de la población en general que, quienes ocupen los cargos como funcionarios públicos no van a hacer lo que les dé la gana, disponiendo de recursos públicos, puestos de trabajo y poder a su sabor y antojo, porque el funcionario publico solo deberá hacer lo que la ley le faculta y no puede actuar de manera discrecional sin violar el principio de legalidad y juridicidad. Además de las instituciones del Estado, surgen otro grupo de instituciones conformadas por su interés colectivo de índole particular, que no es más que agrupaciones de personas cuya finalidad es participar en la interacción del poder publico como una forma de reorientar la política hacia sus intereses gremiales, estos poderes surgen de los intereses colectivos y se logran institucionalizar a partir del reconocimiento de las asociaciones, agrupaciones gremiales y otros grupos. En ese sentido, tenemos los sindicatos, asociaciones patronales, comerciales, industriales, las iglesias de todos los cultos, organizaciones campesinas y obreras y toda esta gama de actores civiles institucionalizados a partir de que el Estado reconoce su organización. Así surgen agrupaciones como los sindicatos de trabajadores, el CACIF, CODECA, la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y un largo etcétera.
Todas estas instituciones las instituciones del Estado creadas de conformidad con la ley y las instituciones reconocidas por el Estado conformadas a partir de intereses colectivos particulares, conforman la institucionalidad de un país cuya finalidad, como ya se indicó es el desarrollo del país, el desarrollo humano y, a la larga el bien común, porque ambas contribuyen a esa finalidad de la existencia del Estado: Que todos los habitantes puedan recibir los réditos de la existencia de cada Estado, es decir su bienestar particular y colectivo.
Lo anterior, es una reseña de lo que debería ser una sociedad democrática en donde las instituciones no respondan a intereses de grupos conformados a partir de intereses mezquinos y equívocos en cuanto a lo que deberá ser la búsqueda del bien común. Y bajo la legalidad y juridicidad desde la función pública toda persona que ocupe un cargo debería sujetarse a la ley y cumplirla y hacerla cumplir de manera que sea la ética el camino a seguir para todos los funcionarios públicos.
Sin embargo, en Guatemala a la par de las instituciones de derecho público y la diferentes agrupaciones colectivas reconocidas por ley como sociedades, asociaciones, fundaciones, colectivos y otras formas de organización legal han surgido agrupaciones de personas cuya finalidad es el secuestro del poder público y su utilización para fines aviesos, estas agrupaciones componen los denominados poderes fácticos, que no son mas que asociaciones de corte delincuencial, que actúan tras bambalinas, fuera del marco legal y con propósitos de minar la institucionalidad del país, para desviar recursos públicos a bolsillos particulares y continuar con un secuestro sistemático de instituciones, bajo compra de voluntades a efecto de continuar conservando el poder de una u otra manera. Estos poderes facticos siempre se les va a ver asociados con el crimen organizado de una u otra manera. Poderes facticos estos que, por ejemplo, controlan las aduanas del país para regular a su sabor y antojo el contrabando de mercaderías a ciencia y paciencia del Superintendente de Administración Tributaria que solo ve contrabando al menudeo de productos mexicanos en balsas en el rio Suchiate entre Guatemala y México, pero se hace de la vista gorda del contrabando en los puertos en donde Guatemala pierde una millonada en impuestos o que está persiguiendo a aquellos pequeños empresarios cuando por años y años nunca persiguió a los ganaderos a quienes primero les hicieron una ley a la medida que la SAT perseguirles. Estos poderes facticos son los que sobrevaloran obras y corrompen el sistema promoviendo que los corruptos funcionarios terminen asignándoles estas obras bajo cuestionados procesos de licitación.
Los poderes fácticos, tienen controladas instituciones como el Congreso de la República en dónde no pasa ley si no hay dinero bajo la mesa, porque cada ley tiene “premio” y el uso de los votos en el Congreso no es un ejercicio democrático de soberanía popular, sino es un mercado de compraventa de votos al mejor postor. Pero como “del mismo cuero, salen las correas”, las leyes pasan sin más, inclusive hasta de urgencia nacional como la que promovió la vergonzosa carretera en el “Caso Odebrecht”.
Cada elección los poderes facticos tienen su caballo ganador, hacen lluvia de donaciones a los partidos políticos que no son más que “satélites de los poderes facticos”, así, estas maquinarias electoreras llamados partidos políticos surgen como piojos cada cuatro años, con firmas falsas y cuestionadas escrituras de constitución en donde el Tribunal Supremo Electoral constituye una pieza clave en la manipulación electoral. La finalidad es tener un Congreso ad hoc, o por lo menos que sea comprable y que los diputados que lleguen “sean vendibles” para que a la hora de elegir funcionarios queden los que sirven al sistema fáctico, paralelo y vergonzoso en Guatemala y no al país.
El proyecto de los poderes fácticos siempre es infalible porque dinero les sobra, no porque lo pongan de sus bolsillos, sino porque el dinero que utilizan para comprar voluntades es dinero del Estado, que se ha acumulado a través de coimas y mordidas como aquellos más de 120 millones de quetzales encontrados en una casa alquilada y que se atribuyen a un ex ministro de comunicaciones. Dinero en cantidades obscenas, porque para comprar voluntades no van a arriesgar su propio capital, sino el dinero público que ha entrado bajo su control producto de la sobrevaloración de obras, sobrevaloraciones de medicinas y producto del mismísimo presupuesto del estado que llega a parar a sus arcas para hacer “chinchilete” este dinero con tal de continuar con el secuestro sistemático del Estado.
Al final de cuentas, los poderes fácticos son el cáncer, la enfermedad que está socavando la institucionalidad del país, que tiene instituciones compradas que utilizan a su sabor y antojo y que sirven a sus intereses particulares. La forma en que se utiliza las instituciones es tal que los funcionarios encargados se hacen de la vista gorda para la persecución penal de funcionarios corruptos, o bien al momento de juzgar emiten resoluciones judiciales a la carta, asignan recursos públicos en donde no se necesitan, adjudican obras por millones de quetzales a empresas cuestionadas y estas obras además están sobrevaloradas o bien, tienen la función de fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos y lo que menos hacen es esa labor.
Los poderes fácticos están socavando la institucionalidad del país, porque están suplantando toda la función publica para sus propios intereses, esto es grave porque sin la correcta función de las instituciones simplemente no hay Estado y con ello no se cumple con las funciones democráticas que tienen como finalidad el bienestar de la población. ¿Quiénes conforman los poderes fácticos? No lo sabemos a ciencia cierta, pero como todo crimen siempre hay huellas que se deben seguir para saber en dónde están los tentáculos de los poderes fácticos que están destruyendo al país. Recientemente los diputados del Congreso de la República votaron por no aprobar un Estado de Calamidad decretado por el Presidente Arévalo por las condiciones de caos que hay en Guatemala. Aunque el señor Arévalo como siempre, comete errores garrafales en cuanto a su gestión, el punto principal de esta votación en contra es que muchos de los mismos diputados que votaban vez, tras vez, por aprobarle estados de calamidad al Presidente anterior, ahora no lo hacen. Esto es grave, porque denota el nivel de compraventa de diputados que existe en el Congreso de la República, porque en apariencia siempre había algo bajo la mesa. Si la fiscalía persigue unos delitos y graves delitos de corrupción los deja pasar o si un Juez emite resoluciones a la carta, evidencia que hay un grave deterioro del sistema y los poderes facticos tienen control sobre muchas instituciones. Así, en los poderes facticos hay empresarios que callan ante el deterioro de la institucionalidad del país, como pasó en Nicaragua en donde la empresa privada nunca se ha manifestado contra el presidente Ortega. Así también en los poderes facticos hay ex funcionarios, políticos y partidos políticos que se han enriquecido a costa de sustraer dineros del erario y que ahora, controlan instituciones, quieren controlar comisiones de postulación y pagan a manos llenas para comprar voluntades. En los poderes facticos también hay personajes de muchos sindicatos del Estado que lo que menos han hecho es velar por el bienestar del trabajador del Estado, porque han hecho “carrera sindical” a costa de vender gobernabilidad a los ministros que “no quieren problemas con sindicatos” porque se encuentran ocupados “haciendo sus propios negocios”. Hay un largo etcétera para los que forman parte de estos poderes facticos cuyo común denominador es que no les interesa el país, no les interesa la democracia y la honorabilidad y la ética les vale un comino. Lo único que les interesa es continuar enriqueciéndose del contrabando, el crimen organizado, de la corrupción estatal, de la compra de voluntades para continuar con sus “fructíferos negocios” prosperados a costa del dinero publico y de muchos otras “transas” porque así, en tanto el país se cae en pedazos y la institucionalidad se pierde a favor de voluntades particulares, ellos tienen asegurado una promisoria jubilación en algún otro país de ensueño.
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