Cárceles, un problema no prioritario
Poptun
La reciente noticia sobre el cambio de ubicación del proyecto carcelario de Masagua —originalmente previsto para Escuintla y ahora posiblemente trasladado a Petén— ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate sobre el sistema penitenciario guatemalteco. El posible traslado no solo implica un retraso hasta, por lo menos, 2027, sino que pone en evidencia una realidad que arrastramos desde hace décadas: nuestras cárceles están obsoletas, sobrepobladas y distantes de los estándares internacionales.
Guatemala lidera la región en hacinamiento carcelario. Según el investigador Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la tasa de ocupación penitenciaria asciende al 342 %. El dato se vuelve aún más alarmante cuando se observa que, en más de una década, la capacidad del sistema apenas ha variado: de 6,676 espacios disponibles en 2014 a 6,842 en 2025. Mientras tanto, la población penitenciaria actual es de 23,382 personas, lo que evidencia un déficit crítico que compromete la dignidad y la seguridad tanto de internos como del personal.
La infraestructura penitenciaria guatemalteca es, en gran medida, herencia de los años setenta. Centros como la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, en Fraijanes, o las granjas modelo Canadá-Escuintla y Cantel-Quetzaltenango, fueron construidas con un enfoque que ya no responde a las necesidades contemporáneas. Con el tiempo, Pavón, concebida como espacio de rehabilitación, se convirtió en un epicentro de hacinamiento y conflictos, reflejo de un sistema que se quedó sin margen para cumplir su misión legal y constitucional: la reinserción social.
Las deficiencias estructurales son múltiples. El hacinamiento impide que todos cuenten con una cama; muchos internos duermen en el suelo, expuestos a enfermedades y plagas. No hay acceso al agua potable. La atención en salud es deficitaria: no hay médicos, no hay medicamentos, y el bajo presupuesto de Q. 685.01 millones de quetzales se destina, en gran medida, a cubrir gastos operativos y al pago de servicios de custodia. Incluso la recolección de basura se ha visto interrumpida por falta de pago, generando acumulaciones insalubres en varios centros.
La alimentación es otro punto crítico. Desde que en la década de 1990 se dejó de preparar la comida dentro de las cárceles y se optó por su compra a proveedores externos, la calidad ha caído drásticamente. Gran parte de las raciones termina en la basura, y solo quienes no tienen apoyo familiar —las llamadas “rusas”— consumen esa comida, muchas veces modificándola para hacerla medianamente comestible.
A estas carencias se suma un nuevo desafío: la propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad en Petén, el departamento más alejado de la capital. La población penitenciaria en ese departamento es reducida, por lo que obligaría a trasladar a internos de otras regiones -principalmente del área central- a un lugar que, por su distancia, dificultaría severamente la visita de familiares. Esto contradice los estándares internacionales, que recomiendan mantener a las personas privadas de libertad cerca de su núcleo familiar para facilitar su reintegración social.
La experiencia demuestra que, incluso en traslados a lugares menos distantes como Canadá, Escuintla, el contacto familiar se reduce drásticamente. El costo del transporte, el tiempo del viaje y las limitaciones logísticas convierten las visitas en un lujo esporádico, cuando no imposible. En el caso de Petén, el acceso implica largas horas por carretera o costosos vuelos, lo que prácticamente rompería el vínculo familiar para muchas personas privadas de libertad. Este aislamiento no solo vulneraría derechos, sino que erosionaría uno de los factores más importantes para la reinserción: el apoyo afectivo y social.
Conviene recordar que las soluciones para frenar la crisis que vive el sistema penitenciario deben ir más allá de “construir más cárceles”. Las prisiones de gran capacidad, como la proyectada en Masagua ahora proyectada para Petén, suelen ser más difíciles de administrar, costosas de mantener y, según la experiencia internacional, menos eficaces para promover la rehabilitación. Los estándares recomiendan centros más pequeños, con programas sólidos de educación, capacitación laboral y atención psicosocial.
Además, el modelo de máxima seguridad que se ha barajado para Masagua o Petén no encaja del todo con el mandato constitucional de reinserción social. Encerrar a personas durante 23 o 24 horas al día, sin actividades significativas, no solo atenta contra la dignidad humana y constituye un trato cruel e inhumano, sino que desperdicia el tiempo de reclusión como oportunidad de cambio. En Guatemala no existe la cadena perpetua: quienes hoy están en prisión, eventualmente volverán a la sociedad, y la manera en que sean tratados dentro de los muros repercutirá directamente en su comportamiento una vez en libertad.
La crisis del sistema penitenciario es, en el fondo, una crisis de prioridades. Mientras se mantenga la visión punitiva sin inversión en rehabilitación, se seguirá alimentando un ciclo de reincidencia y violencia. La noticia sobre Masagua debería ser una oportunidad para repensar qué tipo de cárceles necesitamos: no más bodegas humanas, sino espacios que, sin dejar de garantizar la seguridad, brinden condiciones dignas y oportunidades reales de reinserción.
Un país que respeta la dignidad de quienes están privados de libertad no solo cumple con la ley y los derechos humanos; también se protege a sí mismo, porque la verdadera seguridad ciudadana se construye dentro y fuera de los muros.
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