El mar no negocia, Itzapa lo confirma

Poptun

Hay imágenes que dicen más que cualquier informe técnico. En los últimos días, miles de guatemaltecos observaron cómo el océano Pacífico avanzaba sin tregua sobre chalets, hoteles y casas de descanso en las playas de Iztapa. Ola tras ola, las estructuras cedían frente a una fuerza imposible de contener. Mientras algunos lamentaban las pérdidas económicas, otros repetían una frase incómoda, pero difícil de refutar: el mar simplemente está recuperando lo que nunca debió perder.

No se trata de celebrar la destrucción de bienes. Se trata de reconocer que lo ocurrido en Itzapa desnuda una realidad que Guatemala ha preferido ignorar durante décadas: el problema no comenzó con las olas. Comenzó cuando el Estado dejó de hacer cumplir sus propias leyes.

Nuestra Constitución Política de la República, establece que el Estado se reserva una franja territorial de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contados desde la línea superior de las mareas. Esa protección fue desarrollada por el Decreto 126-97, que además dispone que los primeros cincuenta metros desde la línea de marea constituyen playa pública y no pueden darse en arrendamiento. A ello se suma el artículo 458 del Código Civil, que reconoce la zona marítimo-terrestre como un bien nacional de uso público común.

No es una norma aislada. Son tres disposiciones que coinciden en un principio elemental: las playas pertenecen a todos los guatemaltecos.

Sin embargo, basta recorrer buena parte del litoral del Pacífico para comprobar que la realidad es muy distinta. Donde la Constitución protege espacios públicos, hoy existen chalets, hoteles, muros, cercos y accesos restringidos. En muchos lugares, acercarse al mar depende más del poder adquisitivo que del derecho ciudadano.

El problema nunca fue la falta de legislación. Fue la falta de voluntad para aplicarla.

La comparación internacional resulta reveladora. España prohíbe construir viviendas dentro de una amplia franja de protección costera; Costa Rica declara inalienables los primeros cincuenta metros desde la pleamar y limita estrictamente las concesiones posteriores; Uruguay reserva parte importante de su litoral al dominio público; Turquía sanciona las construcciones ilegales en las costas, y diversos estados de Estados Unidos restringen edificaciones en zonas sujetas a erosión.

Paradójicamente, Guatemala posee una de las protecciones constitucionales más amplias de la región y, al mismo tiempo, una de las costas donde más se ha restringido el acceso ciudadano.

Buena parte de esta contradicción encuentra explicación en la forma en que la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territorial del Estado (OCRET) administró durante años estas reservas mediante contratos de arrendamiento. El modelo pretendía conservar la propiedad estatal y permitir únicamente el uso temporal de los terrenos. Sin embargo, la discrecionalidad, la escasa fiscalización y la débil capacidad institucional facilitaron que muchos arrendatarios actuaran como verdaderos propietarios: construyeron, cercaron, restringieron el paso y, en la práctica, privatizaron espacios que jurídicamente siguen perteneciendo al Estado.

Las imágenes de Itzapa obligan ahora a formular la pregunta realmente importante.

¿Qué hará el Estado cuando el mar retroceda?

Es posible que algunos terrenos desaparezcan definitivamente bajo el avance del océano. Otros quedarán inutilizables durante años y algunos podrán volver a emerger o ser objeto de nuevos proyectos. Es precisamente allí donde se encuentra el verdadero desafío. ¿Se repetirán los mismos esquemas de siempre, otorgando nuevos arrendamientos y autorizando nuevamente construcciones en una zona cuya vulnerabilidad ha quedado demostrada? ¿O, por el contrario, se aprovechará esta oportunidad para recuperar esos espacios para el uso público, respetar la franja de protección que establece la Constitución y replantear el modelo de ocupación del litoral?

La respuesta marcará la diferencia entre haber aprendido una lección o haber esperado, simplemente, el próximo temporal.

Reconstruir exactamente donde el mar acaba de destruir sería insistir en un error cuyo desenlace ya conocemos. Más aún en un contexto de cambio climático, donde el aumento del nivel del mar y la intensificación de los fenómenos costeros incrementarán el riesgo para quienes ocupen esas zonas.

Sería equivocado alegrarse por las pérdidas sufridas por muchas familias. Detrás de cada construcción existen inversiones, recuerdos y proyectos de vida. Pero también sería un error atribuir todo a un desastre natural inevitable. La naturaleza actuó conforme a sus propias reglas; quienes ignoraron durante años las advertencias legales y ambientales fueron las instituciones responsables de proteger un patrimonio que pertenece a todos.

El verdadero debate ya no consiste en calcular cuántas edificaciones más desaparecerán bajo las olas en el futuro próximo. El verdadero debate consiste en decidir si Guatemala continuará administrando su litoral como un bien público o seguirá permitiendo su ocupación bajo un modelo que ha demostrado ser insostenible.

El mar no necesita decretos ni resoluciones administrativas. Tampoco negocia con intereses económicos o políticos. Simplemente recuerda, con cada ola, que hay leyes que el Estado puede incumplir durante años, pero que la naturaleza termina haciendo respetar.

La incógnita no es qué hará el mar la próxima temporada. El mar seguirá haciendo lo que la naturaleza le impone. La verdadera incógnita es si el Estado continuará administrando el litoral como si nada hubiera ocurrido o si, por fin, hará cumplir la Constitución y devolverá esos espacios al uso público.