Algún día la corrupción tendrá todo el poder

Barataria

Cuando el Varón de Montesquieu escribió su obra intitulada “Del Espíritu de las Leyes”, dejó plasmada la idea muy clara por cierto, que el poder en manos de unos pocos y confabulados era tan dañino como el poder en manos del monarca absolutista.  De allí que fundamentó la teoría de separación de poderes que establece el modelo republicano.  El poder radicando en el pueblo que lo otorga bajo mandato a autoridades electas libre y popularmente se encuentra comprendido bajo el principio fundamental de que este poder, siendo soberano cuando esta en el pueblo, es decir en las voluntades ciudadanas ya no lo es cuando lo ejercen personas designadas, electas de manera directa y electas de manera indirecta.

En Guatemala, ha funcionado mas o menos una separación visible de poderes desde que se inició la era democrática.  Con la actual constitución promulgada en 1985, se abrió un régimen de legalidad en el que la relación entre el derecho y poder sería la siguiente: El derecho contenido en la Constitución y las Leyes Ordinarias, contendría o limitaría el poder que ejercen los funcionarios públicos para que ellos “no hagan lo que les dé la gana”.  Así lo establece el principio de juridicidad y principio de legalidad de constitucionales y por ello, ninguna persona pero especialmente ningun funcionario público esta por encima de la ley.  Ahora vemos como algunos netcenter andan cacareando el eslogan “ nadie por encima de la ley”, pero ello es aplicable con mayor rigor, puesto que los limites constitucionales así lo establecen, a los funcionarios públicos.  De allí que, el ciudadano de a pie tiene libertad para hacer todo aquello que la ley no prohíbe, esto es claro, también es claro que la ley no la podemos suponer, presumir o “estirar como hule” para aplicar a aspectos que no contienen.  Pero en el caso de lo funcionarios públicos, la Constitución establece claramente que el funcionario publico “debe hacer únicamente lo que la ley le manda a hacer”.

Hoy en día estamos viendo en los medios de comunicación a fiscales del Ministerio Público diciendo a los cuatro vientos que están para “defender la democracia” ¿Quién les ha designado esa tarea?  Tienen mas legitimidad los 48 Cantones de exigir respeto a la democracia que cualquier fiscal de quinta del Ministerio Público que se cree el superhéroe de la telenovela.  Que decir que en la conferencia de prensa en donde se anunció los resultados de la investigación abusiva del Ministerio Público sobre el proceso electoral, aparece el Secretario General del Ministerio Público arengando a diestra y siniestra en contra de Raimundo y Medio Mundo y especialmente a hablar de soberanía.  Se le olvida al tal, que es un funcionario público y no es el Canciller de la República.

En toda esta trama que se ha tejido, un marcado plan para hacerse con el poder a la fuerza.  Todo este sistema guatemalteco que encabezan instituciones claves para someter mediante la instrumentalización de las leyes a cualquier persona o institución han ido socavando los cimientos de la democracia y el principio republicano de la separación de poderes.  Han participado activamente los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que volvieron a emitir una resolución de amparo mucho más cantinflesca que las anteriores, otorgando el amparo provisional en el que se garantiza la transmisión de mando, eso lo sabemos desde que el Ministerio Público judicializó el proceso electoral; sin embargo lo que queríamos ver del Tribunal Constitucional mas consisteste con los principios democráticos y poner en su lugar (de forma legal por supuesto) al Poder Judicial y al Ministerio Público que se le lleva de adalid de la democracia cuando esta haciendo actos totalmente en su contra; pero nada, los Magistrados vuelven a engañar al pueblo, haciéndose pasar de independientes cuando están parcializados.

Del Poder Judicial cuyos actuales Magistrados tiene en sus manos ahora los antejuicios claves y uno de ellos del Presidente Electo. De los anteriores magistrados no digamos, no solo estuvieron ilegítimamente en el cargo sino que fueron la magistratura más transera y corrupta que se haya conocido.  Y a esa lista se suman el actual Congreso de la República que hace lo que quiere sin medir consecuencia alguna y con una mayoría de diputados expuestos públicamente por ser comparsas de la corrupción y al final el Ministerio Público con la Fiscal General y sus fiscales secuaces que se encuentran trabajando incansablemente día y noche para traerse abajo todo el proceso electoral, porque ya tienen pactado que el binomio ganador no debe tomar posesión y con ello ha presentado tanto antejuicio se debe: En contra de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral el cual ya desintegraron, en contra del Presidente Electo que tiene un severo riesgo de no asumir la presidencia y de algunos diputados del partido Semilla.  El Ministerio Público grita a los cuatro vientos que su actuar es independiente que no ve tiempos políticos y que solo debe cumplir su función constitucional.  Lo cierto es que su actuar es muy político, que se ha empecinado junto con un grupo enquistado en posiciones de poder, en no permitir la transmisión normal del poder a quien el pueblo eligió y lo mas grave, aunque gracioso a la vez, es que el único que grita fraude es el Ministerio Público, los partidos políticos no están gritando fraude ni los candidatos perderores, a excepción de la señora Torres, que le conviene una enésima oportunidad para correr por la presidencia aunque todos sabemos que perderá.  ¿Entonces?  ¿Porque el Ministerio Público es el único que grita fraude?  Pues al parecer es porque es el brazo instrumentalizado que, a través de la manipulación de la ley y en contubernio con los jueces que ya todos conocen, quiere evitar que la democracia (poca y mala que tenemos) se acabe a través de la persecución a quienes todo el pueblo eligió y que debe tomar posesión.  Como he titulado esta columna:  Los actuales funcionarios corruptos que están en el poder en las instituciones, junto a un gran grupo de corruptos que se han enriquecido de los dineros públicos al amparo de la corrupción galopante en el Estado, quieren hacerse del poder bajo argumentos de que hay corrupción y fraude, para que supuestamente ejerciendo el poder puedan luchar contra la corrupción que ellos mismos han establecido.  Eso es como dejar cuidando la carnicería a los perros callejeros.

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