Certificados por lo que entregan, no por lo que son
Zoon Politikón
La sección 7045 dejó de medir instituciones y empezó a medir obediencia. Guatemala llega a 2027 con la puerta abierta y la bóveda vacía.
Cinco años antes de firmar la certificación, el mismo Departamento de Estado había publicado una lista oficial de 55 actores corruptos y antidemocráticos de esos tres países. La distancia entre ambos documentos no es un error administrativo. Es un cambio de política. Para entenderlo no hay que creer en el cinismo del certificante ni en la malicia del certificado: hay que contar. Si se descompone la certificación del 1 de julio de 2026 en las treinta verificaciones que exige la sección 7045 —diez condiciones por tres países— el resultado no es ambiguo: ocho celdas se sostienen con evidencia y las ocho pertenecen al eje de cooperación bilateral con Estados Unidos; nueve se contradicen abiertamente con la evidencia disponible y las nueve pertenecen al eje de calidad institucional interna. El resto no es verificable porque los datos no existen o no se publican.
Ese patrón no es un accidente estadístico. Repetido tres veces en tres países con historias políticas distintas, deja de ser casualidad para convertirse en criterio. Lo que la certificación de 2026 mide con precisión es la disposición de los tres gobiernos a recibir deportados, a coordinar controles migratorios y a colaborar en materia antinarcóticos. Lo que no mide —o no incorpora de manera decisiva en su resultado— es si sus fiscalías investigan, si sus tribunales fallan sin instrucciones y si sus periodistas trabajan sin cuentas congeladas.
La ley se adelantó al acto administrativo con una señal que rara vez se comenta. En la arquitectura vigente hasta 2025, la condición migratoria ocupaba el noveno lugar de la enumeración. En la ley de asignaciones de seguridad nacional promulgada el 3 de febrero de 2026, esa misma condición subió al cuarto lugar. El cambio de posición no crea por sí solo una jerarquía jurídica, pero el Congreso estadounidense dejó una señal de preferencia que el Departamento de Estado ejecutó con una firma delegada —no la del secretario, sino la de su adjunto— sobre dos notificaciones gemelas que certifican a los tres países en bloque, sin dispensa de interés nacional y sin distinguir entre una democracia electoral en recomposición y una autocracia electoral consolidada.
Aquí aparece el segundo hallazgo, más incómodo que el primero. El mecanismo de la sección 7045 conserva una consecuencia jurídica, pero su capacidad material de premiar o castigar se ha reducido junto con los fondos que condiciona. Según los registros disponibles al cierre de agosto de 2026, las obligaciones de asistencia reportadas habían caído 97.6 % en Guatemala, 98.8 % en El Salvador y 97.7 % en Honduras respecto al año fiscal 2024. El sector que financiaba exactamente las condiciones incumplidas —democracia, derechos humanos y gobernanza— fue el más castigado hasta quedar reducido, en los registros disponibles, a una presencia residual. La condicionalidad sobrevivió a la reducción de su objeto. Se conserva el ritual de verificar el uso de fondos cuya transferencia quedó reducida a niveles residuales, mientras el Congreso admite en su propio informe que no incluyó autoridad para reprogramar los recursos si las condiciones no se cumplen.
Honduras ofrece el contraste más revelador. No había sido certificada desde agosto de 2022. Cuatro años sin certificación no impidieron que el presidente estadounidense indultara, el 1 de diciembre de 2025, a Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en una corte de Nueva York. Dieciocho días después, el mismo gobierno revocaba visas a funcionarios hondureños por obstaculizar el conteo de votos. Ni la certificación ni su ausencia han demostrado capacidad suficiente para disciplinar la política exterior real, que transita por canales que la sección 7045 no toca.
La discusión sobre el doble estándar, aunque legítima, se queda corta. El problema no es solo que se certifique a un país cuyo régimen de excepción cumple cuatro años, cuya legislación de agentes extranjeros cerró las oficinas de las organizaciones que documentaban esos abusos y cuya defensora legal más visible acumula más de cuatrocientos días de detención sin que se celebre la segunda audiencia ni exista fecha de juicio. El problema más profundo es que la certificación ya no compra lo que prometía. Guatemala no obtuvo una reactivación sustantiva de fondos: obtuvo, sobre todo, una descripción favorable de sí misma.
Esa descripción llega en el peor momento posible. El Tribunal Supremo Electoral convocará el proceso el 22 de enero de 2027; la primera vuelta será el 27 de junio. El relevo en la Fiscalía General en mayo de 2026 abrió una posibilidad real de recomposición, pero el 30 de julio la estructura judicial heredada bloqueó las primeras órdenes de captura contra los operadores del período anterior. La captura no era personal: era estructural, y sobrevive a la persona que la encarnaba. El ciclo de 2027 será el primero en una década que Guatemala enfrente sin el andamiaje de cooperación externa que sostuvo los programas de justicia entre 2016 y 2024, y lo enfrentará con una certificación en la mano que declara cumplidas condiciones sobre problemas que siguen abiertos.
Ser certificado por lo que se entrega, y no por lo que se es, es una forma de precariedad. La contención de las amenazas electorales de 2027 dependerá de la fiscalía, de las cortes, del Tribunal Supremo Electoral y del periodismo guatemaltecos —con los recursos que tengan y sin la expectativa de un socio que ya declaró, con su firma y con su presupuesto, cuál es su verdadera prioridad en el istmo. Conviene saberlo ahora y no en junio de 2027.
