El presupuesto de Q192 mil millones: más dinero, pero la ciudadanía exige resultados
Una Guatemala Diferente Es Posible
La propuesta de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, presentada por el Gobierno de Guatemala, asciende a Q192 mil 045 millones, convirtiéndose en la cifra más alta planteada en la historia presupuestaria del país, el incremento representa un 13.8% respecto del presupuesto vigente para 2026 y abre un debate: ¿Más presupuesto significa necesariamente mejores resultados para los guatemaltecos?
Durante la administración del presidente Bernardo Arévalo, el presupuesto estatal ha experimentado un crecimiento considerable, al comparar lo presupuestado para el primer año de gobierno y la propuesta para 2027 se muestra una diferencia cercana a Q60 mil millones; es decir, el Estado contará con muchos más recursos que al inicio de la actual administración, sin embargo, existe una percepción ciudadana generalizada que plantea una pregunta incómoda: si el Estado ha tenido cada vez más dinero disponible, ¿Por qué una parte importante de la población no percibe mejoras proporcionales en las carreteras, hospitales, escuelas, seguridad y otros servicios públicos?
El Gobierno sostiene que el incremento presupuestario permitirá fortalecer áreas prioritarias como educación, salud, infraestructura, protección social y seguridad, sin embargo, el verdadero desafío no consiste únicamente en cuánto dinero se asigna, sino en la calidad y eficiencia con que se ejecuta. El ciudadano común difícilmente evalúa un gobierno revisando cuadros presupuestarios; lo hace observando la realidad: si encuentra una carretera destruida, un hospital sin medicamentos, una escuela en malas condiciones o una respuesta insuficiente frente a la delincuencia, su percepción será que el Estado no está funcionando, independientemente de los miles de millones de quetzales aprobados.
Uno de los principales puntos de preocupación es el déficit fiscal proyectado para 2027, equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto, para financiar el presupuesto, el Estado dependería no solamente de la recaudación tributaria, sino también de una importante colocación de bonos y otras fuentes de financiamiento. Analistas económicos han advertido que la discusión debe centrarse en la sostenibilidad de este crecimiento del gasto. Hugo Maul, analista del CIEN, ha señalado que el debate no debería limitarse a determinar si Q192 mil millones es mucho o poco, sino a analizar la composición del presupuesto y la velocidad con la que crecen los compromisos fiscales del Estado, por su parte, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, ha cuestionado el incremento entre el techo presupuestario preliminar y la propuesta final, señalando la necesidad de una explicación técnica más detallada. La preocupación es comprensible: un Estado puede justificar un mayor gasto cuando este se traduce en mejoras verificables, pero resulta más difícil defenderlo cuando la ciudadanía no logra identificar claramente los resultados de esa inversión. El propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado a Guatemala avanzar, en el mediano plazo, hacia una consolidación fiscal que permita mantener la estabilidad y favorecer la inversión
Otro elemento que merece especial atención es el contexto político. El presupuesto de 2027 se ejecutaría durante un año electoral, lo que inevitablemente incrementa el escrutinio sobre el uso de los recursos públicos. Los Consejos Departamentales de Desarrollo, conocidos como Codedes, ya cuentan con una planificación de miles de millones de quetzales para inversión territorial en 2027. Estos recursos pueden ser fundamentales para llevar obras y servicios a las comunidades; sin embargo, precisamente por tratarse de un año electoral, la utilización propagandística de las obras, el clientelismo y la eventual asignación de proyectos con criterios políticos son riesgos que deben ser prevenidos y vigilados por la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la sociedad civil y los medios de comunicación, su ejecución debe estar sometida a estrictos mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
El Congreso tiene ahora una responsabilidad fundamental, aprobar un presupuesto no debe convertirse en una competencia por repartir recursos o satisfacer intereses políticos; debe realizarse un análisis técnico, transparente y responsable de cada asignación, en un año electoral, la fiscalización deberá ser todavía mayor. Guatemala necesita recursos para desarrollarse, pero también necesita garantías de que cada quetzal prestado, recaudado o asignado produzca beneficios reales para la población.
En definitiva, el problema no es que el Estado tenga un presupuesto más grande. El verdadero problema sería que, después de gastar Q192 mil millones, Guatemala continúe teniendo los mismos problemas de siempre y la población siga preguntándose: ¿En dónde está el dinero y dónde están los resultados?
AL RESCATE DE GUATEMALA
GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES
