Cuando todos culpan al gobierno, pero la llave la tiene el Congreso

Poptun

Durante los últimos días, los bloqueos y manifestaciones provocados por el alza de los combustibles han vuelto a poner sobre la mesa una discusión que va mucho más allá del precio de la gasolina o del diésel. El malestar es legítimo. Cuando aumenta el combustible, aumenta también el costo de transportar alimentos, mercancías y personas, y tarde o temprano ese incremento termina golpeando el bolsillo de las familias.

En las consignas de los manifestantes y en buena parte del debate público se repite una frase: “el gobierno no hace nada” o “el gobierno es el culpable”. En el lenguaje común se asocia automáticamente al “gobierno» con el Organismo Ejecutivo, olvidando que el Estado guatemalteco se compone de tres poderes independientes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, cada uno con funciones y competencias exclusivas.

En Guatemala, corresponde al Congreso de la República, como Organismo Legislativo, ejercer la potestad de legislar: crear, reformar y derogar leyes; establecer o modificar impuestos; aprobar el presupuesto y autorizar el uso de recursos públicos. Por eso, si se pretende suspender temporalmente determinados impuestos, crear una exoneración tributaria o establecer un subsidio a los combustibles con fondos públicos, se necesita una decisión legislativa que le dé respaldo legal. El Ejecutivo puede proponer, impulsar, negociar y posteriormente ejecutar esas medidas, pero no puede, por sí solo, dejar de cobrar un impuesto establecido por ley ni disponer de recursos públicos para crear un subsidio que no haya sido autorizado legalmente.

La historia reciente lo demuestra. En abril, el Congreso aprobó mediante el Decreto 11- 2026 un subsidio temporal de Q2 mil millones, que estableció una reducción de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas regular y superior. El Ejecutivo fue responsable de reglamentar y ejecutar esa disposición, pero la decisión de crear el mecanismo y asignar los recursos nació de una ley aprobada por el Legislativo.

Por eso resulta indispensable separar dos discusiones que con frecuencia se mezclan.

Una cosa es determinar quién provocó e laumento internacional de los combustibles. Otra, muy distinta, es establecer qué puede hacer Guatemala para amortiguar sus efectos.

Sobre la primera, atribuirle al Ejecutivo guatemalteco la responsabilidad por el precio internacional del petróleo sería tan sencillo como absurdo. Guatemala depende de los mercados internacionales para abastecerse de combustibles y, por tanto, está expuesta a factores que ocurren mucho más allá de sus fronteras. La tensión militar entre Estados Unidos e Irán, los ataques en Medio Oriente y la incertidumbre alrededor del estrecho de Ormuz han presionado las cotizaciones internacionales y aumentado el temor a interrupciones en el suministro.

El impacto no es imaginario. Para el 3 de septiembre, el diésel ya alcanzaba alrededor de Q46.39 por galón en el área metropolitana, mientras la gasolina regular rondaba los Q40.09 y la superior los Q42.09.

Ningún gobierno guatemalteco puede ordenar al mercado internacional que reduzca el precio del petróleo. Tampoco puede controlar una guerra al otro lado del mundo. Lo que sí puede hacer el Estado es decidir cómo distribuir internamente el impacto de esa crisis. Y es justamente allí donde aparece la responsabilidad del Congreso.

El 1 de septiembre, mientras el país enfrentaba bloqueos, el pleno legislativo cerró la sesión sin votar la propuesta que buscaba suspender durante seis meses determinados impuestos a los combustibles y establecer un apoyo temporal para el diésel. La iniciativa 6810 planteaba eliminar temporalmente el IVA y el impuesto a la distribución del petróleo para determinados combustibles, además de contemplar un aporte de Q12 por galón de diésel. La votación para conocerla de urgencia nacional no llegó a realizarse por falta de quórum.

El Congreso no es el único responsable de resolver la crisis, pero si es el órgano que tiene en sus manos varias de las herramientas que se están reclamando en las calles.

El Ejecutivo, por supuesto, no queda automáticamente exento de toda responsabilidad, pero exigirle que haga aquello que jurídicamente no puede hacer por sí solo es otra cosa. La protesta social tiene derecho a señalar al poder público. Precisamente por eso tiene también derecho a señalarlo correctamente.

Bloquear una carretera puede expresar desesperación, pero no sustituye la precisión institucional. Cuando el reclamo exige eliminar impuestos temporalmente o financiar subsidios con recursos públicos, la presión ciudadana debería dirigirse al Congreso de la República. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir una demanda legítima en una consigna funcional a los intereses de ciertos actores políticos, mientras se sigue tocando la puerta equivocada.

En la opinión pública existe una marcada tendencia a responsabilizar universalmente al Ejecutivo: Si sube la gasolina, es el gobierno. Si no hay subsidio, es el gobierno. Si el Congreso no sesiona o no consigue quórum, también es el gobierno. Si una ley no se aprueba, nuevamente es el gobierno.

La democracia necesita ciudadanos exigentes, pero también ciudadanos informados. Y una sociedad que reclama soluciones debe conocer quién tiene la llave de cada solución.

El problema de los combustibles es real, y el golpe sobre el transporte y los productos básicos también lo es. Las familias necesitan respuestas urgentes, pero, precisamente por la gravedad de la situación, la indignación no puede suplantar al análisis. Si se requiere que el Estado alivie temporalmente la carga de los consumidores, debe exigirse al Congreso que debata dónde, cuánto y con qué recursos hacerlo. Si se plantea reducir impuestos o aprobar subsidios, es al Legislativo a quien corresponde votar, definir su alcance y garantizar su financiamiento. Y si una propuesta no es viable fiscalmente, debe exigirse que se explique públicamente por qué

La protesta tiene derecho a exigir; el Ejecutivo, a proponer y ejecutar; y el Congreso, a legislar y decidir. Cada organismo del Estado tiene una competencia distinta.

Porque cuando todos son señalados como culpables, nadie responde; y cuando se exige la solución a quien no tiene la llave, quien sí la tiene permanece cómodamente fuera del foco.

El precio internacional del petróleo no se decide en Guatemala, pero las decisiones sobre cómo amortiguar sus consecuencias a nivel local, sí. Y cuando se reclama una reducción de impuestos o un subsidio con recursos públicos, la puerta que debe tocarse es la del Congreso de la República.

Exigirle al Ejecutivo que actúe donde constitucionalmente le corresponde decidir al Legislativo no resuelve la crisis; solo logra que la ciudadanía continúe tocando la puerta equivocada.