De Norberto Bobbio al Estado fracasado

Del Escritorio del General

Recordando la filosofía política de Norberto Bobbio, podemos aproximarnos a algunos de los temas centrales que este pensador desarrolló con admirable claridad. Bobbio sostenía que la democracia es un sistema de libertades, no de opresiones. Por el contrario, la verdadera democracia constituye un estado jurídico de libertad y prosperidad, en el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y responsabilidades inherentes a esa libertad.

El Estado democrático, según Bobbio, se fundamenta en la ley: es la ley la que da forma y carácter institucional a los organismos del Estado. La teoría del Estado se sostiene sobre dos columnas esenciales: la ley y la democracia. Las leyes deben ser generales, de aplicación inmediata y orientadas al bien común, mientras que el Estado debe funcionar como ejecutor de las aspiraciones de sus ciudadanos. La política, en su más alta expresión filosófica, demanda que las instituciones se organicen conforme al marco legal y actúen dentro de sus límites.

Cuando esas instituciones son socavadas por la irresponsabilidad política, el orden institucional se quiebra. En esos momentos, los ciudadanos debemos permanecer alerta ante el peligroso tránsito entre la legalidad y la ilegalidad. Cuando los políticos —o más precisamente, los demagogos— pretenden manipular o subvertir los principios constitucionales del poder legítimo, las consecuencias son inevitables: anarquía, violencia y desobediencia civil. Ello, a menudo, obliga a restaurar el orden legal mediante la recuperación del principio constitucional que ha sido violado por la demagogia institucionalizada.

Hoy, nuestro país parece sumido en esa misma violación legal. La confrontación entre las instituciones que dan vida a la República es cada día más evidente, alejándonos del principio de legalidad y del espíritu filosófico de la democracia como camino de supervivencia del Estado nacional.

No es sólo una apreciación teórica de Bobbio, sino una realidad empírica: la repetición constante de los mismos errores conduce a consecuencias nefastas. En el caso de Guatemala, los demagogos políticos han llevado al Estado al borde de la irracionalidad institucional, violando la ley y desfigurando la separación de poderes. El resultado es una crisis constitucional y una confusión generalizada sobre el papel de cada organismo del Estado.

Nuestra Constitución Política de la República es clara: confiere al Ejército de Guatemala la responsabilidad de salvaguardar el orden constitucional, proteger el Estado democrático y defender los intereses de los ciudadanos. Esa es una función de resguardo institucional, no de ambición política. Pero cuando el poder civil degrada las instituciones, se erosiona también la autoridad moral del Estado.

Esto refleja dos verdades fundamentales. Primero, que el concepto democrático ha sido manipulado y degradado por políticos oportunistas que, aunque han accedido al poder bajo el ropaje de la democracia, lo han hecho mediante prácticas dudosas y corruptas. Segundo, que tales actores han convertido el aparato estatal en un instrumento de enriquecimiento personal y de corrupción estructural. Esta situación revela el deterioro profundo del Estado, especialmente del Poder Ejecutivo, cuya legitimidad y eficacia son hoy objeto de seria duda debido a anomalías en los procesos electorales y a una evidente falta de rumbo gubernamental.

Pareciera que las ocurrencias del amanecer dictan las decisiones nacionales. No hay planificación ni visión de Estado. Falta liderazgo, disciplina administrativa y ejecución presupuestaria; faltan satisfactores básicos para la población.

El Presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, tiene la obligación indelegable de ejecutar el presupuesto con responsabilidad y supervisar el cumplimiento de los ministros. No puede trasladar esa carga a terceros sin rendir cuentas. Cuando eso no ocurre, lo que surge es una cadena de excusas y promesas vacías, pero no resultados. El liderazgo nacional debe centrarse en la gestión eficiente, en la supervisión constante y en la rendición de cuentas. Sin esas condiciones, el país avanza hacia la insolvencia política y moral.

Guatemala necesita reconstruir su visión de Estado, fortalecer su institucionalidad y elegir líderes que comprendan que gobernar no es improvisar, sino ejecutar con eficacia y servir con honor.

Debemos apuntalar una nueva visión ejecutiva, donde el presidente sea garante de la seguridad, la estabilidad y el bienestar del pueblo guatemalteco.

Caminemos por la derecha.

Adelante, con espíritu de vencedores.

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