Dejarlos en libertad
Tanmi Tnam
Comprender la postura de Amnistía Internacional que como movimiento denuncia y solicita terminar con los abusos contra los derechos de determinadas personas en distintas partes del mundo. También organizaciones propias de pueblos indígenas de Guatemala, especialmente autoridades comunitarias y autoridades ancestrales del Pueblo Maya han argumentado suficientemente que no hay delitos por hacer cumplir los requerimientos de la comunidad toda vez que la actuación esté en el marco del diálogo, la paz y la armonía.
Este es el caso de las exautoridades de 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco y Héctor Chaclán que llevan un año de estar en prisión preventiva sin que el proceso avance por múltiples razones por parte de los tribunales responsables del caso. Es conocido por todos que estas exautoridades indígenas están siendo criminalizadas por atender el cumplimiento del mandato de las comunidades que representaron tanto dentro de sus respectivas localidades como fuera de ellas. Servir a los habitantes por decisiones de los mismos comunitarios y ejecutar el mandato a nombre de las comunidades, está lejos de ser un hecho de terrorismo o de asociación ilícita como lo señala el Ministerio Público de Guatemala. Pasado un año en prisión preventiva, es de reflexionar que el criterio de ser una investigación rápida y apegada a los hechos que prueban los señalamientos que se les imputan, cabe pensar que solamente son malas intenciones porque hay hechos que impiden que el proceso avance de manera satisfactoria. Está claro que encarcelar a exautoridades indígenas están enviando un mensaje claro a miles de estas autoridades que están cumpliendo con su año de servicio en distintas aldeas y caseríos del interior del país para no denunciar casos de incumplimiento de derechos individuales y colectivos, el maltrato al medio ambiente, limitar el accionar de entidades propias de los pueblos indígenas o señalar hechos injustos.
Es de recordar que Luis Pacheco y Héctor Chaclán cumplieron con el mandato de sus respectivas comunidades, por lo que razón tiene Anmistía Internacional de calificarlos como presos de conciencia debido a que están encarcelados injustamente, sin haber utilizado la violencia, por lo que este caso específico, es entendido como persecución y criminalización a líderes de comunidades indígenas y por pertenecer a una estructura que es expresión de organización propia del Pueblo Maya. Basta visitar alguna comunidad rural para observar el cumplimiento de los roles de servir a los habitantes, qué temas son de interés común, cuáles son las estrategias y acciones para llegar a acuerdos entre todos, comisiones que organizan para conservar la vida de todos, los argumentos utilizados y cómo es que se ejecutan las acciones que solicita la comunidad. Entre los temas más comunes que tratan los comunitarios y sus respectivas autoridades están la seguridad, la administración de la justicia según la cultura propia, el cuidado del ambiente, el desarrollo y llevar la voz ante las autoridades del sector oficial. En pocas palabras, no hay autoridad comunitaria que actúa sin el conocimiento y autorización expresa de la comunidad.
Las aldeas y caseríos del interior del país que cuentan con autoridades comunitarias y otras autoridades ancestrales en condiciones de desigualdad, necesitan de sus autoridades para la defensa de sus derechos, la conservación de su entorno natural, de hacer escuchar su forma de ver la vida y de afirmar con seguridad ser de un pueblo indígena y ser parte de Guatemala. Urge entonces liberar a Luis Pachecho y a Héctor Chaclán.
