El terremoto en Colombia pone a prueba la resiliencia crediticia de emisores, pero los riesgos se mantienen contenidos
Por: Chistian Anguiano
El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el oeste de Colombia y causó daños significativos en partes del Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. Según los informes oficiales, el desastre tuvo consecuencias trágicas con más de 200 fallecidos, miles de heridos, numerosos edificios colapsados y disrupciones localizadas en infraestructura. El epicentro del terremoto se ubicó en el departamento del Chocó, que aporta solo alrededor del 0.4% del producto interno bruto (PIB) de Colombia, pero en el departamento vecino de Valle del Cauca, que representa el 10% del PIB nacional y alberga a Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es probable que los efectos económicos sean más significativos. Los principales canales de transmisión económica probablemente sean las interrupciones en las redes de transporte y las cadenas de suministro. Por ejemplo, las carreteras bloqueadas han restringido el movimiento de mercancías hacia los puertos del Pacífico, lo que podría afectar las exportaciones, incluidos los embarques de café, que representan aproximadamente el 8% de las exportaciones totales de Colombia.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, declaró el estado de emergencia y activó una línea de crédito del Banco Mundial de hasta USD450 millones para apoyar la reconstrucción en áreas afectadas. Los costos fiscales probablemente surjan en dos etapas: ayuda inmediata para hogares y empresas afectados; y eventual reconstrucción de la infraestructura dañada.
Las presiones adicionales sobre el gasto ocurren en un momento en el que la nueva administración busca reducir los gastos tras el elevado déficit fiscal del año pasado y el gasto ya considerable de este año. A menos que la respuesta al terremoto se financie mediante asistencia internacional, una reordenación de prioridades con respecto al gasto o nuevas medidas de ingresos, el margen del gobierno para llevar adelante el ajuste fiscal previsto podría reducirse. El uso de facultades de emergencia pondrá bajo escrutinio el marco institucional del país bajo la nueva administración, porque el Poder Ejecutivo legislaría temporalmente sin la aprobación previa del Congreso. En el pasado, la Corte Constitucional de Colombia limitó esas facultades cuando las medidas no eran necesarias, ni proporcionales o no estaban directamente relacionadas con la emergencia subyacente.
Para los bancos colombianos, si bien algunos prestatarios podrían experimentar disrupciones temporales en la actividad empresarial, la generación de ingresos y la capacidad de pago, el alcance geográfico del terremoto es limitado en comparación con el tamaño y la diversificación del sistema bancario. Si bien la calidad de los activos se deteriorará entre los prestatarios afectados, es probable que los efectos se concentren en carteras e instituciones específicas, en lugar de afectar el sistema crediticio en su conjunto.
Nuestra evaluación refleja la exposición moderada de los bancos a la región afectada y supone que la totalidad de los departamentos se vio afectada significativamente, lo que es poco probable que haya sido el caso. Los cinco departamentos que informaron los daños más importantes fueron Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. En conjunto, representan aproximadamente el 12% de la cartera total de créditos del sistema bancario colombiano y entre el 9% y el 19% de la cartera de las 10 instituciones más grandes. Alrededor del 80% de las exposiciones de estos bancos se concentran en Cali, Pereira y Manizales, los principales centros económicos de las regiones afectadas. Algunas estimaciones preliminares de los bancos sugieren que la exposición a los municipios más afectados podría ser significativamente inferior a las exposiciones regionales mencionadas anteriormente, lo que señala un nivel manejable de riesgo de activos.
La exposición es algo mayor en algunas instituciones que tienen su sede en Cali o se originaron allí. Para estas entidades, los créditos en los cinco departamentos afectados representan hasta el 70% de la cartera total. Sin embargo, estas instituciones son relativamente pequeñas y, en conjunto, representan solo alrededor del 1% de los créditos del sistema, lo que limita los efectos crediticios para el sistema bancario.
La composición de las carteras de créditos dentro de los departamentos afectados probablemente mitigue las pérdidas potenciales. Estimamos que las carteras de créditos en las áreas afectadas se componen aproximadamente de un 40% de créditos comerciales, un 35% de créditos al consumo y un 25% de créditos hipotecarios. Las pérdidas relacionadas con hipotecas deberían ser relativamente limitadas, ya que las propiedades residenciales que garantizan créditos hipotecarios generalmente deben mantener una cobertura de seguro contra terremotos, lo que reduce las posibles pérdidas relacionadas con garantías para los bancos, incluso cuando se producen daños físicos.
También esperamos una disrupción operativa limitada. Si bien algunas sucursales bancarias han suspendido temporalmente sus operaciones en espera de inspecciones de seguridad, los canales digitales, los sistemas de pago y las redes de cajeros automáticos en su mayoría siguen funcionando con normalidad, lo que reduce la probabilidad de una interrupción prolongada de los servicios financieros.
