Gracias doctora Consuelo Porras

Kidon

Corría el año de 1994 cuando ingresé al Ministerio Público, donde rápidamente el doctor Ramses Cuestas y su equipo, me asignaron a una fiscalía denominada especial. En ella, investigamos todo tipo de delitos, desde hurto de gallinas, robo de propiedades, homicidios, delitos tributarios, extorsiones, pandillas, hasta temas de narcotráfico; incluidos los turnos de evidencias que no eran más que levantar cadáveres en la vía pública, hospitales o residencias, en todo el departamento de Guatemala. 

Luego de cinco años, me gradué y opté por el ejercicio profesional liberal desde mi despacho, donde seguí acudiendo al MP, pero ahora como abogado litigante. A pesar de la carencia de recursos de la institución, siempre me percaté que era una entidad apolítica y que velaba por prestar un servicio de calidad a la población a través de las investigaciones que realizaba. 

Así pasaron varios fiscales generales, recuerdo al doctor González, al licenciado Juan Luis Florido, y a Velásquez Zarate, quienes desempeñaron la jefatura del MP, de manera ética, legal, objetiva, imparcial y libre de ideologías, partiendo de la premisa de perseguir el hecho delictivo no a la persona, de acuerdo a lo que regula el artículo 10 del Código Penal. 

Luego, llegó el turno del doctor Conrado Reyes, un abogado experimentado y con amplio conocimiento en materia de investigación. Sorpresivamente a los catorce días de haber tomado posesión, fue defenestrado del cargo por parte de la CC, argumentando falsamente que tenía vínculos con sectores obscuros, hechos que hasta el día de hoy no se han podido acreditar. 

En principio no entendí el motivo de la remoción, hasta que con sorpresa pude verificar que el reemplazo del doctor Conrado, era Claudia Paz y Paz, una abogada sanguíneamente relacionada a grupos de delincuentes terroristas de ideología castrista, y quien, aprovechándose del monopolio de la investigación penal, no tardó en convertir al MP en una trinchera donde pretendió prolongar la guerra por medio de la aplicación del derecho penal del enemigo. 

Durante su gestión se inició uno de los regímenes de terror más duros en la historia nacional y que condujeron a prisión a casi a un centenar de veteranos, al validar una serie de denuncias espurias promovidas por los vencidos en armas, quienes además intentaron condenar al país por un falso delito de genocidio, para activar la maquinaria del resarcimiento.  

Pasados los cuatro años de su nefasta gestión, llegó el turno de Thelma Aldana, una abogada que de conserje pasó a ocupar la jefatura de la fiscalía. Aldana íntimamente relacionada con estructuras del crimen organizado, no tuvo otra salida más que someterse al pedido internacional socialista y continuar con la cacería indiscriminada de cuanto opositor político o ideológico se designara, esto para preservar su libertad y su trabajo. 

En esa época, ya teníamos metida hasta la cocina a la hoy derrotada CICIG y a su brazo ejecutor la FECI, donde de igual manera se lanzaron una serie de ataques judiciales que, bajo el supuesto de perseguir la corrupción, emprendieron en contra de miles de ciudadanos honestos, incluido el presidente de la República y su familia. Por desgracia, varios de los perseguidos ilegalmente fallecieron en prisión, otros padecieron graves enfermedades y otros más perdieron sus bienes, víctimas de estos antisociales. 

Hoy en día estas dos exfiscales, se encuentran prófugas de la justicia. 

Por fortuna para Guatemala, llegó el turno de la doctora Consuelo Porras, una mujer de derecho, creyente de Dios, y con un gran espíritu de servicio, quien, a pocos días de haber tomado el control de la fiscalía, logró erradicar por completo ese flagelo de terror, dando paz, tranquilidad y sobre todo certeza jurídica.

A partir de esta época, las investigaciones se fundamentaron en la defensa de la víctima y el respeto irrestricto a las garantías procesales, en especial la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Se implementaron medios científicos de investigación, y se crearon fiscalías en toda la república para atender las demandas de la población. Se logró certificar la institución en temas de transparencia internacional, lográndose reducir la mora fiscal en gran porcentaje, así como obtener un índice de condenas que superaron por demás a las otras administraciones. 

Y qué decir del apoyo irrestricto que recibió de diferentes agencias del norte, especialmente las que persiguen narcos, terroristas, migrantes y demás estructuras criminales transnacionales, así como de otros organismos judiciales y republicanos, por el récord de extradiciones ejecutadas durante su mandato, colaborando así con la seguridad regional que es de interés general. 

No fue una tarea fácil, pues la embestida que se lanzó por parte de la izquierda terrorista nacional e internacional y los degenerados que los aplauden, tuvo su costo, pero a la postre no hay costo que valga más, que dejar al país con una institución sólida en materia de investigación penal y que garantice la plena vigencia de los postulados constitucionales.  

Por ello, la gran mayoría de la población agradece a la doctora Consuelo Porras estos ocho años de gestión al frente del Ministerio Público, sabiendo que deja un legado en la institución que ojalá perdure. Dios la bendiga grandemente.