GUATEMALA, EL SISTEMA Y LA DECISIÓN 6

Zoon Politikón

Los escenarios que vienen

Guatemala no tiene un futuro único. Tiene trayectorias posibles. No todas son iguales.

Hay una ilusión cómoda que estructura casi toda la discusión pública sobre el país: que el futuro está determinado. Que el deterioro es inevitable, o que la reforma es inevitable, dependiendo del bando desde el que se habla.

Ninguna de las dos cosas es cierta.

El futuro de Guatemala en los próximos dieciocho meses no está escrito. Pero tampoco es abierto. Está condicionado por variables que los cinco artículos anteriores identificaron con precisión: los actores que se benefician del equilibrio, los mecanismos que lo reproducen, los nodos donde es vulnerable, la coalición que podría alterarlo. Lo que viene depende de decisiones que se están tomando ahora, en silencio, sin que nadie las llame por su nombre.

Hay tres trayectorias plausibles. Lo que las diferencia no es el azar ni la historia. Son decisiones concretas de actores concretos.

Algunos de esos actores tienen nombre. Algunos tienen escaño. Algunos tienen cuenta bancaria en el exterior. Todos tienen algo que ganar o perder según cuál de las tres se materialice.

La primera es la más probable porque no requiere que nadie decida nada nuevo.

Solo requiere que todo siga igual.

El ejecutivo llega a 2027 sin haber producido reforma estructural, pero sin que el sistema colapse. El CECAT sigue sin presupuesto real. [1] La ley antilavado sigue atascada. Los dos mil quinientos casos de lavado de activos remitidos por la Intendencia siguen sin producir acción formal. La extorsión oscila pero se mantiene como tributo paralelo sobre la vida cotidiana: el 92.9% de las denuncias contra hogares y pequeños negocios no es un dato de violencia excepcional. Es el costo ordinario de vivir.

Lo que cambia en esta trayectoria es estructural y de largo plazo: el crimen organizado consolida territorios, profundiza corredores logísticos y eleva gradualmente el costo de toda transacción que requiere mediación institucional. La base fiscal permanece capturada en 11.8% del PIB. La ventana para intervenir en los nodos identificados se estrecha con cada ciclo electoral que pasa sin reforma.

El sucesor de Arévalo en 2027 recibirá un sistema más consolidado y una ventana más estrecha. Esta trayectoria no termina en catástrofe. Termina en la reducción progresiva de lo que es posible.

La segunda se activa cuando una perturbación supera la capacidad de contención del Estado.

No necesariamente un colapso total. Puede ser una segunda crisis carcelaria de mayor escala que la de enero de 2026. Puede ser una caída sostenida de las remesas —que representan el 20% del PIB— [2] coincidiendo con un alza de extorsión en los departamentos más dependientes. Puede ser una designación bajo legislación extranjera de un actor guatemalteco de alto perfil político-económico que desborde la gestión bilateral. [3]

Cualquiera de esos eventos abre una ventana. El problema es que las ventanas de crisis no tienen dirección propia. La dirección la determinan los actores que llegan primero con propuesta, recursos y capacidad de ejecución.

Hay dos caminos. El primero usa el shock para alterar los cálculos de los actores que hoy bloquean la reforma y activa la coalición mínima bajo presión. La crisis como oportunidad es técnicamente posible. Requiere que la coalición exista cuando la crisis llega.

El segundo es el que la historia reciente de la región muestra con mayor frecuencia. No porque los actores sean más malvados en un país que en otro. Sino porque los actores con recursos, redes y posiciones consolidadas siempre llegan antes que los reformadores a una crisis. La respuesta excepcional se captura por los mismos actores que capturaron las instituciones ordinarias. El resultado es más concentración de poder, menos accountability, reforma del discurso sin reforma de la arquitectura.

La diferencia entre esos dos caminos no depende de la magnitud de la perturbación. Depende de si la coalición existe antes de que la crisis llegue. Si hay que construirla durante la crisis, ya es tarde.

Las crisis no esperan a que los reformadores estén listos.

La tercera es la de menor probabilidad. Y la única que cambia la dirección de fondo.

Requiere una coincidencia de condiciones que hoy no existe pero que podría construirse en el horizonte que queda antes de 2027. [4]

Que la presión externa se traduzca en recursos técnicos concretos para la cadena IVE-MP, no en declaraciones ni condicionamientos generales que el sistema ya aprendió a administrar. Que el ejecutivo use los instrumentos que sí tiene para activar esa cadena en al menos un caso de alto perfil. Que ese resultado sea suficientemente visible para alterar la aritmética del bloque legislativo que hoy bloquea el antilavado.

No es reforma total. Es una grieta en el equilibrio en el lugar correcto. Una grieta en el lugar correcto cambia más que una reforma ambiciosa mal apuntada. El sucesor de Arévalo recibiría en 2027 un sistema distinto: no transformado, pero con un nodo roto que hace más difícil la siguiente captura.

Lo que hace improbable este escenario no es que sea técnicamente imposible. Es que requiere exactamente la coalición que el artículo anterior describió y que hoy no existe en esa configuración.

Lo que define cuál de estas tres trayectorias se materializa no es el azar.

Son tres decisiones, ninguna técnica.

Si la presión externa se convierte en recursos o se queda en señalización. Si el ejecutivo usa los instrumentos que tiene o espera los que no tiene. Si el bloque legislativo calcula que el costo de seguir bloqueando ya supera el beneficio.

Ninguna de esas decisiones tiene respuesta técnica. Las tres son políticas. Lo que significa que no son problemas de análisis.

Son problemas de voluntad.

Y la voluntad no se produce con más información. Se produce cuando el costo de no decidir se vuelve más alto que el costo de decidir.

Ese punto ya llegó.

Lo que no ha llegado es la decisión.

Notas

[1] CECAT · Centro de Análisis y Coordinación Antiterrorista, creado por decreto ejecutivo dentro de las 72 horas siguientes a la visita del Secretario de Estado Marco Rubio a Guatemala en enero de 2025. A la fecha de este análisis, opera sin presupuesto legislativo asignado ni mando formal definido. Fuente: Minfin, ejecución presupuestaria 2025-2026; decreto ejecutivo de creación.

[2] Remesas: 20% del PIB · Guatemala recibió aproximadamente US$21,510 millones en remesas en 2024, con proyección de US$24,500 millones para 2025. El impuesto del 1% aplicado por EE.UU. desde enero de 2026 equivale a aproximadamente US$245 millones anuales menos para las familias receptoras. Los cinco departamentos que más reciben remesas son los de mayor presencia criminal territorial. Fuente: Banguat, enero 2025; eP Investiga, diciembre 2025.

[3] Designación bajo legislación extranjera · Se refiere a posibles designaciones bajo la Ley RICO de EE.UU. o sanciones de la OFAC contra actores guatemaltecos de alto perfil político-económico. Este tipo de designaciones tienen efectos directos sobre activos, cuentas y relaciones comerciales en EE.UU.

[4] Ciclo electoral 2027 · Ver nota [4] del Artículo 5. La ventana de reforma sustantiva se cierra progresivamente a medida que la lógica de posicionamiento electoral domina los cálculos de todos los actores relevantes.