Guatemala, una estación del Tren de Aragua

Kidon

Al parecer el gobierno del socialista Bernardo Arévalo, anda algo perdido al indicar que, en el país, no opera la peligrosa banda criminal conocida como el Tren de Aragua. Una estructura criminal conformada por temidos narcotraficantes venezolanos y colombianos, especializados en el trasiego no solo de drogas, sino que también, de armas y municiones, así como de personas. 

Su centro de operaciones se extiende desde Suramérica, a diferentes regiones incluyendo Guatemala, donde tiene asentados diferentes centros de acopio, destinados a recibir, procesar y comercializar con la ayuda de cárteles nacionales, diferentes cargamentos de droga que sus pares venezolanos y colombianos les envían, con destino a distintas ciudades del norte y Europa.  

Es que la posición geográfica de Guatemala es muy atractiva para el tipo de negocios que realiza esta célula criminal, no solo por su cercanía con los Estados Unidos de América, sino que en especial por la falta de control y olvido por parte del gobierno de todas las rutas y accesos a nivel nacional, así como la carencia de materiales y equipo militar para frenar el contrabando de sustancias prohibidas, lo cual nos convierte en un paraíso perfecto para el desarrollo de sus actividades ilegales. 

Si a eso le sumamos, un gobierno de corte comunista que, en vez de invertir el presupuesto del Estado en proteger la seguridad nacional, lo utiliza para su beneficio personal y familiar, así como para pagar deudas de campaña, y realizar una serie de actividades culturales, de derechos humanos, para atacar el cristianismo, fomentar el aborto, impulsar la perversa ideología de género, el cambio de sexo, el cambio climático, la defensa de inmigrantes criminales, criticar a Israel, y utilizar a nuestro ejército como una cuadrilla de albañiles o de carpinteros, y a la policía nacional civil como edecanes de sus familiares, lógico es pensar que estamos a merced de este grupo criminal transnacional. 

No es un secreto como en los últimos días hemos podido observar la proliferación de los cargamentos de armas que han ingresado al país por diferentes fronteras, algunos han sido detectados, otros han pasado directamente para ser entregados a los reclutados por esta temida organización criminal, armas que son utilizadas para sembrar el terror entre grupos rivales, así como para atacar a las fuerzas del orden. 

Hemos visto también como se han incrementado los ataques en diferentes lugares de la región, en su lucha por tomar el control del territorio, para convertirlo en una extensión de sus dominios, y desde allí importar y exportar diferentes tipos de drogas, obviamente con plena autorización de las autoridades gubernamentales, quienes, a cambio de fuertes sumas de dinero, les facilitan su estadía en el país, aunque esto represente un grave peligro para la seguridad regional.                           

Sumado al tema del reclutamiento de pandillas, por parte de estos antisociales bolivarianos quienes vieron un gran potencial delictivo en las maras como parte de su estrategia del control territorial para expandir el tráfico de precursores, drogas, armas y humanos, así como para ajusticiar a sus rivales, intimidar y acosar a los elementos de las fuerzas de seguridad, así como a todos aquellos que les resulten incomodos para el desempeño de sus actos terroristas. 

Por ello, es que recientemente se difundió la noticia relacionada con la fuga de más de una veintena de ellos de una cárcel de máxima seguridad del país, quienes salieron por la puerta principal, disfrazados de agentes de la ley, y fueron trasladados en vehículos estatales hacia sus destinos. El objeto de la fuga fue retomar las posiciones estratégicas para coordinar las operaciones de tráfico internacional y así asegurar el destino final. 

Lo preocupante de la situación es que además de los pandilleros fugados, se fugó también la estructura de gobernación encargada de custodiarlos, lo cual nos lleva a la conclusión de que, sin lugar a duda, existió participación gubernamental para beneficiarlos, con lo cual se atentó en contra de la seguridad regional, y por ello, se iniciaron fuera del país, una serie de investigaciones que culminaron con la declaración de quien dirigió la cartera, en calidad de testigo protegido y que muy pronto será de conocimiento público. 

De allí la negativa del gobierno de impedir a toda costa la intervención militar estadounidense, destinada a bombardear a todo blanco terrorista, pues, el compromiso de Bernardo y sus allegados, en especial de los encargados de las fuerzas de seguridad, al tomar el poder, fue no interferir en sus operaciones ilegales de este grupo, a cambio de financiamiento, protección y en especial apoyo para gobernar. 

Y es que Bernardo, tiene mucho en común con sus homólogos de Venezuela, Brasil, Colombia y México, quienes de la misma forma se opusieron a la ayuda militar, bajo la falsa consigna de la defensa del orden soberano, cuando en realidad esa soberanía la han cedido al cártel, en especial al temido Tren de Aragua, el que en los últimos dos años ha cobrado una gran influencia a nivel nacional, incluso por su íntima relación de varios de sus integrantes con personas muy cercanas al gobierno, así como a varios diputados, alcaldes y jueces. 

Esta situación afecta por completo la seguridad nacional, en especial porque nos coloca en una posición muy vulnerable, y a un año del evento electoral, será materialmente imposible que este gobierno marcado por una clara incapacidad para ejecutar políticas de seguridad regional pueda realizar tan solo un acto de defensa institucional, teniéndonos que conformar con esperar la renovación gubernamental para buscar rescatar la seguridad regional. 

Mientras tanto, le tocará al fiscal general, separarse por completo de esta administración y los secuaces que lo asesoran, para enfocar su actuación ministerial en perfilar, procesar, antejuiciar e incluso extraditar a quienes, desde el campo estatal, utilizaron su cargo y la función gubernamental, para atentar en contra de la seguridad nacional y regional. Recuerde, que el funcionario público está al servicio de la población y no de un puñado de funcionarios que muy pronto saldrán del gobierno y que de mala fe pretenderán inducirlo a error. 

El poder es efímero.