La delgada línea entre la libre emisión del pensamiento y los delitos
Amo Guatemala
Este es un tema complicado, pues activistas, pseudoperiodistas, supuestos defensores de Derechos Humanos y hasta delincuentes se han escudado en la libre emisión del pensamiento para difamar, insultar y amenazar a cualquier persona que no comparta sus puntos de vista; a la vez, políticos corruptos quieren violar este derecho constitucional para que ya no se les critique públicamente.
La mejor forma de explicar el siguiente tema es tomarse la molestia de leer el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para quien no la tenga a la mano, aquí se los dejo:
Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento
Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA de ente gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley.
Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.
El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social.
Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo.
Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida.
Vale la pena mencionar que este artículo es el escudo legal para los medios digitales y prensa escrita en Guatemala, ya que establece que la actividad periodística no puede ser perseguida por la vía penal ordinaria cuando se trata de fiscalización pública, sino que debe seguir procesos específicos bajo una ley de igual jerarquía que la Constitución.
Lo interesante del caso es que las personas antes mencionadas, tanto los que intentan escudarse en este artículo como los políticos corruptos que intentan derogarlo (situación que es imposible), ni siquiera se han tomado la molestia de leerlo.
Lamentablemente, muchos “activistas” se excusan detrás de este artículo para difamar, insultar y amenazar a quienes están en contra de su ideología; casos como Alex en la Lucha, Marco Antonio Villeda Sosa y Yoel Morataya, alias Chimadero de Conejos. Otros más inescrupulosos crean medios de comunicación falsos o agrupaciones falsas en redes sociales para hacer de las suyas, tal cual lo hizo Amilcar de León, de Movimiento Arbenz, que atentó contra la presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Caso Amilcar de León
Amilcar de León no es más ni menos de lo que en activismo se le llama carne de cañón, un peón reemplazable que usan en las primeras líneas de ataque en una megaestructura a favor de grupos oscuros que buscan imponer una ideología progresista.
Yo tuve mi primer encuentro con este personaje en tiempos de la CICIG y la prófuga Thelma Aldana, donde denunciaba en mis columnas las ilegalidades de la CICIG, los delitos de Thelma Aldana, la intervención de USAID y Todd Robinson en asuntos meramente nacionales.
En esa oportunidad, el señor de León formaba parte de un grupo de activistas que estaban a favor de estos oscuros personajes. Dicho señor me insultó, descalificó e incluso me amenazó de muerte (es su modus operandi), porque mis escritos incomodaban a sus amos.
Con esas acciones del actual sindicado pude comprobar que no es más que un lumpen, un cobarde que no da la cara y que, a la hora de afrontar sus delitos, se victimiza. Yo lo denuncié ante el Ministerio Público, pero por obvias razones (Thelma Aldana era fiscal general), mi denuncia fue desestimada por el ente investigador.
Con el pasar del tiempo me di cuenta de que no fui la única persona que este señor amenazaba e instaba a sus seguidores en contra de ella; fuimos varios los que sufrimos intimidación por parte de este achichincle.
Pero, como pasa en la vida, a todo coche le llega su sábado. Amilcar de León se metió con quien no debía, en este caso con la presidente de la CSJ, y en plena Lawfare y sin que sus amos tuvieran cooptado al ente investigador, en esta ocasión le tocó asumir la responsabilidad por sus actos.
Como típico cafre de la izquierda, ahora que le toca pagar por sus actos, el señor de León se trata de victimizar y escudar en el derecho constitucional de la libre emisión del pensamiento, aduciendo persecución política, pero él no es más que un vulgar delincuente.
Mis felicitaciones al juez pesquisidor por mandar a este mentecato donde corresponde, al preventivo de la zona 18. Espero que se cumpla la justicia y que el caso de Amilcar de León quede como precedente.
Si bien el derecho de la libre emisión del pensamiento te permite denunciar públicamente, criticar a funcionarios públicos, constituye delito difamar, amenazar, publicar información sensible e incitar a la violencia; actos terroristas que deben ser castigados con todo el peso de la ley.
El otro extremo
Como todo en la vida, existen 2 extremos. El otro extremo son los políticos corruptos que intentan destruir la libre emisión del pensamiento para que no los critiquen ni se señalen las ilegalidades que cometen. Los mayores exponentes de esto fueron Delia Bac y Estuardo Galdámez, que intentaron hacer una iniciativa de ley que literalmente prohibía que se escribiera en contra de funcionarios públicos; solo a corruptos descarados se les ocurre eso.
Más recientemente, otro diputado intentó hacer lo mismo, el diputado conocido como Poeta del Cielo, Julio César Portillo Paz, del narcopartido CABAL, quien luego de un accidente en plena borrachera ha hecho hasta lo imposible para crear una iniciativa de ley que prohíba criticar a funcionarios públicos. Gracias a Dios y a la presión popular, el diputado no logró continuar con esta desfachatez.
Pero un ejemplo más amplio fue lo que hizo Thelma Aldana, por órdenes de Todd Robinson, de expropiar el edificio de Corporación de Noticias, casa editora de Siglo 21 y Al Día, por órdenes de Todd Robinson, porque dichos medios se convirtieron en una incomodidad para ellos, pues en sus escritos se decía la verdad sobre estos corruptos personajes.
No lograron cerrar los medios y el caso todavía sigue en litigio, donde no se ha celebrado ni la primera audiencia, demostrando un completo abuso de autoridad y una flagrante violación al artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala.
Juzgue usted el actuar de los 2 extremos, donde ambos son un cáncer y destruyen la libre emisión del pensamiento.
Cada humano debe hacerse responsable por sus acciones.
Mientras tanto, mis estimados lectores, les dejo esta frase atribuida a Voltaire: “No estoy de acuerdo con tu pensamiento, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.
La libre emisión del pensamiento debe prevalecer, pero quienes abusen de ella o traten de destruirla deben pagar con todo el peso de la ley. Amilcar de León no es más que un vil delincuente y en prisión es donde debe estar.
#AmoGuatemala abran los ojos, piensen, analicen; esto es la clave de una mejor Guatemala.
