La política en Guatemala: entre el desencanto y la responsabilidad ciudadana
Del Escritorio del General
El multipartidismo y la Ley Electoral y de Partidos Políticos merecen hoy una profunda revisión. Desde el inicio de la nueva etapa democrática en 1986, Guatemala emprendió un proceso que despertó grandes expectativas: consolidar instituciones representativas, fortalecer el Estado de derecho y garantizar que la voluntad popular constituyera la fuente legítima del poder político.
Cuatro décadas después, debemos preguntarnos con serenidad, pero también con firmeza: ¿qué ocurrió con aquella aspiración democrática?
La proliferación de partidos políticos no necesariamente ha significado mayor representación ciudadana. Por el contrario, la fragmentación partidaria, la debilidad institucional, el transfuguismo, las controversias sobre el financiamiento político y la escasa permanencia de organizaciones con identidad ideológica definida han contribuido al desencanto de amplios sectores de la población.
El problema no consiste únicamente en cuántos partidos participan en una elección. El verdadero problema está en la calidad de esas organizaciones, en sus dirigentes, en la transparencia de su financiamiento, en sus mecanismos de selección de candidatos y, fundamentalmente, en su capacidad para presentar auténticos proyectos de nación.
La democracia pierde legitimidad cuando el ciudadano percibe que la política se convierte en un mecanismo para conquistar posiciones dentro del Estado, administrar presupuestos y distribuir privilegios, en lugar de constituirse en un instrumento de servicio público.
Durante décadas hemos observado cómo programas sociales, obras públicas y recursos estatales pueden convertirse en instrumentos de clientelismo cuando se utilizan para generar dependencia política. Una política social responsable debe combatir la pobreza, ampliar oportunidades y permitir que cada familia alcance mayores niveles de autonomía. Nunca debería convertirse en moneda de intercambio electoral.
Igualmente preocupante resulta el deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y la transparencia del sistema. El Tribunal Supremo Electoral, las cortes, la Contraloría General de Cuentas y las demás instituciones vinculadas al control del Estado necesitan independencia, credibilidad y fortaleza. Cuando la ciudadanía deja de confiar en ellas, la democracia entera comienza a debilitarse.
Las controversias surgidas alrededor de los procesos electorales recientes han profundizado esa desconfianza. Independientemente de las posiciones políticas existentes, cualquier cuestionamiento serio debe resolverse mediante pruebas, procedimientos legales transparentes y decisiones institucionales suficientemente fundamentadas. En una democracia madura, ni la acusación sin evidencia ni la descalificación automática pueden sustituir a la ley.
Otro aspecto que merece reflexión es la transformación del patrimonio público durante las últimas décadas. Guatemala ha experimentado privatizaciones, liquidaciones, concesiones, reestructuraciones y desaparición de instituciones estatales que, en diferentes momentos históricos, fueron concebidas como instrumentos para apoyar la producción, las comunicaciones, el crédito, el abastecimiento y el desarrollo nacional.
Es legítimo discutir si determinadas instituciones debían modernizarse, transformarse o incluso desaparecer. Pero cualquier evaluación seria debe preguntarse qué recibió el país a cambio, cuál fue el beneficio colectivo y si las decisiones adoptadas fortalecieron realmente la capacidad productiva nacional.
El Estado tampoco puede sostener indefinidamente su funcionamiento mediante presupuestos crecientes sin exigir resultados igualmente crecientes. Cada quetzal incorporado al presupuesto debe traducirse en carreteras, escuelas, hospitales, seguridad, infraestructura, empleo, productividad y oportunidades.
Cuando el endeudamiento aumenta sin que el ciudadano perciba mejoras equivalentes, la preocupación es legítima. La deuda pública no desaparece con un cambio de gobierno: constituye una obligación que deberán asumir las generaciones presentes y futuras.
Por ello, el debate presupuestario debe superar las disputas partidistas. Guatemala necesita disciplina fiscal, inversión estratégica, transparencia y capacidad efectiva de ejecución. No basta aprobar más recursos; hay que administrarlos correctamente y convertirlos en desarrollo.
También corresponde evaluar críticamente la gestión del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Como cualquier administración democrática, debe ser juzgada por resultados verificables: ejecución presupuestaria, infraestructura, seguridad, salud, educación, generación de empleo, atracción de inversión y fortalecimiento institucional. Las controversias políticas no deberían impedir una evaluación objetiva de sus aciertos, errores y resultados.
Pero sería demasiado sencillo responsabilizar únicamente a un gobierno.
El problema guatemalteco es más profundo.
Durante aproximadamente cuatro décadas hemos construido un sistema político caracterizado por organizaciones partidarias de corta duración, liderazgos personalistas y escasa continuidad programática. Cada cuatro años aparecen nuevos símbolos, nuevos colores y nuevos discursos, mientras los grandes problemas nacionales permanecen prácticamente intactos.
Carreteras deterioradas. Hospitales insuficientes. Educación rezagada. Inseguridad. Desnutrición. Pobreza. Migración. Corrupción. Baja productividad. Débil infraestructura estratégica.
La pregunta fundamental es inevitable: ¿hasta cuándo?
Guatemala se aproxima al proceso electoral de 2027. Será nuevamente una oportunidad para decidir qué tipo de país queremos construir.
Pero esta vez la responsabilidad no corresponde exclusivamente a los políticos.
También corresponde al ciudadano.
El voto no puede decidirse por una bolsa de alimentos, una lámina, una promesa, un video de un minuto en las redes sociales o una campaña construida exclusivamente alrededor de emociones. Elegir autoridades constituye una responsabilidad histórica.
Antes de votar, cada ciudadano debería preguntarse: ¿quién es este candidato?, ¿qué ha hecho?, ¿qué preparación posee?, ¿quién financia su campaña?, ¿qué equipo lo acompaña?, ¿qué propone concretamente?, ¿cómo piensa ejecutar sus propuestas?, ¿cuál es su trayectoria y qué principios han orientado su vida pública?
Las redes sociales han democratizado la comunicación, pero también han reducido muchas discusiones complejas a consignas, imágenes y mensajes instantáneos. Gobernar un país no puede reducirse a una tendencia de TikTok.
Guatemala necesita recuperar el pensamiento crítico.
Necesitamos ciudadanos que lean, investiguen, comparen y cuestionen. Ciudadanos capaces de distinguir entre propaganda y propuesta; entre popularidad y capacidad; entre improvisación y experiencia.
La democracia tampoco puede consistir simplemente en acudir a las urnas cada cuatro años. Exige participación permanente, fiscalización ciudadana, respeto a la ley y responsabilidad colectiva.
El próximo proceso electoral debería convertirse en una oportunidad para romper el círculo de improvisación política.
No necesitamos más promesas imposibles.
Necesitamos proyectos nacionales.
No necesitamos partidos creados únicamente para una elección.
Necesitamos instituciones políticas responsables y permanentes.
No necesitamos caudillos improvisados.
Necesitamos liderazgo, disciplina, visión estratégica, capacidad administrativa, conocimiento del Estado y compromiso con Guatemala.
Y necesitamos, sobre todo, ciudadanos conscientes de que el futuro de sus hijos, nietos y bisnietos también depende de las decisiones que adopten frente a una papeleta electoral.
La reconstrucción política de Guatemala no comenzará únicamente en el Congreso, en el Ejecutivo, en las cortes o en el Tribunal Supremo Electoral.
Comenzará cuando el ciudadano comprenda el verdadero poder de su voto.
En 2027 no deberíamos votar simplemente contra alguien.
Deberíamos votar por una visión de país.
Una Guatemala con instituciones fuertes, seguridad, infraestructura, producción, educación, justicia, oportunidades y dignidad.
Ese debe ser el verdadero desafío de nuestra generación: reconstruir la confianza nacional y transformar la política nuevamente en servicio.
Guatemala merece mucho más que otros cuatro años de confrontación e improvisación.
Merece liderazgo.
Merece visión.
Merece futuro.
Adelante, con espíritu de vencedores.
