La narcopolítica apadrinada por el Coordinador General del Ministerio Público, José Raúl López Lamadrid

Kidon

El Ministerio Público, es el órgano estatal encargado por misión constitucional de investigar los hechos delictivos de acción pública y en especial, los de grave impacto social, donde por supuesto se ubican los de narcotráfico, terrorismo y socialismo radical, por el impacto que producen a la sociedad y a la región.

Es por ello, que durante la administración del presidente Trump, se han trazado diversos lineamientos militares y jurídicos, enfocados en combatir por medio de la fuerza letal o de la utilización de la ley, a todas aquellas estructuras criminales que operan en la región con miras a erradicarlas y de esa cuenta limpiar de una vez por todas el continente de estos rufianes narco-socialistas. 

El en campo militar las acciones han tenido éxito, pues, hemos podido observar a través de los medios de comunicación y las redes sociales, los continuos ataques y bombardeos lanzados desde el aire o el mar por las fuerzas de seguridad estadounidense, en contra de diversos blancos calificados como terroristas, los que por fortuna han logrado destruir por completo las embarcaciones y territorios ocupados, convirtiendo estas zonas, en lugares seguros. 

Sin embargo, en el terreno jurídico las cosas no parecen marchar por buen camino, al menos en Guatemala, pues la narcopolítica continúa permeando diferentes espacios gubernamentales, en especial en el Ministerio Público, mediante la modalidad de reclutar fiscales, auxiliares, o familiares de estos, con el objeto de utilizarlos como moneda de cambio para asignarles un escaño estatal, a cambio de tomar el control de alguna fiscalía determinada. 

Lo preocupante de todo es que a la fecha no existe por parte del Ministerio Público, una investigación enfocada en individualizar y menos en capturar, procesar y en su caso extraditar a los narco-fiscales, es decir a los trabajadores de la fiscalía que incumpliendo su deber investigar, utilizan su posición y la jerarquía de su cargo, para proveer impunidad a los miembros de las estructuras criminales de narcotráfico, mediante la filtración de información confidencial, la obstrucción de las investigaciones o los cierres de procesos graves, obviamente a cambio de un beneficio económico. 

Y es que recientemente se obtuvo información de una fuente que bajo la garantía de confidencialidad, comentó el grave error que se consumó al contratar como Coordinador General, al abogado José Raúl López Lamadrid, referido por la vicepresidente Karin Herrera, olvidando la nueva administración que López Lamadrid, renunció de la fiscalía, aparentemente por motivos personales en el año 2024, renuncia que esconde hasta el día de hoy un sucio secreto y un temor fundado de ser procesado, tras haber quedado expuesto luego de haber sido relacionado en una intercepción telefónica como colaborador de una estructura criminal, vinculada al narcotráfico.

Es que pocos saben que el doctor José Raúl López Lamadrid, ocupó el cargo de agente fiscal en la fiscalía de narcoactividad y que, durante su gestión, utilizó su posición para buscar beneficios procesales a estructuras de narcotráfico, y fue así como mientras la Unidad de Métodos Especiales de Investigación UME, realizaba escuchas telefónicas a los integrantes de una organización de narcoterroristas que opera en el área de San Marcos, que casualmente apareció relacionado el nombre del agente fiscal López Lamadrid, como colaborador directo de dicha estructura.

Al percatarse de ello por razón de su cargo, el fiscal, en busca de liberarse de cualquier responsabilidad, utilizó una serie de artilugios enfocados en obstruir y ocultar a toda costa que dicha interceptación telefónica se hiciera pública, olvidando que la conversación quedó grabada de forma perpetúa no solo en los registros que lleva la UME, sino que seguramente también en la Dirección de Análisis Criminal DAC, pero en especial, dentro del expediente de investigación que él mismo tramitó en la fiscalía de narcoactividad, el cual fácilmente puede ser ubicado, revisado y verificado.

Por lo cual, como abogado sugiero que de manera urgente, para evitar la fuga del coordinar o la utilización de su cargo para ocultar, destruir o inutilizar la grabación, se tomen las medidas que se consideren pertinentes para asegurar la evidencia, incluso asegurar la grabación, para que la misma no sea filtrada de mala fe, por alguna persona interesada en afectar o comprometer la investigación. 

Lo extraño de la situación es, que el órgano encargado del monopolio de la investigación, con el caudal de recursos económicos y de personal asignado para esta función, no haya sido capaz de prever esta situación, debido a la importancia que reviste esta contratación, en especial por ser un cargo de grado de confianza y genera una gran responsabilidad para el ejercicio de la función constitucional de investigar los hechos delictivos en especial los relacionados con la narcopolítica. 

Por ello, no es una casualidad la reciente visita al país de una delegación encabezada por la Subsecretaria adjunta para Centroamérica Ana Quintana-Lovett, quien ratificó la decisión de combatir y desmantelar a estas estructuras criminales de narcotráfico que operan incluso desde el propio seno de la institución encargada de investigar los hechos delitos y que obviamente, afectan a la seguridad regional, pero en especial al proceso electoral, por la inclusión en la política de individuos relacionados con el narcotráfico. 

Para finalizar, se hace necesario que los hechos denunciados en esta publicación y que de igual forma en cumplimiento de ley, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, sean investigados con especial urgencia, atención y objetividad, por el grado de impacto que ocasionará incluso a nivel internacional, el conocer y verificar que un alto cargo dentro de esa institución está relacionado directamente con estructuras del crimen organizado que trafican drogas. 

“Cero tolerancia a la narcopolítica”