La soberanía radica en el pueblo, no en el cártel

Kidon

La negativa de Arévalo, para permitir que los Estados Unidos de América apoye al gobierno de Guatemala, con la creación de un centro de operaciones militares, destinado a aniquilar los cárteles del narcotráfico asentados en el país, bajo la interpretación errónea de que atenta en contra de la soberanía nacional o que corresponde al Congreso de la República su autorización, raya en lo absurdo e ilegal. 

El izquierdista Bernardo Arévalo, olvida que el ejercicio del poder soberano implica, la obligación de defender al territorio nacional ante cualquier amenaza terrorista y por ello el legislador constitucional al plasmar el artículo 183 literal “o”, le asignó la facultad de dirigir la política exterior, así como de celebrar y ratificar los tratados y convenios internacionales, en especial los relacionados con temas de seguridad regional, para el mantenimiento de la paz y el orden público. 

No es un secreto que, a estas alturas del partido, la capacidad de las fuerzas de seguridad nacional, fueron rebasadas por demás por el crimen organizado, y es que solo basta observar por ejemplo como las estructuras transnacionales tomaron el control de las fronteras del país con total impunidad, o como esos mismos grupos, robaron cientos de armas de bases militares sin consecuencia alguna, y que decir de la sorprendente fuga de peligrosos pandilleros, calificados como terroristas, de una cárcel de máxima seguridad. 

Súmele, los continuos embarques de droga procedentes de Guatemala, que han sido incautados en otros continentes, los continuos cargamentos de armas enviados al país, las miles de hectáreas sembradas con coca y mariguana, los narco laboratorios que operan en diversas regiones del territorio, y toda la maquinaria destinada al transporte de estos productos, nos hace pensar que, en efecto, necesitamos la ayuda internacional.

La urgencia de la ayuda radica en que, al día de hoy, la única respuesta del gobierno ante la crisis de seguridad por la que atraviesa el país ha sido la implementación de un sinnúmero de estados de prevención, los cuales a la fecha no han sido capaces de lograr tan siquiera, la detención de los responsables de los recientes ataques terroristas, menos la de algún pandillero fugado, como tampoco de los que robaron equipo militar, y que decir de los que trasiegan drogas por el territorio nacional. 

Por ello, causa suspicacia que Bernardo y el ministro de la defensa, sean tan categóricos al afirmar  que no permitirán que soldados extranjeros realicen operaciones aéreas, marítimas o terrestres de seguimiento, búsqueda, incautación, captura, ejecución y destrucción de individuos o centros de producción y comercialización de droga, cuando la misión principal de un gobierno y en especial del jefe de seguridad nacional, es precisamente la de combatir, atacar y aniquilar por medio de la fuerza pública, toda actividad delictiva que constituya un peligro social.  

A menos que, esa negativa provenga de algún temor fundado, derivado de una serie de investigaciones que existen en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, relacionadas con financiamiento electoral ilícito, proveniente de diversos aportes económicos realizados a Bernardo y Semilla, por parte de varias organizaciones criminales que operan en el país, en especial por Los Huistas, las cuales originaron la designación de sus testaferros, en diferentes puestos claves dentro de la nueva administración gubernamental, especialmente en ministerios, embajadas, alcaldías, diputaciones y aparatos de seguridad estatal como la PNC y la SAAS entre otros. 

Hoy, esos delegados criminales instaurados en las propias entrañas del gobierno son los encargados de aconsejar, asesorar y dirigir las acciones de seguridad nacional, así como de filtrar a las estructuras criminales la información sensible de los operativos militares, para que estas se puedan anticipar y de esa cuenta marcar las rutas, trazas y puntos por donde la mercancía deberá transitar.

Por ello, Bernardo a sabiendas del grado de responsabilidad que pesa en su contra, rápidamente salió en busca de refugio y quien mejor que la castrista de México y el marxista de Colombia, para conspirar en contra de nuestro socio principal y aliado internacional, y de esa cuenta crear una falsa narrativa de defensa soberana y con ello impedir las operaciones de seguridad regional.

Mientras tanto Bernardo deberá analizar, hasta donde le permitirán llegar, en especial por la implementación de las nuevas doctrinas de seguridad regional. No vaya a ser que su negativa genere un estallido internacional, que culmine vistiéndolo de Nike. 

Por su parte, el gobierno del norte ya festejó la llegada de las tropas y del equipo militar al país y seguramente muy pronto se empezarán a transmitir los videos y fotografías de los ataques y bombardeos realizados en contra de posiciones terroristas ubicadas dentro del territorio nacional su plataforma continental y el mar territorial, lo cual nos dará una tranquilidad social. 

Para finalizar, tocará al Ministerio Público, en ejercicio de la persecución penal, realizar una investigación con relación al flagrante incumplimiento del mandato constitucional por parte del Bernardo y sus ministros, no solo por la negativa de recibir la cooperación militar destinada a fomentar la seguridad regional, sino que además por su irresponsabilidad en ejercer la defensa del orden público.

¿Será que el fiscal general lo hará?