LO QUE EL IUSI REVELA
Zoon Politikón
El problema no es la tasa. Es la pregunta que nadie quiere responder.
La Iniciativa 6709 avanza y retrocede en el Congreso con la energía errática de las reformas que tienen más cálculo político que convicción doctrinal. El dictamen favorable emitido en marzo en la Comisión de Previsión y Seguridad Social la impulsó; la exigencia del presidente del Legislativo de una mayoría calificada de 107 votos la frenó. El debate público, entre tanto, se instaló en si la tasa máxima debe bajar del nueve al tres por millar, si los mayores de sesenta años merecen exoneración o si quienes aún pagan un crédito hipotecario deberían quedar temporalmente eximidos. Son preguntas legítimas. Pero ninguna toca la pregunta de fondo, que es distinta y más incómoda: ¿qué garantiza el Estado sobre la propiedad que grava?
El artículo 39 de la Constitución reconoce la propiedad privada como derecho inherente a la persona. Lo que el debate actual obliga a preguntar es si ese reconocimiento puede convivir indefinidamente con la obligación de tributar sobre el bien para que el Estado no lo ejecute. La distinción no es semántica. Un derecho que requiere pago anual para mantenerse activo se parece menos a un derecho que a una licencia. Las licencias las otorga el poder. Los derechos, en teoría, existen antes que él. Cuando el IUSI se diseñó como fuente permanente de financiamiento municipal, esa tensión quedó sin resolver. Veintiséis años después, la Iniciativa 6709 la puso de nuevo sobre la mesa, aunque sin la voluntad política de nombrarla.
El proceso parlamentario de 2026 reveló una asimetría que merece atención. Según la interpretación respaldada por resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad, modificar el IUSI requeriría mayoría calificada porque afecta fondos privativos municipales. Si esa lectura es correcta, el sistema permite imponer una carga patrimonial con mayoría ordinaria, pero exige mayoría reforzada para reducirla cuando esa carga recae sobre ingresos que las municipalidades ya consideran propios. La arquitectura no es neutral. Revela cómo las instituciones consolidan rentas y dificultan su propio ajuste. Las controversias acumuladas sobre avalúos municipales —sus criterios, notificaciones y recursos disponibles— confirman que el problema no está solo en la magnitud del cobro sino en cómo se administra.
Los números que rodean este debate son conocidos. Ojo con mi Pisto reporta que el IUSI generó aproximadamente Q1,876 millones para las comunas en 2025. La Hora estimó que solo las municipalidades del departamento de Guatemala perderían más de Q1,000 millones anuales si la iniciativa avanza en su forma actual. El alcalde de Mixco cifró el impacto en su municipio en Q160 millones anuales. Estas cifras explican la resistencia de los alcaldes con más precisión que cualquier argumento de gobernabilidad: no defienden un principio de descentralización, defienden una fuente de ingreso que no requiere demostrar eficiencia para justificarse. La recaudación llega por ley, no por rendimiento.
Ahí está el nudo del problema. El financiamiento municipal guatemalteco descansa sobre una lógica que desincentiva la mejora de servicios: si la recaudación del impuesto no depende de la calidad de lo que el municipio entrega, el municipio no tiene razón fiscal para mejorar. Un vecino que paga IUSI y recibe calles sin mantenimiento, alumbrado irregular y recolección de basura incompleta no tiene mecanismo directo para traducir esa inconformidad en consecuencia para el presupuesto municipal. El vínculo entre lo que se cobra y lo que se presta fue roto desde el diseño. Eso no es una anomalía del sistema; es su lógica central.
El avance legislativo de la Iniciativa 6709 tampoco nace de una convicción sobre derechos de propiedad. Nace del calendario. Los comicios de 2027 están lo suficientemente cerca para que una reducción de impuestos a propietarios —concentrada principalmente en el departamento de Guatemala, donde se origina la mayoría de la recaudación— sea un activo electoral visible con costo diferido. Los votantes perciben el alivio inmediatamente; el efecto sobre los servicios municipales tarda meses en hacerse sentir, si acaso se atribuye causalmente. El ciudadano que entiende ese mecanismo tiene, entonces, una sola palanca disponible: exigir que la reforma sea estructural y no decorativa. Que si se reduce la carga, se explique con qué se sustituye y quién responde si la sustitución falla.
El desenlace es incierto. Depende de si la Corte de Constitucionalidad se pronuncia sobre la mayoría requerida antes de que el Congreso fuerce una votación, de si los alcaldes logran articular una propuesta alternativa de financiamiento o simplemente bloquean, y de si el Ejecutivo decide tener posición propia o ceder el terreno al ruido legislativo. El escenario más probable es el de la postergación: el debate se prolonga hasta convertirse en promesa de campaña sin resolución legislativa real. El riesgo mayor es una aprobación apresurada sin mecanismo de compensación, que transfiera el problema desde el recibo del propietario hacia el servicio que recibe el vecino. La salida que ningún actor ha propuesto formalmente es la única que resolvería el problema de fondo: reformar el modelo de financiamiento municipal para que los servicios se cobren a costo real y el impuesto patrimonial deje de ser la base sobre la que descansa la autonomía local.
Guatemala lleva veintiséis años con este impuesto y sin esa conversación. La Iniciativa 6709 es la primera oportunidad en mucho tiempo de tenerla en serio. Hasta ahora, el Congreso la ha usado para otra cosa. Si el ciudadano no exige que esa conversación ocurra, la reforma que resulte será lo que casi siempre resulta cuando el cálculo electoral sustituye al análisis: un ajuste de tasa que deja el modelo intacto y transfiere el costo a la siguiente administración.
El IUSI no es solo un impuesto. Es el espejo en el que Guatemala puede ver cómo financia lo público y a quién le cobra ese costo. Lo que ve ahí incomoda. Pero no condena. El diseño puede cambiar si el ciudadano exige que el debate deje de ser una subasta electoral y vuelva a ser una discusión sobre propiedad, servicios y poder.
