USAC: la omisión que erosiona la legitimidad electoral
Caduceo
En los procesos electorales, tanto en el ámbito nacional como institucional, hay decisiones que generan crisis y otras que, por omisión, las profundizan. En la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el actual proceso de elección a rector en 2026 enfrenta un problema que trasciende lo procedimental: la falta de sanción —es decir, de validación formal— de los cuerpos electorales ya electos por parte del Consejo Superior Universitario (CSU).
A primera vista, podría parecer un asunto técnico o administrativo. Sin embargo, en realidad se trata de un punto crítico que incide directamente en la legitimidad, legalidad y viabilidad política de todo el proceso electoral.
El modelo de elección de autoridades en la USAC descansa en la participación de cuerpos electorales integrados por representantes de distintos sectores: estudiantes, docentes y colegios profesionales. Este diseño busca garantizar equilibrio y representatividad. Pero para que funcione adecuadamente, cada uno de estos cuerpos debe ser no solo electo, sino también reconocido formalmente por la autoridad correspondiente. Esa validación no es un trámite menor; es el acto que otorga certeza jurídica y política a su participación.
La ausencia de sanción por parte del CSU introduce una zona de incertidumbre que afecta la base misma del proceso. Si los cuerpos electorales no han sido formalmente reconocidos, surge una pregunta inevitable: ¿con qué legitimidad y bajo qué certeza participan en la elección?
Este vacío tiene múltiples implicaciones.
En primer lugar, debilita la seguridad jurídica del proceso. Cualquier decisión tomada por un cuerpo electoral cuya validez es cuestionable queda expuesta a impugnaciones. Esto no solo retrasa el desarrollo del proceso, sino que alimenta la judicialización, trasladando nuevamente el conflicto a instancias externas a la universidad.
En segundo lugar, genera un problema de legitimidad política. En contextos ya marcados por desconfianza, como el que vive la USAC desde 2022, la falta de validación formal refuerza la percepción de arbitrariedad. No se trata únicamente de cumplir con las normas, sino de que estas sean percibidas como claras, consistentes y aplicadas de manera equitativa.
En tercer lugar, altera las condiciones de competencia electoral. Cuando no existe certeza sobre la composición del cuerpo electoral, tampoco la hay sobre las reglas del juego. Esto abre espacio a disputas estratégicas, donde los actores no solo compiten por votos, sino también por definir quién tiene derecho a votar.
Este escenario no es aislado. Se inscribe en un patrón más amplio de funcionamiento institucional en Guatemala, donde la ambigüedad normativa y la discrecionalidad en la aplicación de reglas han sido factores recurrentes de conflicto político. En este sentido, la situación de la USAC no solo refleja un problema interno, sino una manifestación de dinámicas más amplias del sistema político.
La omisión del CSU, en este contexto, no es neutral. No sancionar implica, de facto, permitir que el proceso avance en condiciones de indefinición. Y esa indefinición no es inocua: favorece la conflictividad, debilita la confianza y abre la puerta a cuestionamientos posteriores sobre la validez de los resultados.
Más aún, esta situación compromete uno de los principios fundamentales de la vida universitaria: la autonomía. Cuando los procesos internos carecen de claridad y legitimidad, se incrementa la probabilidad de intervención externa, ya sea a través de tribunales o de otros actores políticos. La autonomía, entonces, se debilita no solo por presión externa, sino por fragilidad interna.
Pero además, este momento exige una reflexión directa sobre la responsabilidad de quienes hoy ejercen la conducción política de la universidad. No basta con administrar el proceso electoral; existe la obligación institucional y ética de garantizar que este se desarrolle conforme al debido proceso y en estricto cumplimiento de la normativa universitaria.
La conducción política de la Universidad de San Carlos de Guatemala —y en particular el Consejo Superior Universitario— tiene la obligación de asegurar que la integración y validación de los cuerpos electorales se realice de manera oportuna, transparente y conforme a derecho. La omisión en este punto no puede justificarse como neutralidad; por el contrario, constituye una forma de decisión que impacta directamente en la legitimidad del proceso.
Exigir el cumplimiento de las leyes universitarias no es una postura política parcializada, sino una condición mínima para preservar la institucionalidad. El respeto al debido proceso no es opcional ni negociable: es la base sobre la cual se construye cualquier ejercicio legítimo de autoridad.
En un proceso electoral, la legitimidad no se define únicamente en el resultado final, sino en la integridad de cada una de sus etapas. La integración, validación y reconocimiento de los cuerpos electorales es una de las más determinantes. Ignorar o postergar este paso equivale a construir el proceso sobre una base inestable.
La Universidad de San Carlos de Guatemala se encuentra nuevamente en un momento decisivo. No solo está en juego la elección de una autoridad, sino la credibilidad de sus propios mecanismos institucionales. La falta de sanción de los cuerpos electorales no es un detalle técnico: es un síntoma de una crisis más profunda en la gobernanza universitaria.
Si este vacío no se corrige, el resultado será previsible: un proceso electoral cuestionado desde su origen, vulnerable a impugnaciones y con una legitimidad disputada desde el primer día.
Porque en política —y más aún en procesos electorales— lo que no se valida a tiempo, se cuestiona después.
Y en la USAC, esa lección ya debería estar aprendida.
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