Urge renovar la franja de Supervisión Educativa

Reflexiones

La supervisión educativa ocupa una privilegiada posición estratégica entre los niveles de decisión y ejecución del sistema educativo nacional, de ahí deviene su importancia en la implementación de las políticas educativas, en garantizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los procesos de planificación, organización, dirección y control de los centros educativos de su jurisdicción.

La supervisión educativa tiene 25 años de experimentar una procelosa crisis administrativa originada por el retiro voluntario ofrecido en el gobierno neoliberal de Alvaro Arzú Irigoyen y del abandono al que fue sometida por los subsecuentes gobiernos. De los 369 supervisores educativos presupuestados en el año 1996 quedaron en activo 160 luego del retiro voluntario otorgado por Arzú Irigoyen. El Ministerio de Educación al ver frustrados sus planes de que no se acogieron al retiro todos los supervisores educativos, para llenar ese vacío, crearon la figura de Coordinador Técnico Administrativo, así también, los Capacitadores Técnico-pedagógicos y un grupo numeroso de profesores de escuela fueron reubicados en funciones de supervisión educativa.

En el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera se creó la figura de Orientadores Profesionales para ejercer funciones de facilitadores en el Programa de Desarrollo Profesional Magisterial, luego del fracaso de este programa los facilitadores fueron reubicados en la franja de supervisión educativa. En el gobierno de Oscar Berger Perdomo se creo la figura de Facilitador del Cambio para realizar funciones paralelas a la de supervisión educativa.

En el gobierno de Alvaro Colom Caballeros el grupo de Capacitadores Técnico Pedagógicos firmaron a través de su sindicato (SINAPREGUA) un pacto colectivo por medio del cual se les asignó funciones de supervisores educativos. En el gobierno de Otto Pérez Molina se creó el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo quien realiza funciones paralelas a la Supervisión Educativa. Luego llegaron los gobiernos de Sammy Morales Cabrera y Alejandro Giammattei sin que ninguno de ellos demostrara voluntad política para resolver el problema de la supervisión educativa.

En los últimos 15 años, de los 160 supervisores educativos activos se han retirado por jubilación, enfermedad o fallecimiento 80, esto demuestra la extinción natural progresiva de los mismos. Actualmente la mayoría de sus miembros rebasa los 70 años de edad y se encuentran padeciendo de enfermedades asociadas a la vejez y al estrés provocado por las actividades propias de sus atribuciones. Es importante reconocer que cada supervisor atiende aproximadamente un promedio de 50 centros educativos, equivalente a 500 maestros, 10,000 estudiantes y una complejidad de problemas pedagógicos, administrativos y de derechos humanos.

La supervisión educativa es la institución del ministerio de educación que garantiza los procesos de calidad educativa en el subsistema escolarizado del país. Su política institucional la describe como el ente capaz de crear las condiciones de mejoramiento sostenido de la gestión escolar, contribuyendo al desarrollo humano, en el marco de una comunidad educativa democrática, participativa en la que prevalece el respeto al diálogo y consenso de ideas apoyándose en el control, la evaluación, la mediación, el asesoramiento y el monitoreo.

Por lo anteriormente expuesto es urgente que el actual gobierno tome en serio la problemática que se presenta en el sistema educativo nacional, que priorice y evalúe a la franja de supervisión educativa, actor sustantivo en la consecución de la calidad educativa. Para ello se recomienda con conocimiento de causa lo siguiente:

1) Destituir a los pocos funcionarios de la supervisión educativa que fueron contratados en 1992 y a los Capacitadores Técnico-Pedagógicos que vienen de 1994.

2)  Realizar un proceso de convocatoria, selección y contratación de supervisores educativos que cumplan con el perfil requerido para este siglo, en un número de 750 plazas para cubrir todos los niveles educativos a nivel nacional.

3) Suprimir las figuras que realizan funciones de supervisión educativa (CTA, SINAE, Monitores y a los docentes retornarlos a sus escuelas).

4) Darle oportunidad de participar en el proceso de selección, a los funcionarios que pertenecen a los grupos de CTA, CTP, SINAE, monitores y docentes de escuela reubicados en funciones de supervisión educativa, siempre que cumplan con el perfil académico requerido en el Decreto Número 1485 y los requisitos exigidos para el efecto por el Ministerio de Educación (evaluaciones psicométricas <liderazgo, personalidad, conocimiento>, edad, etc.).

5) Nombrar las 750 plazas bajo la figura reconocida en la legislación educativa vigente: Supervisión Educativa, amparada en la Ley de Educación Nacional, Ley de Catalogación y Dignificación del Magisterio Nacional y Reglamento de Supervisión Educativa.

6) Para financiar este proceso se cuenta con los presupuestos de la Supervisión Educativa, CTP, CTA, SINAE, monitores, más la ampliación presupuestaria.

Ofrecer apoyo consistente en útiles de oficina, reubicar más docentes de escuelas con funciones de supervisión educativa, ofrecer personal de apoyo salido de las mismas escuelas, cambiarles el equipo de oficina es hacer más de lo mismo y seguir obteniendo los mismos resultados. Recuerde señora ministra, a grandes problemas, grandes soluciones. Solo se necesita voluntad política.

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